EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Acuerdo Ministerial 145-2026 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que ordena la realización de una consulta indígena vinculante a posteriori sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo, continúa generando fuertes cuestionamientos en el sector privado.
Qué destacar. Para representantes de la industria eléctrica, las explicaciones brindadas por el ministro Víctor Hugo Ventura no solo resultan insuficientes, sino también vagas, contradictorias y, en algunos casos, confusas.
- Así lo expone Víctor Asturias, director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), quien asegura que, tras un análisis técnico y legal, las conclusiones del sector apuntan a una preocupante falta de claridad en los alcances reales de la medida.
- “Las declaraciones del ministro son un poco confusas. Aunque insiste en que este acuerdo es independiente del Convenio 169 de la OIT, decirlo no lo convierte en separado”, señala.
- El acuerdo, publicado el 27 de abril de 2026, busca, según el MEM, restituir derechos del pueblo Maya Ixil mediante la aplicación de una consulta que debió haber sido previa, pero que ahora se plantea de forma posterior, más de 14 años después de que el proyecto iniciara operaciones.
Sí, pero. Este enfoque ha sido uno de los principales puntos de crítica, pues el Convenio 169 solo establece claramente el principio de consulta previa, libre e informada.
- Durante una citación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, el ministro Ventura defendió la medida al argumentar que se trata de un caso excepcional de “justicia restitutiva” que no sentaría precedentes.
- Sin embargo, esta afirmación no ha logrado disipar las preocupaciones del sector privado. Para Asturias, existe una evidente contradicción entre lo que se dice y lo que podría ocurrir en la práctica.
- “El problema es que, al no existir reglas claras, distintos actores pueden aprovechar esa ambigüedad para impulsar intereses particulares”, advierte.
Punto de fricción. A su juicio, el país continúa operando en una “zona gris” debido a la falta de reglamentación del Convenio 169, lo que abre espacios a interpretaciones discrecionales y aumenta la incertidumbre jurídica.
- En este contexto, el CIE insiste en que la solución de fondo no pasa por acuerdos ministeriales aislados, sino por una reglamentación integral del Convenio 169 que incluya la participación de todas las partes involucradas.
- “Si realmente se quiere resolver el problema, lo correcto sería abrir la discusión públicamente, generar el reglamento y aplicar consultas de forma previa, no ex post”, enfatiza Asturias.
- “Creemos que no se está dimensionando el alcance de esta decisión. Es un error tratar de atender un problema estructural con medidas parciales”, explica el director del CIE.
En el radar. Otro de los aspectos que genera inquietud es la aparente mezcla de responsabilidades planteada por el ministro.
- Durante sus intervenciones, Ventura indicó que, en caso de que se determine la necesidad de resarcimiento, este podría ser asumido en parte por el Estado y en parte por las empresas, dependiendo del ámbito, pero esta distinción no ha sido claramente delimitada.
- “Se da a entender que la empresa no tendría que preocuparse porque el gobierno asumiría ciertos costos, pero al final todos somos el gobierno. Eso significa que cualquier resarcimiento se financiaría con recursos públicos, es decir, con los impuestos de los ciudadanos”, cuestiona Asturias.
- Además, desde el ámbito legal, se considera que el acuerdo podría exceder las facultades del ministro al intentar resolver, mediante un instrumento administrativo, temas que requerirían un abordaje de mayor jerarquía normativa.
En conclusión. En conjunto, el sector privado advierte que este tipo de medidas podrían abrir una “caja de Pandora”.
- Existe temor de que otras comunidades exijan consultas a posteriori en proyectos ya operativos, lo que podría desencadenar una ola de conflictos y afectar seriamente la certeza jurídica en el país.
- Por ahora, el sector empresarial, en coordinación con el CACIF, evalúa los pasos a seguir. No se descartan acciones legales, aunque aún se mantiene la expectativa de que el Ejecutivo reconsidere y eventualmente derogue el acuerdo.
- Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el debate sobre el equilibrio entre derechos colectivos y seguridad jurídica continúa abierto.
El Acuerdo Ministerial 145-2026 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que ordena la realización de una consulta indígena vinculante a posteriori sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo, continúa generando fuertes cuestionamientos en el sector privado.
Qué destacar. Para representantes de la industria eléctrica, las explicaciones brindadas por el ministro Víctor Hugo Ventura no solo resultan insuficientes, sino también vagas, contradictorias y, en algunos casos, confusas.
- Así lo expone Víctor Asturias, director ejecutivo del Consejo de la Industria Eléctrica (CIE), quien asegura que, tras un análisis técnico y legal, las conclusiones del sector apuntan a una preocupante falta de claridad en los alcances reales de la medida.
- “Las declaraciones del ministro son un poco confusas. Aunque insiste en que este acuerdo es independiente del Convenio 169 de la OIT, decirlo no lo convierte en separado”, señala.
- El acuerdo, publicado el 27 de abril de 2026, busca, según el MEM, restituir derechos del pueblo Maya Ixil mediante la aplicación de una consulta que debió haber sido previa, pero que ahora se plantea de forma posterior, más de 14 años después de que el proyecto iniciara operaciones.
Sí, pero. Este enfoque ha sido uno de los principales puntos de crítica, pues el Convenio 169 solo establece claramente el principio de consulta previa, libre e informada.
- Durante una citación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, el ministro Ventura defendió la medida al argumentar que se trata de un caso excepcional de “justicia restitutiva” que no sentaría precedentes.
- Sin embargo, esta afirmación no ha logrado disipar las preocupaciones del sector privado. Para Asturias, existe una evidente contradicción entre lo que se dice y lo que podría ocurrir en la práctica.
- “El problema es que, al no existir reglas claras, distintos actores pueden aprovechar esa ambigüedad para impulsar intereses particulares”, advierte.
Punto de fricción. A su juicio, el país continúa operando en una “zona gris” debido a la falta de reglamentación del Convenio 169, lo que abre espacios a interpretaciones discrecionales y aumenta la incertidumbre jurídica.
- En este contexto, el CIE insiste en que la solución de fondo no pasa por acuerdos ministeriales aislados, sino por una reglamentación integral del Convenio 169 que incluya la participación de todas las partes involucradas.
- “Si realmente se quiere resolver el problema, lo correcto sería abrir la discusión públicamente, generar el reglamento y aplicar consultas de forma previa, no ex post”, enfatiza Asturias.
- “Creemos que no se está dimensionando el alcance de esta decisión. Es un error tratar de atender un problema estructural con medidas parciales”, explica el director del CIE.
En el radar. Otro de los aspectos que genera inquietud es la aparente mezcla de responsabilidades planteada por el ministro.
- Durante sus intervenciones, Ventura indicó que, en caso de que se determine la necesidad de resarcimiento, este podría ser asumido en parte por el Estado y en parte por las empresas, dependiendo del ámbito, pero esta distinción no ha sido claramente delimitada.
- “Se da a entender que la empresa no tendría que preocuparse porque el gobierno asumiría ciertos costos, pero al final todos somos el gobierno. Eso significa que cualquier resarcimiento se financiaría con recursos públicos, es decir, con los impuestos de los ciudadanos”, cuestiona Asturias.
- Además, desde el ámbito legal, se considera que el acuerdo podría exceder las facultades del ministro al intentar resolver, mediante un instrumento administrativo, temas que requerirían un abordaje de mayor jerarquía normativa.
En conclusión. En conjunto, el sector privado advierte que este tipo de medidas podrían abrir una “caja de Pandora”.
- Existe temor de que otras comunidades exijan consultas a posteriori en proyectos ya operativos, lo que podría desencadenar una ola de conflictos y afectar seriamente la certeza jurídica en el país.
- Por ahora, el sector empresarial, en coordinación con el CACIF, evalúa los pasos a seguir. No se descartan acciones legales, aunque aún se mantiene la expectativa de que el Ejecutivo reconsidere y eventualmente derogue el acuerdo.
- Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el debate sobre el equilibrio entre derechos colectivos y seguridad jurídica continúa abierto.
