EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El CACIF presentó una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto 2025. Con este recurso, suman dos acciones en ese sentido que se plantean contra el plan de ingresos y gastos del Estado.
Es noticia. "Como sector empresarial organizado, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad parcial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para 2025", informaron los empresarios mediante un comunicado en sus redes sociales.
- "Esta decisión se fundamenta en un análisis técnico y jurídico el cual demuestra que algunas disposiciones del presupuesto no cumplen con los requisitos legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico", indicó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
- "Las irregularidades mencionadas, vulneran principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, la adecuada asignación de los recursos públicos y el respeto por los procesos legislativos", enfatizó la entidad.
- "Con esta acción, reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de un país próspero, donde las leyes y los principios constitucionales sean la base de decisiones que beneficien a todos los ciudadanos, en especial a los trabajadores y empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas. La certeza jurídica, la confianza en las instituciones y el desarrollo sostenible son pilares esenciales para garantizar un mejor futuro para Guatemala", concluyó el CACIF.
Hemeroteca. El 1 de enero un grupo de abogados también presentó un recurso de inconstitucionalidad en la CC por considerar ilegalidades en el Decreto 36-2024. Los profesionales argumentaron que el documento contiene asignaciones que no respetan las distribuciones de fondos establecidas en la Constitución de la República.
- Entre las asignaciones constitucionales que no se respetan se incluye a la de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial, la CC, la Escuela Nacional de Agricultura (ENCA), y el Comité Nacional de Alfabetización, entre otros.
- Los interponentes buscan que la CC suspenda el decreto y lo expulse del ordenamiento jurídico, a fin de que no se incurra en una violación del principio de legalidad. Asimismo, se solicita que con la suspensión la Ley sea discutida nuevamente en el Congreso, de forma que se excluyan aquellos preceptos que violan la Constitución.
- El 9 de diciembre el diputado Bequer Chocooj interpuso un amparo, señalando que esta norma era ilegal e inconstitucional.
El CACIF presentó una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto 2025. Con este recurso, suman dos acciones en ese sentido que se plantean contra el plan de ingresos y gastos del Estado.
Es noticia. "Como sector empresarial organizado, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad parcial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para 2025", informaron los empresarios mediante un comunicado en sus redes sociales.
- "Esta decisión se fundamenta en un análisis técnico y jurídico el cual demuestra que algunas disposiciones del presupuesto no cumplen con los requisitos legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico", indicó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
- "Las irregularidades mencionadas, vulneran principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, la adecuada asignación de los recursos públicos y el respeto por los procesos legislativos", enfatizó la entidad.
- "Con esta acción, reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de un país próspero, donde las leyes y los principios constitucionales sean la base de decisiones que beneficien a todos los ciudadanos, en especial a los trabajadores y empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas. La certeza jurídica, la confianza en las instituciones y el desarrollo sostenible son pilares esenciales para garantizar un mejor futuro para Guatemala", concluyó el CACIF.
Hemeroteca. El 1 de enero un grupo de abogados también presentó un recurso de inconstitucionalidad en la CC por considerar ilegalidades en el Decreto 36-2024. Los profesionales argumentaron que el documento contiene asignaciones que no respetan las distribuciones de fondos establecidas en la Constitución de la República.
- Entre las asignaciones constitucionales que no se respetan se incluye a la de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial, la CC, la Escuela Nacional de Agricultura (ENCA), y el Comité Nacional de Alfabetización, entre otros.
- Los interponentes buscan que la CC suspenda el decreto y lo expulse del ordenamiento jurídico, a fin de que no se incurra en una violación del principio de legalidad. Asimismo, se solicita que con la suspensión la Ley sea discutida nuevamente en el Congreso, de forma que se excluyan aquellos preceptos que violan la Constitución.
- El 9 de diciembre el diputado Bequer Chocooj interpuso un amparo, señalando que esta norma era ilegal e inconstitucional.
