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El reto de Guatemala ante la narcoviolencia
La violencia del narcotráfico en Zacapa e Izabal pone a prueba la capacidad del Estado para recuperar el control territorial.
El narcotráfico suele parecer un problema indiferente para buena parte de los guatemaltecos. Las rutas internacionales, los cargamentos de cocaína, las alianzas entre carteles y las redes de lavado de dinero rara vez ocupan la conversación cotidiana. Esa percepción cambia cuando las disputas entre organizaciones criminales afectan a las comunidades y convierten las calles en escenarios violentos. Así, el narcotráfico deja de ser un tema lejano, de seguridad internacional, y pasa a poner en riesgo la vida de las personas.
Zacapa e Izabal muestran esa transformación. Durante las últimas semanas, ambos departamentos registraron hechos violentos que revelaron la capacidad de las estructuras criminales para desafiar a las autoridades. La problemática no se limita al control de los corredores para trasladar drogas, pues alcanza a civiles, policías y funcionarios. La población queda expuesta a una violencia cuyo trasfondo todavía no esclarecen las investigaciones.
Los incidentes en Zacapa muestran la magnitud del problema. El 27 de septiembre, un ataque armado en Huité dejó ocho fallecidos. El 6 de noviembre, una emboscada en Río Hondo provocó la muerte del diputado Julio Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El 13 de noviembre, otro incidente en el caserío El Tocino, aldea La Majada, dejó cinco muertos y tres heridos.
Este último episodio retrata el nivel de violencia. Hombres armados irrumpieron en la comunidad en la madrugada. Dispararon contra pobladores y una patrulla policial. Murieron una madre y sus dos hijos. El hecho no distinguió entre el supuesto objetivo y quienes quedaron atrapados en medio del ataque.
Uno de los fallecidos, José Archila Romero, alias “Parcero”, fue vinculado extraoficialmente con un narcolaboratorio desmantelado en octubre de 2025 en esa comunidad. Las autoridades no han confirmado su relación con una estructura criminal ni han establecido el móvil del ataque.
Izabal tampoco permanece al margen. El 13 de noviembre, dos hombres murieron durante un ataque en Puerto Barrios. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció que el departamento concentra actividades de producción y procesamiento de drogas. Identificó operaciones de minería ilegal de jade y oro que, según explicó, pueden financiar a las estructuras criminales.
Narcotráfico y poder político
La violencia adquiere otra dimensión cuando se examinan las redes que operan detrás del tráfico de drogas. El 13 de noviembre, EE. UU. anunció sanciones contra Los Mendoza, Los Lorenzana y Los Huistas, designándoles, además, como organizaciones terroristas. A Los Lorenzana se les otorgó una categoría adicional, la de Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada.
Washington sostiene que estas estructuras mantienen vínculos operativos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las identifica como piezas logísticas para recibir, almacenar, proteger y trasladar cargamentos de drogas hacia México y EE. UU. La acusación también introduce un elemento político; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y organizaciones criminales mexicanas.
El narcotráfico necesita más que armas y rutas para consolidarse. Requiere protección, información, recursos y capacidad para penetrar las instituciones. En ese escenario, la narcopolítica representa un riesgo para el Estado. Las relaciones entre estructuras criminales y actores con influencia local pueden debilitar los controles públicos y facilitar que estas organizaciones operen durante años.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también atribuyó a Los Lorenzana actos de violencia contra civiles, funcionarios gubernamentales y fuerzas militares.
Acciones tardías
La respuesta del Gobierno de Bernardo Arévalo llegó después de una sucesión de ataques y con numerosas víctimas. El domingo último, el Ejecutivo declaró estado de sitio en Zacapa e Izabal, con una vigencia de 30 días.
En la conferencia de prensa en Zacapa, Villeda admitió que las designaciones de EE. UU. formaron parte del contexto que llevó a tomar la decisión. Indicó que conocían las actividades relacionadas con el narco en ambos departamentos; por esa razón coordinó operativos, erradicaciones y capturas. Sostuvo que el aumento reciente de la violencia obligó a decretar las medidas.
Manifestó que Zacapa no figuraba entre los 15 departamentos con mayores índices de violencia, según datos internos. Sin embargo, conocía la presencia de estas estructuras y no logró anticipar su escalada, que terminó en ataques contra civiles, policías y funcionarios.
El despliegue de soldados, policías, puestos de control y patrullajes puede recuperar temporalmente la presencia del Estado. Pero no demuestra, por sí mismo, que el Gobierno tenga capacidad para desarticular las redes criminales.
Miedo y crisis
El narcotráfico quizá no despierte el mismo interés ciudadano que otros problemas políticos o económicos. Sus estructuras y operaciones pueden parecer ajenas. La narcoviolencia, en cambio, no permite esa distancia. Se manifiesta en disparos, familias destruidas, funcionarios asesinados y comunidades que pierden la tranquilidad.
El estado de sitio supone una respuesta excepcional ante una situación de violencia, pero no sustituye una política de seguridad capaz de prevenir, investigar y castigar. Arévalo enfrenta una prueba que va más allá de mantener soldados en las calles durante 30 días. Debe demostrar que el Estado puede recuperar el control territorial, desarticular las redes que sostienen el narcotráfico y proteger a quienes viven bajo su amenaza.
Guatemala corre el riesgo de normalizar una realidad en la que las organizaciones criminales imponen sus reglas y el Gobierno reacciona cuando la violencia ya es noticia. El problema no es únicamente que los carteles trafiquen drogas, es que su poder alcanza las calles, condiciona la vida de las comunidades y pone en duda la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.