Ministro ignoró criterio legal y firmó acuerdo de consulta sin sustento normativo en el caso Palo Viejo

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió el Acuerdo Ministerial 145-2026, que establece las bases para realizar una consulta posterior al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal en relación con el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo, pese a que su propia Asesoría Jurídica había advertido que no existe sustento legal para ese tipo de procedimiento por vía administrativa.

Es noticia. La decisión, firmada por el ministro Víctor Hugo Ventura, abrió un proceso de consulta con carácter correctivo, es decir, posterior a la autorización y operación del proyecto, en un contexto en el que el marco legal vigente no contempla ese mecanismo como facultad directa del Ministerio.

• El expediente administrativo completo muestra que, antes de la firma del acuerdo, la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM emitió un análisis en el que reconoce que la consulta a pueblos indígenas es una obligación del Estado, derivada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad.
• Sin embargo, el mismo dictamen introduce una limitación clave: la consulta debe realizarse de forma previa a la autorización de proyectos susceptibles de afectar a comunidades indígenas.
• Más aún, el criterio jurídico es explícito al advertir que la legislación guatemalteca no regula la realización de consultas posteriores por decisión administrativa.

Qué destacar. En sus conclusiones, la asesoría señala que “no se observa que exista apoyo normativo para la sustentación de un proceso de consulta posterior, en ausencia de fundamento legal que habilite tales actuaciones por parte de la autoridad administrativa”.

• El análisis también establece que, en los antecedentes revisados, este tipo de consultas únicamente han sido posibles como medidas de reparación ordenadas por órganos jurisdiccionales, y no como iniciativa unilateral del Ejecutivo.
• Pese a ello, el Ministerio avanzó con la elaboración del acuerdo y, finalmente, lo emitió el 7 de abril de 2026.
• En su contenido, el Acuerdo 145-2026 dispone la realización de la consulta, y que además crea un esquema completo para su ejecución: define su finalidad reparadora, establece procedimientos, otorga carácter vinculante a los acuerdos que se alcancen y designa al propio MEM como autoridad responsable del proceso.

Sí, pero. El acuerdo incluso reconoce que la consulta no se realizó en su momento, al indicar que “no habiéndose realizado la consulta previa (…) resulta necesario disponer las pautas generales para la realización de la consulta a posteriori”.

• Sobre esa base, construye una justificación apoyada en derechos constitucionales y en el criterio de la Corte de Constitucionalidad de que la falta de consulta constituye una violación continuada.
• No obstante, esa interpretación difiere de la posición técnica de la propia asesoría del Ministerio, que previamente había advertido la inexistencia de una norma que habilitara al MEM para desarrollar este tipo de procesos por sí mismo.
• El expediente también evidencia que la decisión no se gestó exclusivamente dentro del Ministerio. El proceso fue activado a partir de una solicitud trasladada por la Secretaría Privada de la Presidencia en febrero de 2025, en cumplimiento de compromisos asumidos un año antes entre el Ejecutivo y autoridades indígenas del pueblo ixil en una agenda de gobernabilidad territorial.

En conclusión. En ese contexto, el caso expone una tensión directa entre el criterio jurídico interno y la decisión política adoptada.

• Mientras la asesoría legal delimitó que la consulta posterior carece de regulación y solo podría desarrollarse en el ámbito judicial, el Ministerio optó por avanzar mediante un acuerdo administrativo que, en la práctica, suple ese vacío normativo.
• Así, el Acuerdo 145-2026 evidencia la implementación de una consulta fuera del esquema tradicional de legalidad, que exige que sea previa, y también la decisión del titular del MEM de proceder pese a un dictamen jurídico que no avalaba la viabilidad legal del mecanismo adoptado.