EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En sus primeras horas como fiscal general, Gabriel García Luna proyecta un tono prudente, enfocado en realizar un diagnóstico institucional antes de tomar decisiones de fondo. Tras asumir en la madrugada del domingo 17 de mayo, recibió a la prensa en su despacho del Ministerio Público y, aunque reconoce haber descansado poco, se mostró sereno y optó por atender a los medios de comunicación el primer día de su gestión para dedicar la semana a acciones internas. En una conversación no mayor de 15 minutos, delineó como prioridades la objetividad en las investigaciones, la recuperación de la confianza ciudadana y la apertura de la institución a la población, además de comprometerse a ofrecer señales concretas de cambio durante sus primeros 90 días de gestión.
Fiscal, sus primeras declaraciones han sido percibidas como cautas. ¿Qué ha podido observar en estas primeras horas al frente de la institución?
Como la entrega y toma del cargo coincidió con el fin de semana, no estaba la mayoría del personal. Sin embargo, ya comenzamos a recibir los primeros informes. Durante los últimos cuatro años no había mucha información disponible, salvo algunos datos de 2022. Ahora podremos analizar con mayor claridad cuántas personas laboran en la institución, que es una cantidad importante, y cuál es el presupuesto real, que hace algunos años era uno de los más significativos a nivel nacional. Con esto podremos empezar a establecer directrices en cuanto al personal —fiscal, técnico y administrativo— y evaluar las distintas unidades, especialmente aquellas que considero clave, como supervisión y ciertas fiscalías. Es importante actuar con cautela, porque no se puede ofrecer algo que aún no se conoce completamente.
¿Cuál es entonces su compromiso en esta primera etapa, mientras se familiariza con el funcionamiento interno?
Lo que sí puedo ofrecer desde ya es que se realizarán investigaciones objetivas, manteniendo la imparcialidad en todo momento. No se permitirá que el Ministerio Público se utilice como un arma, ya sea por parte del crimen organizado, intereses políticos o cualquier otro tipo de presión. Debemos evitar la selectividad en las investigaciones, es decir, escoger a quién se investiga sin fundamentos. También debemos analizar las percepciones que existen, incluidas las de los medios de comunicación. Estas primeras horas han servido para escuchar al personal, dialogar con ellos y comenzar una evaluación. Quienes han trabajado correctamente deben continuar y recibir apoyo; quienes hayan cometido irregularidades deberán enfrentar los procesos correspondientes.
En su primer discurso habló de recuperar la confianza en el Ministerio Público. Una de sus primeras decisiones fue cerrar la FECI. ¿Qué otras acciones inmediatas contempla para alcanzar ese objetivo?
Queremos reabrir el Ministerio Público como un espacio accesible para la ciudadanía. Se hará mediante un enfoque jurídico y técnico que evite malentendidos. No se trata de eliminar la seguridad, sino de garantizar un ingreso normal y cordial, donde las personas puedan llegar a denunciar. Recuperar la confianza no solo implica decirlo, sino permitir que la población pueda acudir presencialmente, que los abogados puedan revisar sus casos, y que todos sientan que esta institución les pertenece. Además, ese acercamiento no debe derivar en un rechazo inmediato. Las denuncias deben ser atendidas con seriedad, con una postura objetiva.
Usted ha mencionado el uso excesivo de figuras como la desestimación. ¿Cómo piensa abordar este problema?
Es válido aplicar la desestimación cuando corresponde, pero no es razonable que el 80% o 90% de los casos se desestimen en un contexto donde la criminalidad es evidente. Vivimos situaciones cotidianas de robos, homicidios, extorsiones y otros delitos. Si los delincuentes perciben que no hay investigaciones ni resultados, el problema seguirá creciendo. Es fundamental cambiar esa lógica y garantizar que los casos sean realmente analizados y trabajados.
En ese sentido, ¿qué acciones específicas contempla ante problemáticas como las extorsiones, que afectan a miles de familias?
En las entrevistas que he realizado, muchos fiscales manifiestan frustración porque capturan a personas vinculadas a extorsiones, pero estas recuperan su libertad rápidamente. Debemos analizar si esto se debe a deficiencias en las investigaciones, a la forma en que se presentan los casos en audiencia o a la falta de impugnaciones adecuadas. Todo esto requiere conocimiento técnico del proceso penal. Yo conozco el fenómeno, porque fui juez de sentencia penal durante muchos años y participé en múltiples casos de extorsión. Sabemos que este delito está vinculado a estructuras criminales complejas. Por ello, debemos tomar medidas concretas para lograr resultados efectivos y evitar que las capturas se queden sin consecuencias.
¿También considera necesario intervenir en el sistema penitenciario?
Sí, definitivamente. El sistema penitenciario necesita reformas. Debe garantizarse que, cuando haya una condena, esta se cumpla adecuadamente, respetando derechos pero también evitando riesgos. Hoy en día, la prisión en algunos casos se convierte en parte del ciclo del crimen organizado. Esto debe corregirse con acciones coordinadas y con una aplicación efectiva de la ley.
Existen presiones de distintos sectores: algunos exigen la liberación de personas que consideran perseguidas, mientras otros piden que se detenga lo que perciben como una politización del Ministerio Público. ¿Cómo equilibrar estas demandas?
La respuesta está en la objetividad. El Ministerio Público no debe responder a intereses políticos, ideológicos ni criminales. Debemos conformar un equipo que no se preste a ninguna de esas influencias. Más que hablar de un ‘péndulo’, lo importante es que la institución avance por el centro, aplicando la ley sin importar quién sea la persona investigada. Eso implica garantizar la presunción de inocencia, pero también evitar la impunidad. Incluso dentro de la objetividad, puede ser necesario solicitar medidas a favor de un sindicado, o también pedir penas máximas cuando corresponda. Todo debe hacerse conforme a la ley.
¿Cómo evitar que se perciba favoritismo hacia determinados sectores o actores?
Debemos evitar incluso la percepción de parcialidad. El trabajo del Ministerio Público debe demostrar que la ley se aplica de igual forma para todos. Eso es esencial para recuperar la confianza ciudadana. La institución no puede convertirse en un instrumento político ni criminal; su única guía debe ser la ley.
En el plano internacional, ha habido tensiones con algunos socios, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo piensa manejar estas relaciones?
Históricamente, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han colaborado con la justicia en Guatemala. Independientemente de situaciones anteriores, uno de nuestros objetivos es retomar esa cooperación. Esto no implica renunciar a la soberanía, sino reconocer que el crimen organizado es un fenómeno transnacional. Aislarnos solo facilita la operación de estos grupos. Por el contrario, la cooperación internacional es un ‘ganar-ganar’. Esperamos restablecer la comunicación a través de los canales correspondientes y fortalecer esa colaboración en los próximos días.
Finalmente, si tuviera que decirle a la ciudadanía qué puede esperar de su gestión en los próximos 90 días, ¿cuáles serían sus principales compromisos?
En primer lugar, habrá una apertura real del Ministerio Público hacia la ciudadanía, incluidos periodistas y usuarios en general, con una atención adecuada a cada caso. En segundo lugar, cambiaremos la actitud fiscal en cuanto a las diligencias: no debe haber retrasos injustificados, ni audiencias postergadas por responsabilidad del Ministerio Público. Al contrario, debemos avanzar con eficiencia. En tercer lugar, fortaleceremos la presencia institucional en todo el país, asegurando que las sedes funcionen correctamente y evaluando la carga de denuncias y su tratamiento. También queremos impulsar mecanismos de conciliación cuando corresponda. Finalmente, implementaremos un sistema de control y fiscalización del personal, para identificar a quienes no cumplen con sus responsabilidades, pero también para reconocer a quienes han trabajado correctamente y han sostenido la institución.
¿Es realista esperar resultados visibles en ese plazo?
Es un desafío complejo, considerando el nivel de intervención que ha tenido la institución y lo que se ha observado públicamente. Sin embargo, en los primeros tres meses deben empezar a reflejarse cambios en la atención, en los tiempos de respuesta, en la apertura institucional y en la evaluación interna del personal. Ese será el primer paso para reconstruir la confianza.
En sus primeras horas como fiscal general, Gabriel García Luna proyecta un tono prudente, enfocado en realizar un diagnóstico institucional antes de tomar decisiones de fondo. Tras asumir en la madrugada del domingo 17 de mayo, recibió a la prensa en su despacho del Ministerio Público y, aunque reconoce haber descansado poco, se mostró sereno y optó por atender a los medios de comunicación el primer día de su gestión para dedicar la semana a acciones internas. En una conversación no mayor de 15 minutos, delineó como prioridades la objetividad en las investigaciones, la recuperación de la confianza ciudadana y la apertura de la institución a la población, además de comprometerse a ofrecer señales concretas de cambio durante sus primeros 90 días de gestión.
Fiscal, sus primeras declaraciones han sido percibidas como cautas. ¿Qué ha podido observar en estas primeras horas al frente de la institución?
Como la entrega y toma del cargo coincidió con el fin de semana, no estaba la mayoría del personal. Sin embargo, ya comenzamos a recibir los primeros informes. Durante los últimos cuatro años no había mucha información disponible, salvo algunos datos de 2022. Ahora podremos analizar con mayor claridad cuántas personas laboran en la institución, que es una cantidad importante, y cuál es el presupuesto real, que hace algunos años era uno de los más significativos a nivel nacional. Con esto podremos empezar a establecer directrices en cuanto al personal —fiscal, técnico y administrativo— y evaluar las distintas unidades, especialmente aquellas que considero clave, como supervisión y ciertas fiscalías. Es importante actuar con cautela, porque no se puede ofrecer algo que aún no se conoce completamente.
¿Cuál es entonces su compromiso en esta primera etapa, mientras se familiariza con el funcionamiento interno?
Lo que sí puedo ofrecer desde ya es que se realizarán investigaciones objetivas, manteniendo la imparcialidad en todo momento. No se permitirá que el Ministerio Público se utilice como un arma, ya sea por parte del crimen organizado, intereses políticos o cualquier otro tipo de presión. Debemos evitar la selectividad en las investigaciones, es decir, escoger a quién se investiga sin fundamentos. También debemos analizar las percepciones que existen, incluidas las de los medios de comunicación. Estas primeras horas han servido para escuchar al personal, dialogar con ellos y comenzar una evaluación. Quienes han trabajado correctamente deben continuar y recibir apoyo; quienes hayan cometido irregularidades deberán enfrentar los procesos correspondientes.
En su primer discurso habló de recuperar la confianza en el Ministerio Público. Una de sus primeras decisiones fue cerrar la FECI. ¿Qué otras acciones inmediatas contempla para alcanzar ese objetivo?
Queremos reabrir el Ministerio Público como un espacio accesible para la ciudadanía. Se hará mediante un enfoque jurídico y técnico que evite malentendidos. No se trata de eliminar la seguridad, sino de garantizar un ingreso normal y cordial, donde las personas puedan llegar a denunciar. Recuperar la confianza no solo implica decirlo, sino permitir que la población pueda acudir presencialmente, que los abogados puedan revisar sus casos, y que todos sientan que esta institución les pertenece. Además, ese acercamiento no debe derivar en un rechazo inmediato. Las denuncias deben ser atendidas con seriedad, con una postura objetiva.
Usted ha mencionado el uso excesivo de figuras como la desestimación. ¿Cómo piensa abordar este problema?
Es válido aplicar la desestimación cuando corresponde, pero no es razonable que el 80% o 90% de los casos se desestimen en un contexto donde la criminalidad es evidente. Vivimos situaciones cotidianas de robos, homicidios, extorsiones y otros delitos. Si los delincuentes perciben que no hay investigaciones ni resultados, el problema seguirá creciendo. Es fundamental cambiar esa lógica y garantizar que los casos sean realmente analizados y trabajados.
En ese sentido, ¿qué acciones específicas contempla ante problemáticas como las extorsiones, que afectan a miles de familias?
En las entrevistas que he realizado, muchos fiscales manifiestan frustración porque capturan a personas vinculadas a extorsiones, pero estas recuperan su libertad rápidamente. Debemos analizar si esto se debe a deficiencias en las investigaciones, a la forma en que se presentan los casos en audiencia o a la falta de impugnaciones adecuadas. Todo esto requiere conocimiento técnico del proceso penal. Yo conozco el fenómeno, porque fui juez de sentencia penal durante muchos años y participé en múltiples casos de extorsión. Sabemos que este delito está vinculado a estructuras criminales complejas. Por ello, debemos tomar medidas concretas para lograr resultados efectivos y evitar que las capturas se queden sin consecuencias.
¿También considera necesario intervenir en el sistema penitenciario?
Sí, definitivamente. El sistema penitenciario necesita reformas. Debe garantizarse que, cuando haya una condena, esta se cumpla adecuadamente, respetando derechos pero también evitando riesgos. Hoy en día, la prisión en algunos casos se convierte en parte del ciclo del crimen organizado. Esto debe corregirse con acciones coordinadas y con una aplicación efectiva de la ley.
Existen presiones de distintos sectores: algunos exigen la liberación de personas que consideran perseguidas, mientras otros piden que se detenga lo que perciben como una politización del Ministerio Público. ¿Cómo equilibrar estas demandas?
La respuesta está en la objetividad. El Ministerio Público no debe responder a intereses políticos, ideológicos ni criminales. Debemos conformar un equipo que no se preste a ninguna de esas influencias. Más que hablar de un ‘péndulo’, lo importante es que la institución avance por el centro, aplicando la ley sin importar quién sea la persona investigada. Eso implica garantizar la presunción de inocencia, pero también evitar la impunidad. Incluso dentro de la objetividad, puede ser necesario solicitar medidas a favor de un sindicado, o también pedir penas máximas cuando corresponda. Todo debe hacerse conforme a la ley.
¿Cómo evitar que se perciba favoritismo hacia determinados sectores o actores?
Debemos evitar incluso la percepción de parcialidad. El trabajo del Ministerio Público debe demostrar que la ley se aplica de igual forma para todos. Eso es esencial para recuperar la confianza ciudadana. La institución no puede convertirse en un instrumento político ni criminal; su única guía debe ser la ley.
En el plano internacional, ha habido tensiones con algunos socios, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo piensa manejar estas relaciones?
Históricamente, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han colaborado con la justicia en Guatemala. Independientemente de situaciones anteriores, uno de nuestros objetivos es retomar esa cooperación. Esto no implica renunciar a la soberanía, sino reconocer que el crimen organizado es un fenómeno transnacional. Aislarnos solo facilita la operación de estos grupos. Por el contrario, la cooperación internacional es un ‘ganar-ganar’. Esperamos restablecer la comunicación a través de los canales correspondientes y fortalecer esa colaboración en los próximos días.
Finalmente, si tuviera que decirle a la ciudadanía qué puede esperar de su gestión en los próximos 90 días, ¿cuáles serían sus principales compromisos?
En primer lugar, habrá una apertura real del Ministerio Público hacia la ciudadanía, incluidos periodistas y usuarios en general, con una atención adecuada a cada caso. En segundo lugar, cambiaremos la actitud fiscal en cuanto a las diligencias: no debe haber retrasos injustificados, ni audiencias postergadas por responsabilidad del Ministerio Público. Al contrario, debemos avanzar con eficiencia. En tercer lugar, fortaleceremos la presencia institucional en todo el país, asegurando que las sedes funcionen correctamente y evaluando la carga de denuncias y su tratamiento. También queremos impulsar mecanismos de conciliación cuando corresponda. Finalmente, implementaremos un sistema de control y fiscalización del personal, para identificar a quienes no cumplen con sus responsabilidades, pero también para reconocer a quienes han trabajado correctamente y han sostenido la institución.
¿Es realista esperar resultados visibles en ese plazo?
Es un desafío complejo, considerando el nivel de intervención que ha tenido la institución y lo que se ha observado públicamente. Sin embargo, en los primeros tres meses deben empezar a reflejarse cambios en la atención, en los tiempos de respuesta, en la apertura institucional y en la evaluación interna del personal. Ese será el primer paso para reconstruir la confianza.
