Campaña anticipada: el 50 % de casos son de funcionarios públicos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) investiga 286 casos por posible campaña anticipada, en vísperas de las Elecciones Generales de 2027. Sin embargo, la institución enfrenta dificultades para identificar a los señalados y notificarlos en todo el país. Hasta ahora, diez expedientes fueron trasladados al Registro de Ciudadanos, dependencia QUE tendrá la última decisión para sancionar a los posibles candidatos. 

• El TSE no divulga los nombres de los investigados porque todavía pueden defenderse y apelar ante instancias internas o judiciales. La reserva protege los derechos de los señalados, pero limita la información pública sobre los avances. 

Por qué importa. La campaña anticipada pone a prueba la capacidad del TSE para hacer cumplir las reglas electorales antes de que comience oficialmente la contienda. La fiscalización exige investigar conductas, identificar responsables y garantizar el derecho de defensa, sin convertir actividades legítimas en infracciones. 

• Cerca del 50 % de los 286 expedientes corresponde a funcionarios públicos. El resto involucra a personas que no necesariamente están afiliadas a partidos políticos. 

• La Inspección General también investiga a simpatizantes y personas vinculadas con agrupaciones, aunque no aparezcan como afiliadas en los registros oficiales. 

• El proceso puede terminar con el archivo del expediente o su traslado al Registro de Ciudadanos, que decide sobre la no participación o el archivo. 

Visto y no visto. La capacidad operativa limita el ritmo de las investigaciones. La Inspección General tiene 40 personas delegadas para darle seguimiento a la campaña anticipada, pese a que el pleno del TSE autorizó un fortalecimiento de 10 plazas. La cobertura nacional exige desplazamientos y verificaciones individuales. 

• De los 286 casos, 60 han concluido. Otros permanecen pendientes de notificación, en investigación o dentro del plazo de defensa. 

• La notificación debe realizarse personalmente. Después de recibirla, cada investigado dispone de cinco días para presentar sus argumentos. 

• La unidad utiliza información del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y del propio TSE para identificar a los señalados. Algunos casos siguen sin individualizarse. 

Entre líneas. Las ayudas sociales representan el tipo de caso más frecuente. La entrega de víveres y otros apoyos puede generar sospechas. No obstante, generan otra dificultad para el TSE, pues no toda actividad comunitaria responde a intereses electorales. 

• Se ha investigado a personas que realizan ayudas sociales desde hace diez años. Estos presentan fotografías y documentos para demostrar su trayectoria y “desinterés político”. Así, la investigación se cierra. 

• El monitoreo se intensifica durante fechas como el Día de la Madre, el Día del Niño y Navidad, cuando aumentan los convivios y la entrega de regalos. 

• La Inspección General también vigila asambleas y jornadas de afiliación. Estas actividades son legales, aunque algunas publicaciones pueden confundirse con mítines. 

En conclusión. La fiscalización electoral enfrenta una tensión entre capacidad institucional, transparencia y garantías individuales. El TSE debe demostrar que investiga posibles infracciones, pero también evitar decisiones arbitrarias. La credibilidad del proceso dependerá de que aplique criterios consistentes y respete el derecho de defensa. 

• Los diez expedientes trasladados al Registro de Ciudadanos serán una primera señal sobre la capacidad del Tribunal para llevar las investigaciones hasta una resolución. 

• La reserva de los casos protege a los investigados, pero obliga al TSE a encontrar mecanismos para demostrar avances sin vulnerar sus garantías. 

• Con las Elecciones Generales de 2027 en el horizonte, la institución tendrá que fortalecer su capacidad operativa y acreditar que las reglas se aplican por igual, sin importar el cargo o la afiliación política de los señalados.