El MP busca dejar los casos aislados y perseguir estructuras criminales

Los primeros cuatro meses de Gabriel García Luna al frente del Ministerio Público (MP) dejaron un diagnóstico que trasciende la falta de personal, vehículos o tecnología.

• La nueva administración encontró fiscalías que trabajaban con limitada conexión entre ellas, profundas diferencias de capacidades entre territorios y una persecución penal que necesitaba aprovechar mejor la información para relacionar casos y atacar estructuras criminales.

Qué destacar. El cambio que plantea García Luna parte de allí.

• Su gestión busca dejar atrás el tratamiento aislado de expedientes y avanzar hacia investigaciones capaces de conectar personas, casos, territorios, armas, movimientos financieros y patrones criminales.
• Una de las primeras medidas fue recuperar los controles sobre el trabajo fiscal. Se reactivaron los comités de gestión y entre junio y agosto se realizaron 489 monitoreos virtuales, 163 cada mes.
• También comenzó la homologación del personal y los recursos de las nueve fiscalías regionales para reducir las diferencias existentes y mejorar la coordinación con fiscalías distritales, municipales y especializadas.

En el radar. Ese modelo empezó a trasladarse a investigaciones concretas.

• En la Fiscalía de Delitos contra la Vida se redistribuyeron expedientes según cantidad y complejidad, se crearon dos equipos adicionales de persecución penal y se establecieron reuniones de seguimiento durante las primeras 24 y 72 horas posteriores a los hechos.
• En la Región Sur, el análisis territorial comenzó a identificar zonas y horarios de homicidios, teléfonos y cuentas relacionados con extorsiones, así como rutas vinculadas con delitos patrimoniales.
• En Occidente se solicitaron mapas de calor, análisis de temporalidad e incidencia delictiva para decidir dónde concentrar recursos.

Lo que sigue. Otra modificación busca conectar investigaciones que antes podían permanecer separadas.

• El MP trabaja en notificaciones automáticas del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). Cuando aparezca una posible coincidencia entre armas utilizadas en distintos hechos, las fiscalías podrán recibir la alerta, vincular casos y buscar estructuras detrás de ellos.
• El cambio también alcanza a la criminalidad transnacional. La Unidad de Investigación Criminal Transnacional comenzó el período sin expedientes activos ni planificación consolidada.
• Cuatro meses después desarrolla investigaciones vinculadas con narcotráfico, asociación ilícita, corrupción, tráfico de armas y tránsito ilícito de jade. Además, sostuvo 35 reuniones con instituciones y dependencias de inteligencia, investigación y análisis.

Datos clave. La Unidad Antipandillas Transnacionales, que fue encontrada con una estructura mínima, realizó 30 allanamientos en Guatemala, Chiquimula, Escuintla y El Progreso.

• Mientras tanto, la Unidad de Reacción Inmediata modificó sus turnos para que una misma agencia atienda durante una semana completa los casos, en lugar de asignarlos diariamente a personas distintas. La medida pretende evitar rupturas en las investigaciones.
• En delitos patrimoniales también aparecen señales del nuevo enfoque. La Fiscalía de Casos Especiales revisa alrededor de 40 denuncias para establecer si existe un patrón notarial e inmobiliario detrás de ellas. Paralelamente, comenzó la reactivación de la Unidad Fiscal del Registro General de la Propiedad.
• El diagnóstico encontró además una debilidad elemental en investigación criminalística. Durante aproximadamente diez años no se habían desarrollado procesos de licitación y cotización para adquirir insumos básicos utilizados por los técnicos. La nueva gestión priorizó esas compras y redistribuyó vehículos hacia fiscalías de Secuestros, Delitos contra la Vida, Derechos Humanos y tres fiscalías municipales.

Entre líneas. García Luna también intenta reconstruir la presencia externa del MP. En cuatro meses se reportó la reactivación de relaciones con siete organismos internacionales, siete embajadas, seis agencias de cooperación, seis entidades privadas y ocho instituciones gubernamentales.

• Hay además una decisión de fondo: la FECI inició una revisión de expedientes, evidencia y líneas de investigación antes de avanzar hacia la conclusión ordenada de sus funciones y su cierre.
• El propio informe reconoce que estos primeros cuatro meses todavía no permiten medir una transformación concluida.
• Esa será precisamente la prueba para García Luna: demostrar que reorganizar fiscalías, conectar información y perseguir fenómenos criminales, en vez de sumar únicamente expedientes y actuaciones, produce investigaciones de mayor impacto y, finalmente, reduce la impunidad.