Ley temporal y nueva concesión para salvar operación portuaria

Ocho bancadas del Congreso de la República se unieron para presentar una propuesta de ley para evitar que se suspendan las operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) en terrenos del Puerto Quetzal, Escuintla. 

• Por ambas terminales se mueve el 52% de todo el comercio marítimo del país. Por ello, el tema cobró relevancia debido al riesgo de que se interrumpan las importaciones y exportaciones de Guatemala por esa vía. 
• Aparentemente existe un acuerdo común entre los organismos del Estado para abordar el tema como un asunto del país. Es por eso por lo que los organismos Ejecutivo y Legislativo buscan consenso para hallar una salida que favorezca al comercio en general. 
• "La eficiencia logística de Puerto Quetzal es fundamental para el comercio exterior guatemalteco. Un posible cese de operaciones [de la TCQ] no solo afectaría el comercio, sino también la economía local, el empleo y la inversión en responsabilidad social empresarial en la región", informó el Ministerio de Economía mediante un comunicado. 

Por qué importa. Detener la operación portuaria causaría una crisis que se vio venir, pero que fue ignorada por las autoridades de turno.  

• Pero ahora ya no hay excusa ni tiempo para continuar con la discusión. Se requieren acciones y el Congreso de la República se encamina a dar el primer paso. 
• "Que exista una transición ordenada, una licitación pública internacional y que las operaciones no se detengan para que el país no sufra el impacto", dijo uno de los legisladores que comentó sobre la iniciativa que presentarán en breve. 
• La propuesta de los diputados de Vamos, Valor, Todos, Creo, Cabal. Viva, Unionista y Cambio, es aprobar un marco legal que permita continuar –mientras tanto– la actividad portuaria de APM Terminals y, para luego volver a licitar la operación. Esta vez cumpliendo la ley, sin corrupción, aseguran los ponentes. 

En perspectiva. La semana anterior, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló los contratos de usufructo y de operación de la Terminal de Contenedores Quetzal, operada por APM Terminals. 

• El fallo no era desconocido. Desde 2017 se sabía y solo se fue aplazando por recursos legales planteados contra la resolución. El proceso no cumplió la regulación nacional y, además, nació con claras evidencias de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota. 
• Del total de intercambio comercial con el mundo, USD 14 194M en exportaciones y USD 30 318M en importaciones (en 2023); un 65 % (USD 28 945M) corresponde a mercancías que ingresan y egresan por la vía marítima, tanto por el Pacífico como por el Atlántico. 

En conclusión. La población vería con agrado que por fin se dejen a un lado los intereses personales para resolver un problema que afecta a todo el país. 

• Si la oposición y el bloque oficialista en el Congreso logran un acuerdo para aprobar esta ley –incluso de emergencia– la acción sería bien vista. 
• El mayor ganador no será el Congreso, el presidente o sus ministros, sino el país, porque no se interrumpirán las operaciones comerciales, ya afectadas por carreteras destruidas y sin paso. 
• Un aplauso anticipado por la iniciativa. Falta ver si se concreta.