Diputados oficialistas piden a Arévalo estado de excepción

Diputados del grupo Raíces, encabezado por Samuel Pérez y surgido del oficialismo, pidieron al presidente Bernardo Arévalo decretar un estado de excepción focalizado en el departamento de Guatemala tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. La propuesta plantea una respuesta estatal contundente, pero no aborda la actuación de las autoridades actuales.

Es noticia. La petición de Raíces busca que Arévalo asuma personalmente la conducción de la respuesta contra la criminalidad y utilice los instrumentos legales disponibles para recuperar el control de la seguridad. Sin embargo, sus integrantes también deben responder por el desempeño de un gobierno al que ayudaron a llevar al poder y cuya gestión ahora enfrenta cuestionamientos.

• La propuesta plantea un estado de excepción limitado en territorio y tiempo, concentrado en el departamento de Guatemala, donde el grupo afirma que se registra la mayor cantidad de homicidios del país. 
• Los diputados anunciaron que votarían a favor de la medida cuando llegue al Congreso. No precisaron en el pronunciamiento qué garantías, controles ni mecanismos de evaluación debería incorporar.
• El llamado exige una reacción presidencial, pero no explica qué falló en la respuesta de las instituciones actuales ni qué responsabilidades políticas corresponden a quienes respaldaron al Gobierno.

Punto de fricción. El pronunciamiento de Raíces atribuye la crisis de seguridad a la impunidad heredada de administraciones anteriores, pero elude el examen de la gestión actual. Sus diputados llegaron al poder junto con Bernardo Arévalo y ahora demandan medidas extraordinarias sin explicar por qué las instituciones bajo su propio Gobierno no han garantizado resultados.

• El grupo responsabiliza al Ministerio Público de Consuelo Porras, al exministro Enrique Degenhart y a jueces como Fredy Orellana por debilitar la respuesta estatal frente al crimen organizado.
• Sin embargo, la exigencia de un estado de excepción no sustituye la rendición de cuentas por la capacidad de prevención, investigación y protección que corresponde a las autoridades actuales.
• El pronunciamiento no aborda la desconfianza generada por la respuesta policial ni ofrece resultados que permitan recuperar la credibilidad en el Gobierno.

Entre líneas. La exigencia de Raíces llega después de que dos hermanos capturados por el asesinato recuperaran su libertad por falta de mérito. El caso abrió interrogantes sobre las pruebas presentadas, las circunstancias de las detenciones y la actuación de los agentes asignados a la protección de Solórzano Foppa. 

• Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz quedaron en libertad este domingo 18 de octubre, luego de que el juzgado determinara que no había elementos suficientes para vincularlos al proceso penal.  
• La actuación policial también está bajo escrutinio: Solórzano Foppa contaba con cuatro agentes asignados a su seguridad, pero el ataque ocurrió pese a ese dispositivo. 
• Las dudas sobre las capturas y la protección policial requieren investigaciones transparentes, algo que pasaron por alto los congresistas. 

Lo que sigue. La propuesta de Raíces de decretar un estado de excepción tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa contrasta con el silencio de sus diputados sobre la actuación de la PNC. Aunque llegaron al poder junto con Bernardo Arévalo, concentran sus señalamientos en administraciones anteriores y no exigen explicaciones por las fallas de seguridad que rodearon el ataque.

• Solórzano Foppa tenía cuatro agentes asignados a su protección. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoció que los escoltas estaban a unos 30 o 40 metros cuando ocurrió el ataque. La distancia abre interrogantes sobre el dispositivo de seguridad y la reacción policial.
• Las dudas también alcanzan las capturas: los hermanos detenidos como sospechosos recuperaron su libertad tras una resolución de falta de mérito. El caso plantea preguntas sobre los indicios que sustentaron las detenciones y la investigación inicial.
• Mientras Raíces pide poderes extraordinarios para el Ejecutivo, no reclama públicamente una revisión de la actuación policial ni identifica responsabilidades dentro del Gobierno que respaldó.