CACIF demanda revertir restricciones en GUATECOMPRAS

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) manifestó su rechazo a las modificaciones implementadas por el Ministerio de Finanzas Públicas en la plataforma GUATECOMPRAS.

• A criterio del sector empresarial, los cambios representan un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Qué destacar. La organización señaló que las nuevas disposiciones limitan las herramientas disponibles para que ciudadanos, periodistas, investigadores y organizaciones de sociedad civil puedan fiscalizar las contrataciones del Estado.

• La controversia surgió luego de que el Ministerio de Finanzas modificara el buscador de GUATECOMPRAS bajo el argumento de mejorar el rendimiento del sistema.
• Desde julio, la plataforma dejó de consultar millones de registros del Registro Tributario Unificado y ahora únicamente muestra personas y empresas vinculadas directamente con procesos de contratación pública.
• Aunque las autoridades aseguran que la información no fue eliminada, diversos sectores sostienen que la medida restringe la capacidad de encontrar relaciones entre empresas, representantes legales, contadores y otros actores vinculados con compras estatales.

Por qué importa. Para el CACIF, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales de una administración responsable.

• Por ello, considera que cualquier reforma debe fortalecer los mecanismos de control ciudadano y no limitar las posibilidades de supervisión.
• Las críticas coinciden con las expresadas por periodistas y analistas que han advertido sobre los efectos de los cambios. Antes, una búsqueda por nombre permitía identificar conexiones entre personas, sociedades mercantiles y procesos de contratación.
• Ahora, para rastrear información es necesario conocer previamente datos específicos como el NIT de una empresa o los números de operación de GUATECOMPRAS.

Sí, pero. Los cuestionamientos se intensificaron porque las modificaciones afectan uno de los instrumentos más utilizados para investigaciones periodísticas sobre uso de recursos públicos.

• Casos de posibles redes de corrupción, simulación de competencia en licitaciones o vínculos entre contratistas y funcionarios podían detectarse mediante cruces de información que ahora resultan más complejos.
• La crítica también alcanzó al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Diversos sectores consideran contradictorio que un gobierno que llegó al poder con la promesa de fortalecer la lucha contra la corrupción impulse cambios percibidos como una limitación al escrutinio público.
• Uno de los argumentos más recurrentes es que la transparencia no depende únicamente de que los documentos permanezcan publicados. También requiere que la información pueda encontrarse de manera ágil y efectiva. Sin esa capacidad, la fiscalización pierde alcance.

En conclusión. Analistas sostienen que la decisión carece de una justificación técnica suficientemente sólida. Además, señalan que no se han presentado datos que demuestren que el sistema enfrentaba problemas que hicieran necesaria una restricción de esa magnitud.

• En ese contexto, el CACIF hizo un llamado directo al Ministerio de Finanzas para revisar y revertir las modificaciones. La entidad considera indispensable garantizar un acceso amplio, oportuno y efectivo a toda la información relacionada con compras y contrataciones públicas.
• El pronunciamiento se suma a una creciente presión de distintos sectores que observan con preocupación lo que consideran una de las mayores controversias sobre transparencia de los últimos años.
• Para los críticos, cerrar rutas de búsqueda equivale a reducir la capacidad de vigilancia ciudadana sobre el uso del dinero público.