EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Las relaciones diplomáticas entre Washington y los países de Centroamérica han estado dominadas durante mucho tiempo por un enfoque prioritario en los esfuerzos por contener la migración. En este contexto, las iniciativas de cooperación internacional del Departamento de Trabajo de EE. UU. han supuesto una contradicción directa a ese objetivo.
En perspectiva. En la última década, la Dirección de Asuntos Laborales Internacionales ha donado USD 95M a organizaciones no gubernamentales en Centroamérica para implementar una serie de programas. Algunos forman parte de la estrategia de la administración de Biden para abordar las causas de la migración y promueven la sindicalización en los sectores agroindustrial y textil, bajo la premisa de que ello —la sindicalización— facilita mejores condiciones laborales y salarios y, en consecuencia, ayuda a reducir el fenómeno migratorio.
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Sin embargo, en la mayoría de los países centroamericanos, más del 65 % de los empleos se encuentran en el sector informal de la economía. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores no cuentan con una fuente de ingresos estable, mucho menos con la oportunidad de integrar un sindicato. Este hecho por sí solo genera serias dudas sobre la verdadera efectividad de esos programas.
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Desde 2021 —el mismo año en que se implementaron algunos de estos proyectos— la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. reportó más de 10.8M de encuentros en la frontera, lo que representa un aumento de más del 435 % en comparación con el mismo período entre 2017 y 2020. Dentro de este incremento, aproximadamente un tercio se originó en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Por qué importa. En el ocaso de la administración de Biden, resulta evidente que su estrategia no ha alcanzado los resultados esperados, e incluso, podría haber empeorado la situación. La promoción de la sindicalización a través de oenegés parece haber generado tensiones entre empleadores y trabajadores, además de aumentar los costos burocráticos asociados a la contratación de nuevos empleados.
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Esta situación dificulta el acceso a empleos formales para personas en áreas predominantemente marginadas, aumentando así la probabilidad de que consideren la migración hacia el norte.
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Las industrias involucradas en estas iniciativas son cruciales para Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, las empresas agrícolas y textiles representan cerca del 20 % del PIB y el 32 % de la fuerza laboral, constituyendo una parte significativa del empleo formal en el país.
Conflicto de interés. En la región, persiste el escepticismo respecto a los verdaderos motivos detrás de estos programas. Para muchos, parecen orientados a promover una agenda ideológica en lugar de abordar de manera genuina los problemas que afectan a los trabajadores.
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A esta creciente desconfianza se añade la percepción de que la ayuda de Washington a países en desarrollo podría estar alimentando un ciclo de financiamiento político, en el cual organizaciones que apoyan y donan a campañas electorales en EE. UU. reciben fondos de vuelta para ejecutar diversos programas.
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Un ejemplo de ello es el proyecto ejecutado por Solidarity Center, una oenegé afiliada a la AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos en EE. UU. Este programa —que tiene previsto concluir en 2026— ya ha recibido USD 6.2M de dólares en financiamiento federal.
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Entre contribuciones a campañas y gastos externos, la AFL-CIO ha favorecido al Partido Demócrata con más de USD 29.8M durante los últimos tres ciclos electorales. Durante la presidencia de Biden, ha recibido más de USD 120M del gobierno federal, lo que representa un notable incremento del 120.18% en comparación con la administración de Trump.
El balance. Los esfuerzos de Washington por reducir la migración y aumentar las deportaciones probablemente generen fricciones con sus vecinos del sur. Estas tensiones se agravarán si EE. UU. continúa implementando programas que no favorecen sus propios intereses, ni los de Centroamérica.
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Aunque los salarios en Centroamérica son considerablemente inferiores a los de EE. UU., el costo de migrar sigue siendo alto, ya que implica dejar atrás a la familia y emprender la peligrosa ruta que cobra miles de vidas cada año. Para la mayoría, la migración es un último recurso, impulsado por la falta de oportunidades viables en sus países de origen.
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Restringir oportunidades laborales, impulsando políticas contraproducentes, es una decisión poco acertada en el contexto actual, especialmente si EE. UU. busca una reducción significativa en los flujos migratorios.
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Los trabajadores y las empresas en Centroamérica necesitan herramientas e infraestructura que impulsen la productividad y la competitividad. Apoyar el desarrollo de infraestructura estratégica en la región podría sentar las bases para el único elemento que garantiza disuadir la migración: la prosperidad.
Las relaciones diplomáticas entre Washington y los países de Centroamérica han estado dominadas durante mucho tiempo por un enfoque prioritario en los esfuerzos por contener la migración. En este contexto, las iniciativas de cooperación internacional del Departamento de Trabajo de EE. UU. han supuesto una contradicción directa a ese objetivo.
En perspectiva. En la última década, la Dirección de Asuntos Laborales Internacionales ha donado USD 95M a organizaciones no gubernamentales en Centroamérica para implementar una serie de programas. Algunos forman parte de la estrategia de la administración de Biden para abordar las causas de la migración y promueven la sindicalización en los sectores agroindustrial y textil, bajo la premisa de que ello —la sindicalización— facilita mejores condiciones laborales y salarios y, en consecuencia, ayuda a reducir el fenómeno migratorio.
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Sin embargo, en la mayoría de los países centroamericanos, más del 65 % de los empleos se encuentran en el sector informal de la economía. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores no cuentan con una fuente de ingresos estable, mucho menos con la oportunidad de integrar un sindicato. Este hecho por sí solo genera serias dudas sobre la verdadera efectividad de esos programas.
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Desde 2021 —el mismo año en que se implementaron algunos de estos proyectos— la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. reportó más de 10.8M de encuentros en la frontera, lo que representa un aumento de más del 435 % en comparación con el mismo período entre 2017 y 2020. Dentro de este incremento, aproximadamente un tercio se originó en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Por qué importa. En el ocaso de la administración de Biden, resulta evidente que su estrategia no ha alcanzado los resultados esperados, e incluso, podría haber empeorado la situación. La promoción de la sindicalización a través de oenegés parece haber generado tensiones entre empleadores y trabajadores, además de aumentar los costos burocráticos asociados a la contratación de nuevos empleados.
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Esta situación dificulta el acceso a empleos formales para personas en áreas predominantemente marginadas, aumentando así la probabilidad de que consideren la migración hacia el norte.
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Las industrias involucradas en estas iniciativas son cruciales para Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, las empresas agrícolas y textiles representan cerca del 20 % del PIB y el 32 % de la fuerza laboral, constituyendo una parte significativa del empleo formal en el país.
Conflicto de interés. En la región, persiste el escepticismo respecto a los verdaderos motivos detrás de estos programas. Para muchos, parecen orientados a promover una agenda ideológica en lugar de abordar de manera genuina los problemas que afectan a los trabajadores.
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A esta creciente desconfianza se añade la percepción de que la ayuda de Washington a países en desarrollo podría estar alimentando un ciclo de financiamiento político, en el cual organizaciones que apoyan y donan a campañas electorales en EE. UU. reciben fondos de vuelta para ejecutar diversos programas.
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Un ejemplo de ello es el proyecto ejecutado por Solidarity Center, una oenegé afiliada a la AFL-CIO, la mayor federación de sindicatos en EE. UU. Este programa —que tiene previsto concluir en 2026— ya ha recibido USD 6.2M de dólares en financiamiento federal.
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Entre contribuciones a campañas y gastos externos, la AFL-CIO ha favorecido al Partido Demócrata con más de USD 29.8M durante los últimos tres ciclos electorales. Durante la presidencia de Biden, ha recibido más de USD 120M del gobierno federal, lo que representa un notable incremento del 120.18% en comparación con la administración de Trump.
El balance. Los esfuerzos de Washington por reducir la migración y aumentar las deportaciones probablemente generen fricciones con sus vecinos del sur. Estas tensiones se agravarán si EE. UU. continúa implementando programas que no favorecen sus propios intereses, ni los de Centroamérica.
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Aunque los salarios en Centroamérica son considerablemente inferiores a los de EE. UU., el costo de migrar sigue siendo alto, ya que implica dejar atrás a la familia y emprender la peligrosa ruta que cobra miles de vidas cada año. Para la mayoría, la migración es un último recurso, impulsado por la falta de oportunidades viables en sus países de origen.
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Restringir oportunidades laborales, impulsando políticas contraproducentes, es una decisión poco acertada en el contexto actual, especialmente si EE. UU. busca una reducción significativa en los flujos migratorios.
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Los trabajadores y las empresas en Centroamérica necesitan herramientas e infraestructura que impulsen la productividad y la competitividad. Apoyar el desarrollo de infraestructura estratégica en la región podría sentar las bases para el único elemento que garantiza disuadir la migración: la prosperidad.
