EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El escepticismo hacia las políticas globales de sostenibilidad ambiental —cada vez más ambiciosas— ha crecido notablemente en los últimos años. Esta tendencia ha sido impulsada, entre otros, por referentes políticos como Donald Trump y Javier Milei, quienes sostienen que el exceso de regulaciones ambientales ha restringido las capacidades industriales en sus países y frenado el desarrollo económico.
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Si bien los argumentos en contra del ambientalismo pueden parecer, en ocasiones, exagerados, han evidenciado la necesidad de que todos los países, especialmente aquellos afectados por el subdesarrollo —como Guatemala— adopten un enfoque menos agresivo al establecer regulaciones ambientales.
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Los costos derivados de la regulación ambiental han disminuido la competitividad de los sectores manufactureros en grandes potencias industriales como Alemania y Estados Unidos. Esto resulta especialmente evidente frente al auge de la capacidad industrial en países asiáticos, impulsada principalmente por inversión china, donde las normativas de protección ambiental no son una prioridad operativa tanto para las empresas como para las autoridades.
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Entre 1990 y 2022, la producción industrial promedio de la Unión Europea disminuyó en un 12.3 %. Este dato oculta la drástica caída de la mayor potencia económica de la región —Alemania— cuya producción industrial se redujo en un 40 %. En paralelo, EE. UU. ha perdido, desde el año 2000, más de un tercio de los empleos en el sector manufacturero, desplazando a millones de trabajadores que durante décadas conformaron la base de la clase media estadounidense.
Panorama. Bernardo Arévalo y la dirigente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, han demostrado ser zelotes de la causa ambientalista.
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Esto ha provocado reacciones divididas. Por un lado, diversas oenegés y organismos internacionales han celebrado esta postura; por otro, numerosas empresas y sectores industriales han manifestado su inquietud ante la arbitrariedad con la que el MARN administra los requisitos y licencias ambientales, indispensables para toda actividad industrial.
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Uno de los casos más emblemáticos es el de la minera Mayaniquel. Pocas horas después de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) les restituyera la credencial de exportación —permitiéndoles reactivar sus operaciones— el MARN revocó la licencia ambiental para el proyecto de la Mina Sechol, anulando de manera efectiva cualquier posibilidad de reiniciar sus actividades.
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El hecho alimentó las sospechas de arbitrariedad del MARN, ya que la suspensión de la licencia se basó en una auditoría realizada hace casi una década. Además, se impuso una multa de GTQ 2.5M, ignorando la auditoría más reciente realizada en mayo de 2024 por la actual administración de la cartera, la cual concluyó que Mayaniquel cumplía con todas sus obligaciones ambientales.
Por qué importa. El 2025 marcará un año clave para las políticas ambientales en Guatemala y el MARN. Además de encabezar los esfuerzos para impulsar y, con suerte, aprobar una ley de aguas, la institución tiene previsto publicar en mayo el nuevo Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). Esta normativa establece los lineamientos para el otorgamiento, supervisión y revocación de licencias ambientales.
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Ambas normativas, si son diseñadas y aplicadas con un enfoque pragmático, podrían ser beneficiosas al brindar certeza a la actividad económica e incentivar la inversión. No obstante, como lo ejemplifica el caso de Mayaniquel, existe una legítima preocupación de que estas herramientas puedan convertirse en instrumentos para librar batallas ideológicas contra el sector privado.
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El cierre de la mina, que se ha prolongado por casi dos años, ha desencadenado una crisis humanitaria en el valle del Polochic. Al menos 1800 familias —cuyos ingresos dependían directamente de la actividad minera— enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas en una región marcada por la pobreza extrema y la escasa presencia del Estado. Ante esta situación, muchos han optado por emprender el peligroso camino de la migración hacia EE. UU.
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Más allá de ello, el retiro arbitrario de la licencia ambiental a Mayaniquel ha fortalecido los argumentos de la compañía en el proceso de arbitraje comercial por más de USD 100M que ha iniciado en contra del Estado de Guatemala.
Entre líneas. El uso excesivo y agresivo de regulaciones ambientales genera costos significativos para la actividad económica. En países como Guatemala, donde más del 56 % de la población vive en condiciones de pobreza, resulta fundamental proteger las limitadas oportunidades de crecimiento económico.
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Todos los países que hoy son desarrollados, enfrentaron en algún momento el dilema de elegir entre la industrialización y la preservación del medioambiente. Generar riqueza requiere la construcción de más fábricas, carreteras y puertos, lo que inevitablemente implica un sacrificio ambiental, como, por ejemplo, el aumento de emisiones de CO₂ y la deforestación.
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No es casualidad que las economías del G20, las más grandes del mundo, sean responsables de aproximadamente el 78 % de las emisiones globales de CO₂.
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Guatemala, por el contrario, es responsable de menos del 1 % de las emisiones globales de CO₂. Sin embargo, enfrenta presiones de organismos internacionales —liderados por los países del G20— que exigen reducir sus ya bajas emisiones, incluso a costa del desarrollo económico que esas naciones ya alcanzaron.
El balance. Las regulaciones ambientales son esenciales para la protección del medioambiente y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas políticas representan un privilegio que solo las economías ricas y desarrolladas pueden implementar sin comprometer su crecimiento económico.
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Guatemala, y en particular las políticas regulatorias del MARN, deben considerar las implicaciones de sus decisiones, evitando sacrificar el desarrollo del país por motivos ideológicos o presiones de naciones extranjeras.
El escepticismo hacia las políticas globales de sostenibilidad ambiental —cada vez más ambiciosas— ha crecido notablemente en los últimos años. Esta tendencia ha sido impulsada, entre otros, por referentes políticos como Donald Trump y Javier Milei, quienes sostienen que el exceso de regulaciones ambientales ha restringido las capacidades industriales en sus países y frenado el desarrollo económico.
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Si bien los argumentos en contra del ambientalismo pueden parecer, en ocasiones, exagerados, han evidenciado la necesidad de que todos los países, especialmente aquellos afectados por el subdesarrollo —como Guatemala— adopten un enfoque menos agresivo al establecer regulaciones ambientales.
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Los costos derivados de la regulación ambiental han disminuido la competitividad de los sectores manufactureros en grandes potencias industriales como Alemania y Estados Unidos. Esto resulta especialmente evidente frente al auge de la capacidad industrial en países asiáticos, impulsada principalmente por inversión china, donde las normativas de protección ambiental no son una prioridad operativa tanto para las empresas como para las autoridades.
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Entre 1990 y 2022, la producción industrial promedio de la Unión Europea disminuyó en un 12.3 %. Este dato oculta la drástica caída de la mayor potencia económica de la región —Alemania— cuya producción industrial se redujo en un 40 %. En paralelo, EE. UU. ha perdido, desde el año 2000, más de un tercio de los empleos en el sector manufacturero, desplazando a millones de trabajadores que durante décadas conformaron la base de la clase media estadounidense.
Panorama. Bernardo Arévalo y la dirigente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, han demostrado ser zelotes de la causa ambientalista.
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Esto ha provocado reacciones divididas. Por un lado, diversas oenegés y organismos internacionales han celebrado esta postura; por otro, numerosas empresas y sectores industriales han manifestado su inquietud ante la arbitrariedad con la que el MARN administra los requisitos y licencias ambientales, indispensables para toda actividad industrial.
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Uno de los casos más emblemáticos es el de la minera Mayaniquel. Pocas horas después de que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) les restituyera la credencial de exportación —permitiéndoles reactivar sus operaciones— el MARN revocó la licencia ambiental para el proyecto de la Mina Sechol, anulando de manera efectiva cualquier posibilidad de reiniciar sus actividades.
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El hecho alimentó las sospechas de arbitrariedad del MARN, ya que la suspensión de la licencia se basó en una auditoría realizada hace casi una década. Además, se impuso una multa de GTQ 2.5M, ignorando la auditoría más reciente realizada en mayo de 2024 por la actual administración de la cartera, la cual concluyó que Mayaniquel cumplía con todas sus obligaciones ambientales.
Por qué importa. El 2025 marcará un año clave para las políticas ambientales en Guatemala y el MARN. Además de encabezar los esfuerzos para impulsar y, con suerte, aprobar una ley de aguas, la institución tiene previsto publicar en mayo el nuevo Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). Esta normativa establece los lineamientos para el otorgamiento, supervisión y revocación de licencias ambientales.
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Ambas normativas, si son diseñadas y aplicadas con un enfoque pragmático, podrían ser beneficiosas al brindar certeza a la actividad económica e incentivar la inversión. No obstante, como lo ejemplifica el caso de Mayaniquel, existe una legítima preocupación de que estas herramientas puedan convertirse en instrumentos para librar batallas ideológicas contra el sector privado.
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El cierre de la mina, que se ha prolongado por casi dos años, ha desencadenado una crisis humanitaria en el valle del Polochic. Al menos 1800 familias —cuyos ingresos dependían directamente de la actividad minera— enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas en una región marcada por la pobreza extrema y la escasa presencia del Estado. Ante esta situación, muchos han optado por emprender el peligroso camino de la migración hacia EE. UU.
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Más allá de ello, el retiro arbitrario de la licencia ambiental a Mayaniquel ha fortalecido los argumentos de la compañía en el proceso de arbitraje comercial por más de USD 100M que ha iniciado en contra del Estado de Guatemala.
Entre líneas. El uso excesivo y agresivo de regulaciones ambientales genera costos significativos para la actividad económica. En países como Guatemala, donde más del 56 % de la población vive en condiciones de pobreza, resulta fundamental proteger las limitadas oportunidades de crecimiento económico.
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Todos los países que hoy son desarrollados, enfrentaron en algún momento el dilema de elegir entre la industrialización y la preservación del medioambiente. Generar riqueza requiere la construcción de más fábricas, carreteras y puertos, lo que inevitablemente implica un sacrificio ambiental, como, por ejemplo, el aumento de emisiones de CO₂ y la deforestación.
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No es casualidad que las economías del G20, las más grandes del mundo, sean responsables de aproximadamente el 78 % de las emisiones globales de CO₂.
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Guatemala, por el contrario, es responsable de menos del 1 % de las emisiones globales de CO₂. Sin embargo, enfrenta presiones de organismos internacionales —liderados por los países del G20— que exigen reducir sus ya bajas emisiones, incluso a costa del desarrollo económico que esas naciones ya alcanzaron.
El balance. Las regulaciones ambientales son esenciales para la protección del medioambiente y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas políticas representan un privilegio que solo las economías ricas y desarrolladas pueden implementar sin comprometer su crecimiento económico.
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Guatemala, y en particular las políticas regulatorias del MARN, deben considerar las implicaciones de sus decisiones, evitando sacrificar el desarrollo del país por motivos ideológicos o presiones de naciones extranjeras.
