MIDES, ayuda social y la vieja tentación electoral

La ayuda social puede aliviar las necesidades de miles de familias. Sin embargo, también puede convertirse en una herramienta para clientelismo. En el año preelectoral, Abelardo Pinto, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), enfrenta señalamientos por el uso político de los programas sociales. A pesar de la promesa del Gobierno de Bernardo Arévalo de despolitizar el apoyo. 

• Más allá de las acusaciones contra Pinto, se pone a prueba la capacidad de la administración para demostrar que los programas responden a criterios técnicos y no a cálculos electorales. 

Por qué importa. La forma de coordinar los programas sociales es importante. Permite saber si la ayuda llega a las familias que más la necesitan. También muestra si existen controles para impedir que los recursos públicos sirvan a intereses políticos.  

• Diputados de oposición cuestionan las giras y actividades públicas del ministro. Sostienen que estas acciones pueden impulsar su imagen y la de Raíces antes de las elecciones generales de 2027.  
• Sindicalistas también señalaron que supuestos grupos cercanos a las autoridades del Mides participaron en actividades para sumar afiliados al partido. Estas acusaciones requieren verificación. 
• La participación de diputados oficialistas en entregas de alimentos abre otra pregunta sobre la separación entre las funciones de los funcionarios, la actividad partidaria y el manejo de fondos públicos. 

Punto de fricción. Durante su participación en el Congreso, para defender el presupuesto 2027, Pinto rechazó que el ministerio utilice los programas con fines políticos o electorales.  Defendió el Registro Social de Hogares (RSH) como una herramienta técnica para identificar a las familias en pobreza y pobreza extrema.   

• Los congresistas cuestionaron la distribución de las ayudas sociales y el avance del gasto del Mides. La UNE, preguntó si la participación de legisladores oficialistas en las entregas podía tener fines electorales. El ministro Abelardo Pinto negó esa intención. 
• El ministro justificó su agenda de visitas a los municipios como parte de la coordinación con las autoridades locales. También sostuvo que la ejecución de los programas sociales requiere articulación política. 
• La discusión sobre el registro de hogares alerta los controles del Mides para verificar que los beneficiarios cumplan los requisitos. Además, plantea dudas sobre cómo evitar que la entrega responda a intereses políticos. 

Hemeroteca.  El país arrastra señalamientos por el uso político de la asistencia desde administraciones anteriores. Eso muestra que cambiar de partido en el poder no garantiza, por sí solo, una gestión transparente de los recursos destinados a las familias vulnerables. 

• Durante el gobierno de la UNE, Cohesión Social —dirigido por Sandra Torres— recibió críticas por el manejo discrecional de los listados de beneficiarios. La publicación de esos registros llegó a la Corte de Constitucionalidad (CC). 
• Las críticas alcanzaron a las gestiones del Partido Patriota, FCN-Nación y Vamos. La repetición de estas acusaciones evidencia la necesidad de controles. 
• Las familias que reciben ayuda no deberían sentirse comprometidas con los funcionarios que la entregan. Los programas sociales deben responder a las necesidades de la población, no a intereses políticos ni compromisos partidarios 

Sí, pero. También existen muchas dudas sobre la capacidad del Mides para ejecutar los recursos. Pinto solicitó alrededor de GTQ 5500M para 2027, mientras se cuestiona el avance de la inversión física. Aunque ambos rubros tienen funciones distintas, se debe explicar cómo se administran los recursos y qué reciben los beneficiarios.  

• Pinto aseguró una ejecución del 28.76 % en inversión física a octubre de 2026. Aclaró que ese indicador no refleja toda la ejecución de los programas sociales. 
• El ministro defendió el aumento presupuestario y afirmó que los beneficiarios pasaron de 80 000 a más de 350 000. La cobertura debe acompañarse de información que permita verificar quién recibe la ayuda. 
• Antes de las elecciones de 2027, el Gobierno deberá demostrar que el RSH ayuda a identificar a las personas que realmente lo necesitan. El reto es que llegue a quienes cumplen los requisitos y no se utilicen para ganar respaldo político. 

En conclusión. El uso político de la ayuda social es una mala práctica que se arrastra de varios gobiernos. Por eso, la promesa de Bernardo Arévalo de despolitizar estos programas requiere más que declaraciones, para no quedar como una promesa a medias. 

• El RSH debe garantizar que la selección de beneficiarios responda a sus necesidades y que nadie los utiliza para ganar respaldo de cara a las elecciones de 2027. 
• El aumento de beneficiarios y los recursos que solicita el Mides para 2027 exigen información que permita comprobar el alcance de los programas y el uso del dinero público.  
• Recibir el apoyo social no debe crear compromisos con funcionarios ni partidos. El Gobierno administra recursos públicos y debe responder por su uso.