EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: .
31 de diciembre, 2025
Luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó en suspenso el Presupuesto 2026, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) insistió en la necesidad de responsabilidad fiscal, transparencia y fiscalización pública. La organización subrayó que el respeto al marco constitucional fortalece la certeza jurídica y la gobernabilidad.
Es noticia. El máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, otorgó un amparo provisional y dejó en suspenso temporal la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, aprobado por el Congreso en noviembre de 2025. Esa decisión implica que la normativa no entrará en vigor el 1° de enero de 2026, por vicios formales denunciados, y obliga al Estado a regirse bajo el presupuesto anterior mientras se analizan los recursos constitucionales correspondientes.
- La CC consideró que concurren los supuestos legales para suspender provisionalmente la aprobación del presupuesto, tras acumular varias acciones de amparo relacionadas con su proceso de aprobación.
- La resolución mantiene en pausa el Decreto 27-2025 y todo lo actuado con posterioridad, por lo cual el presupuesto 2026 no puede entrar en vigencia hasta que se resuelva el fondo de las medidas presentadas.
- El efecto inmediato es que las instituciones públicas operarán con el presupuesto de 2025, según el marco constitucional vigente, mientras se tramitan las acciones legales.
Qué destacar. El CACIF reconoció el alcance institucional del fallo de la CC, al considerarla máxima intérprete de la Constitución y garante del Estado de Derecho, y enfatizó el papel de los órganos constitucionales en preservar la gobernabilidad democrática.
- En comunicado propio, el CACIF destacó que las decisiones de los órganos constitucionales deben cumplirse dentro del marco institucional para fortalecer la certeza jurídica.
- La organización expresó preocupación por la orientación y magnitud del Presupuesto 2026, al tiempo que exigió mayor transparencia en su formulación y ejecución.
- Además, el sector privado instó a las autoridades a atender los señalamientos legales planteados y a promover un presupuesto que responda a las necesidades del país y garantice el uso eficiente de los recursos públicos.
Datos clave. El proyecto de presupuesto 2026 aprobado en el Congreso ascendía a cifras históricas cercanas a GTQ 163 000M, con asignaciones que incluyen rubros para salud, educación y gastos de funcionamiento del Estado.
- El presupuesto propuesto mostraba incrementos sustanciales en entidades vinculadas a seguridad y justicia, con casi GTQ 17 000M programados para ese sector, según análisis del CIEN.
- La suspensión del presupuesto afecta, entre otros, fondos autorizados para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), cuya financiación quedó congelada por la resolución de la CC.
- Además, otras voces, como Banco de Guatemala, han anunciado acciones contra artículos específicos del presupuesto por posibles vicios de constitucionalidad, señalando dudas razonables sobre disposiciones financieras.
En el radar. En línea con el pronunciamiento del CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) reconoció el actuar de la Corte de Constitucionalidad al dejar en suspenso el Presupuesto General del Estado 2026, al considerar que la resolución reafirma el respeto y apego al marco constitucional.
- Desde el sector industrial, la CIG ha señalado que el presupuesto aprobado resulta excesivo y desconectado de la realidad económica del país, por lo que la suspensión provisional abre un espacio para corregir el rumbo y construir un presupuesto técnico y responsable, libre de vicios o intereses políticos.
- La Cámara instó al Gobierno de la República a garantizar que el presupuesto priorice el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, con responsabilidad fiscal, y que responda a las necesidades básicas y urgentes de los guatemaltecos.
- Asimismo, enfatizó que Guatemala necesita invertir mejor, priorizando áreas como seguridad, infraestructura, salud, educación y calidad de vida, sin comprometer la sostenibilidad financiera ni trasladar el costo a futuras generaciones.
Ahora qué. El Gobierno guatemalteco aseguró que la suspensión del presupuesto no detendrá la continuidad del Estado, pues operará con el presupuesto anterior y buscará un reajuste inicial para cumplir compromisos.
- El Ejecutivo prepara una iniciativa de ley para modificar el presupuesto y adecuarlo a los retos económicos y sociales de 2026.
- Mientras tanto, el sector empresarial, incluido el industrial, mantendrá su llamado a la responsabilidad fiscal, la transparencia y la adecuada fiscalización como condiciones clave para fortalecer la confianza en la gestión del gasto público.
- El resultado de los amparos y las posibles modificaciones legales definirá si el Congreso logra una nueva versión del Presupuesto 2026 que cumpla con los estándares constitucionales y fiscales exigidos por distintos sectores.
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31 de diciembre, 2025
Luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó en suspenso el Presupuesto 2026, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) insistió en la necesidad de responsabilidad fiscal, transparencia y fiscalización pública. La organización subrayó que el respeto al marco constitucional fortalece la certeza jurídica y la gobernabilidad.
Es noticia. El máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, otorgó un amparo provisional y dejó en suspenso temporal la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, aprobado por el Congreso en noviembre de 2025. Esa decisión implica que la normativa no entrará en vigor el 1° de enero de 2026, por vicios formales denunciados, y obliga al Estado a regirse bajo el presupuesto anterior mientras se analizan los recursos constitucionales correspondientes.
- La CC consideró que concurren los supuestos legales para suspender provisionalmente la aprobación del presupuesto, tras acumular varias acciones de amparo relacionadas con su proceso de aprobación.
- La resolución mantiene en pausa el Decreto 27-2025 y todo lo actuado con posterioridad, por lo cual el presupuesto 2026 no puede entrar en vigencia hasta que se resuelva el fondo de las medidas presentadas.
- El efecto inmediato es que las instituciones públicas operarán con el presupuesto de 2025, según el marco constitucional vigente, mientras se tramitan las acciones legales.
Qué destacar. El CACIF reconoció el alcance institucional del fallo de la CC, al considerarla máxima intérprete de la Constitución y garante del Estado de Derecho, y enfatizó el papel de los órganos constitucionales en preservar la gobernabilidad democrática.
- En comunicado propio, el CACIF destacó que las decisiones de los órganos constitucionales deben cumplirse dentro del marco institucional para fortalecer la certeza jurídica.
- La organización expresó preocupación por la orientación y magnitud del Presupuesto 2026, al tiempo que exigió mayor transparencia en su formulación y ejecución.
- Además, el sector privado instó a las autoridades a atender los señalamientos legales planteados y a promover un presupuesto que responda a las necesidades del país y garantice el uso eficiente de los recursos públicos.
Datos clave. El proyecto de presupuesto 2026 aprobado en el Congreso ascendía a cifras históricas cercanas a GTQ 163 000M, con asignaciones que incluyen rubros para salud, educación y gastos de funcionamiento del Estado.
- El presupuesto propuesto mostraba incrementos sustanciales en entidades vinculadas a seguridad y justicia, con casi GTQ 17 000M programados para ese sector, según análisis del CIEN.
- La suspensión del presupuesto afecta, entre otros, fondos autorizados para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), cuya financiación quedó congelada por la resolución de la CC.
- Además, otras voces, como Banco de Guatemala, han anunciado acciones contra artículos específicos del presupuesto por posibles vicios de constitucionalidad, señalando dudas razonables sobre disposiciones financieras.
En el radar. En línea con el pronunciamiento del CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) reconoció el actuar de la Corte de Constitucionalidad al dejar en suspenso el Presupuesto General del Estado 2026, al considerar que la resolución reafirma el respeto y apego al marco constitucional.
- Desde el sector industrial, la CIG ha señalado que el presupuesto aprobado resulta excesivo y desconectado de la realidad económica del país, por lo que la suspensión provisional abre un espacio para corregir el rumbo y construir un presupuesto técnico y responsable, libre de vicios o intereses políticos.
- La Cámara instó al Gobierno de la República a garantizar que el presupuesto priorice el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, con responsabilidad fiscal, y que responda a las necesidades básicas y urgentes de los guatemaltecos.
- Asimismo, enfatizó que Guatemala necesita invertir mejor, priorizando áreas como seguridad, infraestructura, salud, educación y calidad de vida, sin comprometer la sostenibilidad financiera ni trasladar el costo a futuras generaciones.
Ahora qué. El Gobierno guatemalteco aseguró que la suspensión del presupuesto no detendrá la continuidad del Estado, pues operará con el presupuesto anterior y buscará un reajuste inicial para cumplir compromisos.
- El Ejecutivo prepara una iniciativa de ley para modificar el presupuesto y adecuarlo a los retos económicos y sociales de 2026.
- Mientras tanto, el sector empresarial, incluido el industrial, mantendrá su llamado a la responsabilidad fiscal, la transparencia y la adecuada fiscalización como condiciones clave para fortalecer la confianza en la gestión del gasto público.
- El resultado de los amparos y las posibles modificaciones legales definirá si el Congreso logra una nueva versión del Presupuesto 2026 que cumpla con los estándares constitucionales y fiscales exigidos por distintos sectores.
