El gobierno empieza sin certeza de presupuesto, y sin compromiso

El pasado 2 de diciembre, fue publicado el Acuerdo Gubernativo 271-2024, mediante el cual el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) autorizó la distribución analítica del Presupuesto 2025, por lo que los recursos se desagregaron entre las asignaciones autorizadas a las distintas entidades, a fin de que las Unidades de Administración Financiera (UDAF) correspondientes distribuyan los recursos y los ejecuten.  

• La vigencia del presupuesto está en veremos, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) debe resolver una acción de inconstitucionalidad —presentada el 1 de enero— en la que se alega que los recursos aprobados violan las asignaciones constitucionales. 

Lo indispensable. Independientemente de las acciones pendientes, el Presupuesto aprobado fue ampliamente criticado por diversos sectores de la sociedad, debido a la falta de sustento técnico y errores en la redacción.  

• En su momento, tanto el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), como el CACIF, cuestionaron que [el presupuesto 2025] contaba con dos preceptos que se contradicen entre sí, ya que, pese a mantener el mismo techo presupuestario, establecía asignaciones diferentes a las entidades. Los artículos contradictorios son el 6 y el 129.  
• De acuerdo con Ricardo Barrientos, director ejecutivo del ICEFI, entre estos dos artículos existía una anomía, dado que, aunque el Art. 6 establece una asignación base; tras las negociaciones en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, se alteró la distribución de los recursos y se agregó el Art. 129. A su criterio, esta dinámica podía generar confusión, dado que, al momento de distribuir el Presupuesto no se sabría qué artículo se sobrepondría.   
• El Art. 129 modificaba los recursos de manera significativa y poco transparente, ya que, mientras los Consejos de Desarrollo Departamentales recibían GTQ 5012M adicionales, al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) se le recortaban GTQ 2070M, entre otros.  

Qué destacar. Durante el proceso de negociación, la inclusión del Art. 129 fue clave para desbloquear la aprobación del Presupuesto, ya que modificó las asignaciones de tal manera que recibiera el voto favorable de la mayoría de los diputados, particularmente los distritales, que fueron quienes movieron la balanza de la votación.  

• Sin embargo, el Acuerdo Gubernativo 271-2024 deja claro que la asignación de recursos establecida en el Art. 6 fue la que el MINFIN tomó como base para la distribución analítica del Presupuesto.  
• Así pues, las principales asignaciones del Presupuesto de Egresos serían GTQ 26 000M para el Ministerio de Educación (MINEDUC), GTQ 15 000M para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), GTQ 9929M para el CIV y GTQ 52 000M para las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, en donde se incluye a los CODEDES.  
• Asimismo, el Acuerdo establece el detalle de la distribución de los puestos y sueldos para el personal bajo el renglón 011 (personal permanente), y 029, (personal por contrato).  

Por qué importa. En su momento, el diputado Luis Aguirre afirmó en una entrevista realizada en un podcast que el Presupuesto 2025 había sido producto de una negociación política, debido a los acuerdos y compromisos alcanzados entre las diferentes bancadas.  

• Por esta razón, el Art. 129 aumentaba el presupuesto de instituciones como el Organismo Judicial (OJ), el Congreso, el Ministerio Público (MP) y los CODEDES.  
• No obstante, debido a que el MINFIN realizó la distribución analítica de acuerdo con el Art. 6, quiere decir que no respetó los compromisos asumidos por los diputados al momento de la aprobación.  
• Como consecuencia, esta acción podría poner a tambalear a los aliados del Ejecutivo en el Congreso, ya que pone de manifiesto la brecha que hay entre los diputados oficialistas y el Ejecutivo.  

Visto y no visto. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que en diciembre de 2024 varias instituciones —como el Congreso y el MP— anunciaron una modificación a los salarios de sus trabajadores.  

• En el caso del Congreso, como parte de las negociaciones para la aprobación del Presupuesto, también se contempló un aumento de GTQ 24 000 para los legisladores, lo cual, a su vez, podría aumentar el salario de los trabajadores del Legislativo en un 10 %.  
• De forma similar, el MP aprobó un aumento de GTQ 1500 para todo el personal del MP que labora bajo los renglones 011, 022 y 031. 
• Esta dinámica sugiere que, pensando que tendrían más recursos para el 2025, les permite un incremento salarial. No obstante, ahora que la distribución se realizó sin tener en cuenta las modificaciones, las instituciones se quedarían cortas de presupuesto para el pago de sus trabajadores.  

El balance. Esta medida pone en peligro la estabilidad del Ejecutivo, dado que las alianzas formadas en torno al Presupuesto, que eran apoyos claves para avanzar en la agenda del oficialismo en este segundo año de gobierno, corren peligro por no respetar los compromisos asumidos.  

• Asimismo, el cambio de criterio en la distribución analítica podría dejar desfinanciadas a algunas entidades del Estado.  
• Por lo tanto, no solo existe el riesgo de que haya conflicto de intereses entre las diferentes UDAF, sino que también se abre la puerta a que otras entidades impugnen la norma, a fin de que los acuerdos reflejados en el Art. 129 se materialicen.