Cómplices, no solo testigos

El crimen organizado no conquista un país de la noche a la mañana; crece a la sombra de quienes, pudiendo detenerlo, prefieren administrarlo o ver hacia otro lado.

Hoy, en Guatemala, los responsables tienen nombre y apellido. Tiene despacho en Palacio, oficina en el Ministerio de Finanzas, embajada en México y bancada en el Congreso. Se llaman Bernardo Arévalo, Jonathan Menkos, Edgar Gutiérrez y Samuel Pérez.

Es muy probable que el presidente no forme parte del crimen organizado, pero lo ha visto florecer —ahí sí— desde la primera fila y no ha movido un dedo para detenerlo. Arévalo ha sido más que testigo, ha sido cómplice.

El sábado, Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a plena luz del día en el Campo Marte. Tenía cuatro agentes de la Policía asignados a su seguridad. Ninguno alcanzó a detener a sus asesinos. Horas después, esa misma Policía exhibió como culpables a dos hermanos que repartían comida. Un juez los liberó al día siguiente, a petición del propio Ministerio Público; ayer, siete agentes fueron separados de sus funciones y son investigados por la sospecha de haberles implantado el arma.

Una policía que no protege al amenazado y fabrica culpables no es una policía. Es una amenaza con uniforme.

Nada de esto es accidente. La PNC lleva años cooptada por el crimen organizado. Los vínculos de sus mandos con narcopolíticos —y con el narco mismo— no son secreto para nadie. Tampoco para el presidente. Hay regiones donde la patrulla no persigue la droga, la acompaña. La mordida dejó de ser excepción hace mucho. Arévalo heredó esa PNC y decidió conservarla. David Custodio Boteo la dirige desde enero de 2024, y ahí sigue.

Pero la complicidad no se agota en la omisión. También se escribe en el presupuesto.

Jonathan Menkos, miembro de carné del Grupo de Puebla, ha hecho de cada presupuesto un instrumento para comprar voluntades. Los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) engordan año tras año, y su dinero termina donde siempre, en obra amarrada, en comisiones y en campañas pagadas con dinero que ya no huele a nada. Sirve para lavar dinero. Ahora Menkos vuelve a Finanzas para defender un presupuesto de GTQ 192 000M a las puertas de la elección.

Si el presidente no es aliado del crimen organizado, que lo demuestre donde cuenta. Que retire la iniciativa de ese presupuesto.

Menkos y Edgar Gutiérrez, embajador de Guatemala en México, son los mejores amigos que el gobierno de Morena tiene en Guatemala. Bajo Morena, la narcopolítica se adueñó de estados enteros. Ese es el modelo al que nos acercan.

Y luego está Samuel Pérez y su bancada, Raíces. Las únicas raíces que hoy se ven en el Congreso son las que ha echado el crimen organizado, y Pérez ayudó a regarlas. En 2024 operó los votos del presupuesto que duplicó los fondos de los CODEDE y defendió el decreto que les permitió conservar el dinero que no ejecutaron. Sus aliados llevaron a diputados vinculados al crimen organizado a la junta directiva del Congreso. Él mismo ha dicho que hay diputados que se dedican a lavar dinero. Con ellos se fotografió y con ellos pactó.

Hoy, Raíces atribuye la muerte de Solórzano Foppa a Consuelo Porras, a Giammattei y a Degenhart. Ninguno ocupa ya el cargo. El ministro de Gobernación, el director de la PNC y el ingente presupuesto son suyos. El presidente, por su parte, convirtió el luto en efeméride de la Revolución de Octubre y pidió que nadie lucre con la muerte. Sus aliados lo hacían ese mismo día.

Este año, asesinaron a dos periodistas, Carlos Cal Ical y Evelio López. En agosto denunciamos el plan de la narcopolítica para matar a Rodrigo Arenas y a nuestro equipo. Seguimos aquí porque la alerta llegó a tiempo, no porque alguien en este gobierno nos cuidara.

El presidente gobierna con discursos. Cada crimen le deja un video, una carta y una efeméride. Ninguno le ha dejado una destitución.

Mientras tanto, la narcopolítica crece. Y quien la ve crecer sin moverse ya no es solo testigo, es cómplice.