En el camino a casa
No murió de improviso. Había denunciado amenazas. Las hizo públicas. Acudió a las instituciones a pedir protección. Nadie respondió.
Evelio Lisandro López Sánchez volvía a su casa. Era la noche del viernes 2 de octubre, alrededor de las ocho, en San Pedro Necta, Huehuetenango. Un vehículo le cerró el paso y lo acribillaron. Tenía 34 años. Era maestro; cronista deportivo y director de Huehue es Noticia; maya mam, y era padre de una niña pequeña.
No murió de improviso. Había denunciado amenazas. Las hizo públicas. Acudió a las instituciones a pedir protección. Nadie respondió. La fiscalía especializada otorgó medidas de seguridad a varios periodistas del municipio, pero después del crimen. El presidente Arévalo ordenó poner todos los recursos del Ejecutivo al servicio de la investigación, también después del crimen. En Guatemala, el Estado llega puntual, pero al velorio.
La condena fue amplia y merece registrarse. La Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Asociación de Prensa de Huehuetenango —que presentó denuncia ante el Ministerio Público—, Reporteros sin Fronteras, el CPJ y la FIP alzaron la voz. Lo hicieron también el CACIF, el CEDECON, la Embajada de Estados Unidos y numerosas figuras de la vida pública. El CACIF lo dijo con claridad: en una sociedad libre, la prensa informa sin amenazas, sin miedo y sin censura. Coincidimos. Lamentablemente, los comunicados no detienen balas.
El contexto agrava el hecho. Huehuetenango es un departamento fronterizo, corredor histórico del narcotráfico, donde la frontera entre poder local y poder criminal se ha vuelto porosa. Y el asesinato ocurre en vísperas de que arranque el proceso electoral. Es la temporada en que se reparten candidaturas, se financian campañas y se silencia a quien pregunta de dónde viene el dinero. No sabemos aún quién ordenó este crimen. Sabemos en qué terreno ocurrió.
República conoce ese terreno; lo hemos vivido en carne propia por señalar y develar a actores vinculados a la narcopolítica. Si nuestro caso no pasó a mayores, fue porque hubo alertas tempranas y pudimos tomar medidas de seguridad. La mayoría de periodistas comunitarios no tiene esa posibilidad. Trabajan solos, sin abogados, sin escoltas, sin una redacción que los respalde. Para ellos la única red posible es el Estado. Y el Estado no está.
Tampoco es solo el narco. Hay periodistas acosados y amenazados por la propia fuerza pública y por redes que encajan en la definición de CIACS: cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Cuando quien debe proteger es quien intimida, la indefensión es total.
Hace más de 2000 años, Cicerón advirtió en su defensa de Milón que la mayor incitación al delito es la esperanza de la impunidad. Guatemala ha convertido esa esperanza en certeza. Cada asesinato de un periodista sin esclarecer es una instrucción para el siguiente asesino.
Reporteros sin Fronteras contabiliza a López como el segundo periodista asesinado en el país en 2026. Que no haya un tercero no depende de condenas. Depende de un mecanismo de protección que funcione antes, no después.
Evelio López volvía a su casa. El Estado debía cuidarle el camino. No lo hizo.
En el camino a casa
No murió de improviso. Había denunciado amenazas. Las hizo públicas. Acudió a las instituciones a pedir protección. Nadie respondió.
Evelio Lisandro López Sánchez volvía a su casa. Era la noche del viernes 2 de octubre, alrededor de las ocho, en San Pedro Necta, Huehuetenango. Un vehículo le cerró el paso y lo acribillaron. Tenía 34 años. Era maestro; cronista deportivo y director de Huehue es Noticia; maya mam, y era padre de una niña pequeña.
No murió de improviso. Había denunciado amenazas. Las hizo públicas. Acudió a las instituciones a pedir protección. Nadie respondió. La fiscalía especializada otorgó medidas de seguridad a varios periodistas del municipio, pero después del crimen. El presidente Arévalo ordenó poner todos los recursos del Ejecutivo al servicio de la investigación, también después del crimen. En Guatemala, el Estado llega puntual, pero al velorio.
La condena fue amplia y merece registrarse. La Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Asociación de Prensa de Huehuetenango —que presentó denuncia ante el Ministerio Público—, Reporteros sin Fronteras, el CPJ y la FIP alzaron la voz. Lo hicieron también el CACIF, el CEDECON, la Embajada de Estados Unidos y numerosas figuras de la vida pública. El CACIF lo dijo con claridad: en una sociedad libre, la prensa informa sin amenazas, sin miedo y sin censura. Coincidimos. Lamentablemente, los comunicados no detienen balas.
El contexto agrava el hecho. Huehuetenango es un departamento fronterizo, corredor histórico del narcotráfico, donde la frontera entre poder local y poder criminal se ha vuelto porosa. Y el asesinato ocurre en vísperas de que arranque el proceso electoral. Es la temporada en que se reparten candidaturas, se financian campañas y se silencia a quien pregunta de dónde viene el dinero. No sabemos aún quién ordenó este crimen. Sabemos en qué terreno ocurrió.
República conoce ese terreno; lo hemos vivido en carne propia por señalar y develar a actores vinculados a la narcopolítica. Si nuestro caso no pasó a mayores, fue porque hubo alertas tempranas y pudimos tomar medidas de seguridad. La mayoría de periodistas comunitarios no tiene esa posibilidad. Trabajan solos, sin abogados, sin escoltas, sin una redacción que los respalde. Para ellos la única red posible es el Estado. Y el Estado no está.
Tampoco es solo el narco. Hay periodistas acosados y amenazados por la propia fuerza pública y por redes que encajan en la definición de CIACS: cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Cuando quien debe proteger es quien intimida, la indefensión es total.
Hace más de 2000 años, Cicerón advirtió en su defensa de Milón que la mayor incitación al delito es la esperanza de la impunidad. Guatemala ha convertido esa esperanza en certeza. Cada asesinato de un periodista sin esclarecer es una instrucción para el siguiente asesino.
Reporteros sin Fronteras contabiliza a López como el segundo periodista asesinado en el país en 2026. Que no haya un tercero no depende de condenas. Depende de un mecanismo de protección que funcione antes, no después.
Evelio López volvía a su casa. El Estado debía cuidarle el camino. No lo hizo.
