Bernardo Arévalo y Karin Herrera repudian plan de la narcopolítica para asesinar a Rodrigo Arenas

El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera expresaron su rechazo a las amenazas denunciadas por Rodrigo Arenas, presidente editor de República, quien aseguró ser objetivo de un plan para asesinarlo debido a las investigaciones periodísticas que el medio ha publicado sobre presuntos vínculos entre actores políticos y estructuras del narcotráfico.

• Durante La Ronda, la conferencia semanal del Gobierno, Arévalo calificó las amenazas como un ataque directo a la libertad de expresión y confirmó que el Ejecutivo tomó contacto inmediato con el periodista tras conocerse públicamente la denuncia.

Voces. “Sobre las amenazas a Rodrigo Arenas, la posición del gobierno es del repudio absoluto a cualquier amenaza contra cualquier periodista o contra cualquier persona, pero en este caso un periodista, a raíz de información que provee en su medio”, afirmó el mandatario.

• Arévalo subrayó que el Gobierno considera especialmente grave que las intimidaciones estén relacionadas con el ejercicio periodístico y con la difusión de información de interés público. “Nosotros entendemos que estas amenazas son un atentado contra la libertad de expresión y el repudio es total”, agregó.
• El gobernante también reveló que las autoridades buscaron brindar respaldo institucional desde el momento en que se conoció la denuncia.
• “El Gobierno de la República inmediatamente, a través del Ministerio de Gobernación, del ministro de Gobernación, estableció contacto con el señor Arenas para ofrecer el apoyo y el respaldo que se considerara necesario. Está a su disposición y el contacto sigue con él”, señaló.

En el radar. La vicepresidenta Karin Herrera se comunicó directamente con Arenas para expresarle su solidaridad, respaldo y condena a las amenazas denunciadas.

• El acercamiento ocurrió luego de que se hiciera pública la existencia de un supuesto plan criminal para atentar contra la vida del periodista.
• Las manifestaciones de ambos funcionarios se producen en medio de una escalada de denuncias relacionadas con amenazas atribuidas a sectores de la narcopolítica.
• El 13 de agosto, Arenas denunció la planificación de atentados en su contra y contra integrantes del equipo editorial de República. Aseguró que las amenazas surgieron tras investigaciones periodísticas sobre presuntos nexos entre actores políticos y organizaciones criminales.

Lo que sigue. Posteriormente, el 17 de agosto, República difundió un comunicado en el que informó que Arenas compareció ante autoridades de Estados Unidos para declarar e intercambiar información relacionada con un presunto contrato de sicariato y amenazas dirigidas contra él, otros periodistas del medio y colaboradores cercanos.

• Según el comunicado, la información entregada a las autoridades identifica a Roberto Arzú García-Granados y al presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colindres, como presuntos responsables de la planificación del atentado. El medio también señaló que existen denuncias formales presentadas tanto ante el Ministerio Público de Guatemala como ante autoridades estadounidenses.
• La publicación sostiene que las autoridades de ambos países ya cuentan con información e indicios para desarrollar las investigaciones correspondientes.
• Asimismo, responsabiliza públicamente a las personas señaladas por cualquier agresión, atentado o acto de violencia que pudiera ocurrir contra Arenas, miembros de su familia o integrantes de República.

En conclusión. El caso ha generado atención nacional e internacional. En los últimos días, el Ministerio Público confirmó la existencia de amenazas contra fiscales que investigan organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

• Mientras que la Embajada de Estados Unidos advirtió sobre la participación de actores políticos relacionados con estas estructuras y reiteró su política de “cero tolerancia” hacia narcotraficantes y quienes les brindan cobertura política.
• En ese contexto, Arévalo y Herrera enviaron un mensaje de respaldo al periodista y de condena a cualquier intento de silenciar investigaciones periodísticas mediante la violencia.
• Para el Ejecutivo, las amenazas denunciadas por Arenas no solo afectan a una persona o a un medio de comunicación, sino que constituyen un desafío a la libertad de expresión y al funcionamiento democrático del país.