EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Hace nueve años se propuso modificar la Constitución, sin embargo, el intento falló; al día de hoy, la promulgación de una ley de aguas sigue sin concretarse, a pesar de ser un mandato constitucional de 1985, detallado en el artículo 127.
Por qué importa. Las propuestas comparten el mismo procedimiento para la formulación del proyecto: mesas de diálogo. La metodología aparenta ser “democrática”, aunque en la realidad no es así. La fallida reforma constitucional da cuenta de ello.
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En agosto pasado, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, anunció los pasos a seguir para la creación de la ley de aguas. Prometió escuchar a todos los sectores.
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Para ello utilizaría mesas participativas. La práctica no es nueva. Antes se les conocía como mesas técnicas del agua. Previo a 2020, se utilizaron para la formulación de la iniciativa 5161, ley de aguas.
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No obstante, fue rechazada por los 48 Cantones de Totonicapán, que realizaron manifestaciones y paros para bloquear su aprobación. Y lo lograron.
Visto y no visto. La organización afirmó que el proyecto de ley buscaba privatizar el acceso al vital líquido. El Pleno del Congreso lo conoció en noviembre de 2016. Mismo año en que se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).
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El 25 de abril de 2016, los presidentes de los tres organismos del Estado lanzaron el Diálogo Nacional. Una apertura oficial a la reforma constitucional.
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La actividad contó con el apoyo del MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este último ente las promovió ampliamente.
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El 6 de octubre de ese año se conoció la iniciativa 5179; supuestamente era producto de 247 sugerencias y 148 mesas de trabajo con la participación de más de 1500 personas.
Sí, pero. La iniciativa fue respaldada por los diputados Mario Taracena, Orlando Blanco, Carlos Barrera, Mauro Guzmán, entre otros. Pero no fue aprobada. La razón: falta de consensos y oposición a algunas propuestas, entre otros.
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Ese año, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indicó que en el proceso imperó un fuerte nivel de improvisación. Añadió que el documento base carecía de exposición de motivos. Es decir, era superficial y bastante irreal; opinión que es compartida por varios analistas.
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No se tomaron en cuenta las recomendaciones y sugerencias de los sectores que participaron; las mesas de diálogo fueron solo un requisito para darle cariz de “democrático”.
Conclusión. Lo mismo podría suceder ahora con el proceso para la creación de la ley de aguas. Ambos procesos tienen paralelismo que alerta del posible resultado, entre ellos, algunos mismos actores que —por su tozudez— harían fallar este nuevo intento.
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En los próximos tres meses habrá rondas participativas para profundizar en la situación del agua. Además, se recibirán propuestas para la construcción de la iniciativa.
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El portal www.procesonacionaldelagua.info/ detalla el proceso a seguir. Al igual que con otros sitios web del Gobierno, República lo auditará y le mantendrá informado de los “avances”.
Hace nueve años se propuso modificar la Constitución, sin embargo, el intento falló; al día de hoy, la promulgación de una ley de aguas sigue sin concretarse, a pesar de ser un mandato constitucional de 1985, detallado en el artículo 127.
Por qué importa. Las propuestas comparten el mismo procedimiento para la formulación del proyecto: mesas de diálogo. La metodología aparenta ser “democrática”, aunque en la realidad no es así. La fallida reforma constitucional da cuenta de ello.
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En agosto pasado, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, anunció los pasos a seguir para la creación de la ley de aguas. Prometió escuchar a todos los sectores.
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Para ello utilizaría mesas participativas. La práctica no es nueva. Antes se les conocía como mesas técnicas del agua. Previo a 2020, se utilizaron para la formulación de la iniciativa 5161, ley de aguas.
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No obstante, fue rechazada por los 48 Cantones de Totonicapán, que realizaron manifestaciones y paros para bloquear su aprobación. Y lo lograron.
Visto y no visto. La organización afirmó que el proyecto de ley buscaba privatizar el acceso al vital líquido. El Pleno del Congreso lo conoció en noviembre de 2016. Mismo año en que se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP).
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El 25 de abril de 2016, los presidentes de los tres organismos del Estado lanzaron el Diálogo Nacional. Una apertura oficial a la reforma constitucional.
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La actividad contó con el apoyo del MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este último ente las promovió ampliamente.
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El 6 de octubre de ese año se conoció la iniciativa 5179; supuestamente era producto de 247 sugerencias y 148 mesas de trabajo con la participación de más de 1500 personas.
Sí, pero. La iniciativa fue respaldada por los diputados Mario Taracena, Orlando Blanco, Carlos Barrera, Mauro Guzmán, entre otros. Pero no fue aprobada. La razón: falta de consensos y oposición a algunas propuestas, entre otros.
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Ese año, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indicó que en el proceso imperó un fuerte nivel de improvisación. Añadió que el documento base carecía de exposición de motivos. Es decir, era superficial y bastante irreal; opinión que es compartida por varios analistas.
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No se tomaron en cuenta las recomendaciones y sugerencias de los sectores que participaron; las mesas de diálogo fueron solo un requisito para darle cariz de “democrático”.
Conclusión. Lo mismo podría suceder ahora con el proceso para la creación de la ley de aguas. Ambos procesos tienen paralelismo que alerta del posible resultado, entre ellos, algunos mismos actores que —por su tozudez— harían fallar este nuevo intento.
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En los próximos tres meses habrá rondas participativas para profundizar en la situación del agua. Además, se recibirán propuestas para la construcción de la iniciativa.
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El portal www.procesonacionaldelagua.info/ detalla el proceso a seguir. Al igual que con otros sitios web del Gobierno, República lo auditará y le mantendrá informado de los “avances”.
