EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La denuncia de plan para atentar contra Rodrigo Arenas, presidente editor de República, provocó una reacción contundente del sector privado organizado.
- CACIF, FUNDESA y la Asociación de Amigos del País coincidieron en un mensaje central: las amenazas contra periodistas constituyen un ataque directo contra la libertad de expresión, el Estado de Derecho y la democracia.
Qué destacar. Las organizaciones expresaron solidaridad con Arenas y su equipo. También advirtieron sobre los riesgos que representa la infiltración del crimen organizado en la vida pública y exigieron una respuesta inmediata de las autoridades.
- FUNDESA fue categórica. La fundación aseguró que “rechaza categóricamente cualquier manifestación de violencia, amenaza, intimidación, hostigamiento o coacción dirigida contra periodistas”. Además, recordó que “la libertad de emisión del pensamiento es un pilar de la democracia y del desarrollo”. El pronunciamiento va más allá de una condena. FUNDESA subraya que la investigación periodística sobre el crimen organizado y su penetración en la política y en las instituciones del Estado es fundamental para preservar el Estado de Derecho.
- La organización advirtió que cuando quienes informan sobre estos temas son objeto de agresiones, el costo lo paga toda la institucionalidad democrática.
- La entidad también lanzó un mensaje directo a las autoridades. “Instamos a las autoridades competentes a investigar los hechos con prontitud, objetividad e independencia”, señaló.
En el radar. CACIF se sumó con un rechazo igualmente contundente.
- La organización empresarial afirmó que “el sector privado organizado repudia y rechaza contundentemente cualquier amenaza o acción que atente contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de prensa y la integridad física y seguridad de las personas”.
- Para la cúpula empresarial, este tipo de actos representa una amenaza para las libertades fundamentales. En su comunicado destacó que “este tipo de acciones no pueden ni deben ser aceptadas en nuestra sociedad”, porque vulneran principios esenciales para la convivencia democrática y el desarrollo del país.
- Además, reiteró su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con la preservación de un entorno seguro para el debate público y la participación ciudadana.
Punto de fricción. La Asociación de Amigos del País también elevó el tono de la denuncia. En un documento público sostuvo que “una amenaza contra un periodista no es un asunto privado”. Por el contrario, afirmó que constituye “un mensaje dirigido a toda la sociedad para que ciertos hechos no se investiguen y ciertas preguntas no se formulen”.
- La organización expresó su solidaridad con Rodrigo Arenas, su familia y el equipo de República.
- Asimismo, exigió que las instituciones del Estado actúen sin demora. “Hacemos un llamado a las autoridades para que actúen con prontitud y sin cálculo político”, demandó.
- Uno de los mensajes más fuertes del comunicado apunta a la penetración del crimen organizado en espacios de poder. “La infiltración del crimen organizado en la vida pública constituye hoy la mayor amenaza para la institucionalidad guatemalteca”.
En conclusión. Según la asociación, sus efectos alcanzan a las instituciones, la inversión, la justicia y la confianza ciudadana. Por ello, exigió a las autoridades actuar con prontitud, identificar y perseguir a los responsables materiales e intelectuales y garantizar medidas de protección efectivas.
- También recordó que la impunidad frente a estos hechos se convierte en el principal incentivo para que las agresiones contra periodistas vuelvan a repetirse.
- Las tres organizaciones coinciden en un punto clave: una amenaza contra periodistas no afecta únicamente a un medio de comunicación. Afecta el derecho de los ciudadanos a estar informados.
- Por eso, los pronunciamientos representan una defensa abierta de la libertad de expresión y una alerta sobre los riesgos que enfrenta Guatemala cuando quienes investigan y denuncian son objeto de intimidación.
La denuncia de plan para atentar contra Rodrigo Arenas, presidente editor de República, provocó una reacción contundente del sector privado organizado.
- CACIF, FUNDESA y la Asociación de Amigos del País coincidieron en un mensaje central: las amenazas contra periodistas constituyen un ataque directo contra la libertad de expresión, el Estado de Derecho y la democracia.
Qué destacar. Las organizaciones expresaron solidaridad con Arenas y su equipo. También advirtieron sobre los riesgos que representa la infiltración del crimen organizado en la vida pública y exigieron una respuesta inmediata de las autoridades.
- FUNDESA fue categórica. La fundación aseguró que “rechaza categóricamente cualquier manifestación de violencia, amenaza, intimidación, hostigamiento o coacción dirigida contra periodistas”. Además, recordó que “la libertad de emisión del pensamiento es un pilar de la democracia y del desarrollo”. El pronunciamiento va más allá de una condena. FUNDESA subraya que la investigación periodística sobre el crimen organizado y su penetración en la política y en las instituciones del Estado es fundamental para preservar el Estado de Derecho.
- La organización advirtió que cuando quienes informan sobre estos temas son objeto de agresiones, el costo lo paga toda la institucionalidad democrática.
- La entidad también lanzó un mensaje directo a las autoridades. “Instamos a las autoridades competentes a investigar los hechos con prontitud, objetividad e independencia”, señaló.
En el radar. CACIF se sumó con un rechazo igualmente contundente.
- La organización empresarial afirmó que “el sector privado organizado repudia y rechaza contundentemente cualquier amenaza o acción que atente contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de prensa y la integridad física y seguridad de las personas”.
- Para la cúpula empresarial, este tipo de actos representa una amenaza para las libertades fundamentales. En su comunicado destacó que “este tipo de acciones no pueden ni deben ser aceptadas en nuestra sociedad”, porque vulneran principios esenciales para la convivencia democrática y el desarrollo del país.
- Además, reiteró su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con la preservación de un entorno seguro para el debate público y la participación ciudadana.
Punto de fricción. La Asociación de Amigos del País también elevó el tono de la denuncia. En un documento público sostuvo que “una amenaza contra un periodista no es un asunto privado”. Por el contrario, afirmó que constituye “un mensaje dirigido a toda la sociedad para que ciertos hechos no se investiguen y ciertas preguntas no se formulen”.
- La organización expresó su solidaridad con Rodrigo Arenas, su familia y el equipo de República.
- Asimismo, exigió que las instituciones del Estado actúen sin demora. “Hacemos un llamado a las autoridades para que actúen con prontitud y sin cálculo político”, demandó.
- Uno de los mensajes más fuertes del comunicado apunta a la penetración del crimen organizado en espacios de poder. “La infiltración del crimen organizado en la vida pública constituye hoy la mayor amenaza para la institucionalidad guatemalteca”.
En conclusión. Según la asociación, sus efectos alcanzan a las instituciones, la inversión, la justicia y la confianza ciudadana. Por ello, exigió a las autoridades actuar con prontitud, identificar y perseguir a los responsables materiales e intelectuales y garantizar medidas de protección efectivas.
- También recordó que la impunidad frente a estos hechos se convierte en el principal incentivo para que las agresiones contra periodistas vuelvan a repetirse.
- Las tres organizaciones coinciden en un punto clave: una amenaza contra periodistas no afecta únicamente a un medio de comunicación. Afecta el derecho de los ciudadanos a estar informados.
- Por eso, los pronunciamientos representan una defensa abierta de la libertad de expresión y una alerta sobre los riesgos que enfrenta Guatemala cuando quienes investigan y denuncian son objeto de intimidación.
