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Ley de Competencia: los desafíos para su aplicación a partir del 9 de diciembre
Será la aplicación de la ley la que permitirá evaluar sus efectos sobre la eficiencia y la competitividad de los mercados.
La plena vigencia de la Ley de Competencia, prevista para el 9 de diciembre, plantea desafíos para las autoridades, el sistema judicial y los mercados regulados. El Instituto para la Competitividad Económica (ICE) reunió a especialistas en el conversatorio Una nueva etapa para la competencia: Guatemala ante la plena vigencia de su Ley de Competencia, para analizar las condiciones que permitirán aplicar la normativa con criterios técnicos, seguridad jurídica y previsibilidad.
Por qué importa. Una ley puede establecer nuevas reglas, pero su efecto depende de cómo las interpreten y apliquen las autoridades. En materia de competencia, las decisiones pueden incidir en la operación de los mercados, las condiciones para invertir y la certeza que necesitan las empresas para tomar decisiones. Por eso, la previsibilidad se convierte en una condición central.
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La normativa entrará en plena vigencia el 9 de diciembre. A partir de entonces, los criterios de las autoridades comenzarán a definir su alcance práctico.
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El superintendente de Competencia, Carlos Federico Ortiz Ortiz, presentó la hoja de ruta de la institución para 2027.
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El conversatorio examinó la coexistencia entre la Ley de Competencia y los marcos regulatorios sectoriales.
Visto y no visto. La competencia no opera en un vacío regulatorio. Algunos mercados tienen disposiciones sectoriales que responden a sus características y necesidades. El desafío consiste en aplicar la nueva ley sin desconocer esas reglas ni crear obligaciones superpuestas. Una interpretación que ignore esa relación podría aumentar la incertidumbre que la normativa busca reducir.
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Javier Bauer, presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, participó junto con especialistas del ámbito jurídico y empresarial.
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Habibi Quiñonez Oliva, directora ejecutiva del ICE, afirmó que la ley complementa la regulación sectorial, pero no la sustituye.
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Será la aplicación de la ley —y no únicamente su entrada en vigencia— la que permitirá evaluar sus efectos sobre la eficiencia y la competitividad de los mercados.
Sí, pero. La previsibilidad también dependerá de los tribunales. La competencia es una materia nueva para el sistema judicial guatemalteco y exige conocimientos económicos y jurídicos especializados. Sin preparación técnica, las resoluciones podrían carecer de consistencia. Esto no solo afectaría a las partes involucradas en cada caso; también dificultaría que los mercados anticipen las consecuencias de sus decisiones.
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Francisca Cárdenas, secretaria de Fortalecimiento Judicial y Cooperación del Organismo Judicial, y Jary Méndez, vicedecana de Derecho de la Universidad del Istmo (UNIS), analizaron las capacidades que necesita el sistema judicial.
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La formación de jueces y magistrados será determinante para resolver controversias con criterios técnicos.
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La consistencia de las resoluciones contribuirá a establecer reglas de interpretación que los agentes económicos puedan anticipar.
En conclusión. La entrada en vigor de la Ley de Competencia representa el inicio de una etapa de implementación. Su impacto dependerá de que las autoridades coordinen sus competencias, respeten la lógica de la regulación sectorial y desarrollen criterios jurídicos consistentes. El reto será fortalecer la competencia sin convertir la nueva normativa en una fuente adicional de incertidumbre.
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La seguridad jurídica exige claridad sobre los límites y la relación entre las distintas regulaciones.
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La preparación del sistema judicial será tan importante como la capacidad técnica de la Superintendencia de Competencia (Sicom).