EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Gobierno de Bernardo Arévalo fijó postura tras la suspensión provisional del Presupuesto General 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC). Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo aseguró que garantizará la continuidad del Estado y de los servicios públicos, mientras impulsa un reajuste presupuestario y una nueva iniciativa de ley que será presentada al Congreso.
Es noticia. Tras la decisión de los magistrados de la CC, que dejó en suspenso el decreto aprobado el 26 de noviembre por los diputados, el Ejecutivo afirmó que actuará “en el marco de la legalidad” y que la suspensión no detiene el funcionamiento del Estado ni la prestación de servicios a la población.
- Las autoridades recordaron que, según la Constitución, cuando un presupuesto no entra en vigencia, se aplica el del año anterior, lo que permite la continuidad institucional.
- El Gobierno subrayó que la resolución judicial no frena su agenda y reiteró que mantiene el compromiso de cumplir con sus responsabilidades frente a la ciudadanía.
- Aseguran que la aplicación del presupuesto vigente garantiza el pago de salarios, la prestación de servicios básicos y la operación regular de las instituciones públicas.
Entre líneas. Más allá del mensaje institucional, el comunicado también refleja la intención del Ejecutivo de retomar el control del proceso presupuestario mediante ajustes y diálogo legislativo.
- El Gobierno anunció que trabajará inicialmente en un reajuste presupuestario para adecuar el gasto a las necesidades actuales del país.
- En enero, el Ejecutivo prevé trasladar al Congreso una iniciativa de ley que permita aprobar un presupuesto ajustado para 2026.
- La propuesta buscará responder a prioridades económicas, sociales y de seguridad, en un contexto de restricciones fiscales y alta demanda ciudadana.
Ahora qué. Tras la suspensión provisional, el proceso presupuestario entra en una nueva fase marcada por definiciones políticas y legislativas.
- El Ejecutivo deberá consensuar con el Congreso una nueva propuesta presupuestaria que supere los señalamientos de forma observados por la CC.
- Mientras tanto, el Estado operará con el presupuesto vigente, lo que limita nuevos programas y obliga a mayor disciplina en el uso de los recursos.
- La resolución también ocurre en un momento institucional clave, ya que el próximo año el Congreso y el Ejecutivo deberán designar a un magistrado titular y a uno suplente de la CC, un proceso que marcará la relación entre los poderes del Estado.
El Gobierno de Bernardo Arévalo fijó postura tras la suspensión provisional del Presupuesto General 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC). Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo aseguró que garantizará la continuidad del Estado y de los servicios públicos, mientras impulsa un reajuste presupuestario y una nueva iniciativa de ley que será presentada al Congreso.
Es noticia. Tras la decisión de los magistrados de la CC, que dejó en suspenso el decreto aprobado el 26 de noviembre por los diputados, el Ejecutivo afirmó que actuará “en el marco de la legalidad” y que la suspensión no detiene el funcionamiento del Estado ni la prestación de servicios a la población.
- Las autoridades recordaron que, según la Constitución, cuando un presupuesto no entra en vigencia, se aplica el del año anterior, lo que permite la continuidad institucional.
- El Gobierno subrayó que la resolución judicial no frena su agenda y reiteró que mantiene el compromiso de cumplir con sus responsabilidades frente a la ciudadanía.
- Aseguran que la aplicación del presupuesto vigente garantiza el pago de salarios, la prestación de servicios básicos y la operación regular de las instituciones públicas.
Entre líneas. Más allá del mensaje institucional, el comunicado también refleja la intención del Ejecutivo de retomar el control del proceso presupuestario mediante ajustes y diálogo legislativo.
- El Gobierno anunció que trabajará inicialmente en un reajuste presupuestario para adecuar el gasto a las necesidades actuales del país.
- En enero, el Ejecutivo prevé trasladar al Congreso una iniciativa de ley que permita aprobar un presupuesto ajustado para 2026.
- La propuesta buscará responder a prioridades económicas, sociales y de seguridad, en un contexto de restricciones fiscales y alta demanda ciudadana.
Ahora qué. Tras la suspensión provisional, el proceso presupuestario entra en una nueva fase marcada por definiciones políticas y legislativas.
- El Ejecutivo deberá consensuar con el Congreso una nueva propuesta presupuestaria que supere los señalamientos de forma observados por la CC.
- Mientras tanto, el Estado operará con el presupuesto vigente, lo que limita nuevos programas y obliga a mayor disciplina en el uso de los recursos.
- La resolución también ocurre en un momento institucional clave, ya que el próximo año el Congreso y el Ejecutivo deberán designar a un magistrado titular y a uno suplente de la CC, un proceso que marcará la relación entre los poderes del Estado.
