Ley de aguas: la ley interminable del país

Guatemala acumula más de cuatro décadas sin una ley de aguas, a pesar de que existen 13 iniciativas presentadas en el Congreso de la República desde 1991. El retraso del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mantiene un vacío legal que dificulta definir responsabilidades y ofrecer certeza jurídica para proteger el recurso natural. Esto genera incertidumbre para la inversión y el desarrollo del país.

Por qué importa. El diálogo con distintos sectores continúa, pero la propuesta aún no llega al Congreso, aunque el ministerio la prometió para finales de 2025. No es la única normativa que lleva años de atraso en la administración de Bernardo Arévalo.

• El retraso coincide con los recientes señalamientos de corrupción de la cartera, así como con la escasa diligencia y eficiencia del MARN para agilizar procesos.

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• Mientras continúa el proceso, persisten dificultades para ordenar el uso del recurso y definir responsabilidades entre las instituciones públicas.

• Según el MARN, la propuesta continúa en su fase final de revisión. Todavía no inicia el trámite legislativo. Se espera que sea en los últimos meses de este año. No obstante, lo más probable es sea en el 2027.

Punto de fricción. La aprobación de la ley de aguas depende de decisiones políticas en el Congreso. Aunque existe respaldo general, la búsqueda de votos podría retrasar aún más su aprobación. En año preelectoral, las prioridades de los diputados son otras, pues buscan su reelección. Es decir, la ley podría ser una realidad hasta en 2028.

• La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso ha indicado, en varias ocasiones, que existe voluntad para agilizar el dictamen cuando ingrese el proyecto.

• La propuesta —no la iniciativa de ley— fue presentada por el Ejecutivo en 2024. En ese momento se presentó un cronograma para terminar el proceso en 2025. No se cumplieron las fechas y promesas estipuladas.

• Otro de los ofrecimientos incumplidos, por parte del gobierno, fue la máxima publicidad del proceso de la ley. Se ofreció un sitio web con todos los detalles, pero este no funciona desde hace semanas [https://procesonacionaldelagua.info/].

Sí, pero. El país arrastra una deuda constitucional con la ley de aguas. El artículo 127 de la Constitución Política de la República, promulgada en 1985, establece que “todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles”. También señala que su aprovechamiento, uso y goce deben otorgarse según la ley. Sin embargo, esa ley específica nunca se aprobó.

• La iniciativa propone crear la Superintendencia Nacional del Agua como ente rector y máxima autoridad en la materia. La entidad tendría carácter estatal y descentralizado.

• También contaría con competencia en todo el país y autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. El reto es que se consolide y funcione como tal. Existe el antecedente negativo de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP).

• La institución perdió su sentido y pasó a depender del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Podría pasar lo mismo con esta superintendencia. El gobierno actual, en varios escenarios, ha sido incapaz de cumplir la naturaleza de las instituciones.

En conclusión. Guatemala enfrenta una deuda constitucional y una crisis hídrica que exigen una respuesta institucional. Sin embargo, el retraso de Ambiente y la incertidumbre política vuelven incierta la aprobación de la ley. El desafío ya no consiste en redactar otra iniciativa, sino en cumplir los plazos, garantizar transparencia y construir una institucionalidad que funcione con independencia y certeza jurídica.

• El Ejecutivo incumplió el cronograma que presentó en 2024. La iniciativa no llegó al Congreso en 2025 y el proceso podría extenderse hasta 2027 o ni siquiera, según el ritmo político.

• La falta de transparencia también genera cuestionamientos. El sitio web oficial prometido para dar seguimiento al proceso dejó de funcionar, pese al compromiso de garantizar máxima publicidad.

• La futura Superintendencia Nacional del Agua afrontará un reto adicional: demostrar independencia y capacidad técnica.