Acuerdos entre el oficialismo y la oposición para TSE

La elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó una escena que ya es común en el Congreso: oficialismo y oposición pactaron para elegir a las nuevas autoridades. Pero detrás de esa aparente unanimidad hay concesiones políticas y acuerdos que traen a la memoria otras elecciones, como la de la Corte Suprema de Justicia. 

Por qué importa. La elección de las nuevas autoridades electorales era una de las decisiones más sensibles del Congreso, pues los nuevos magistrados tendrán a su cargo los procesos electorales de 2027 y 2031, después de un período en el que el árbitro electoral recibió críticas por decisiones administrativas y resoluciones controvertidas. 

• Las autoridades salientes enfrentaron cuestionamientos por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y por resoluciones que dejaron fuera de la contienda a varios candidatos en 2023. 

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• Diputados de distintas bancadas abandonaron el hemiciclo con gestos de satisfacción, señal de que el resultado respondió a acuerdos previos. 

• Algunos magistrados alcanzaron hasta 155 votos sin votos en contra, un respaldo poco habitual en un Congreso fragmentado y que suele reflejar negociaciones políticas antes de la votación. 

Entre líneas. El oficialismo intenta mostrar que influyó en la integración del TSE. Para lograrlo, también respaldó a candidatos que antes cuestionó, una práctica que suele criticarse cuando proviene de otras bancadas. 

• Uno de los casos más visibles fue el de Roberto Morales Gómez, quien obtuvo 130 votos. El magistrado titular electo mantiene, según varias fuentes, cercanía con la dirigencia de la UNE y con Sandra Torres. 

• Su nombre ganó notoriedad cuando la sala que integra dejó fuera a los profesionales de las ciencias afines en la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. 

• A pesar de las críticas previas, diputados oficialistas como Mirna Godoy Palala, Duvalier Castañón y Olga Villalta, votaron a su favor, según el registro de votación.  

Visto y no visto. Las negociaciones también implicaron concesiones. La integración final del tribunal mostró que todos los bloques cedieron espacios, incluido el oficialismo que buscaba marcar distancia con la política tradicional. 

• Allan Rodríguez, jefe de bloque de Vamos, afirmó a los medios de comunicación que su bancada respaldó a la mayoría. “Ocho tenían nuestro visto bueno”, dijo, en alusión a dos nombres que no respondían a sus preferencias. 

• Uno de esos casos sería Francisco Puac Choz, magistrado suplente. Abogado y notario, actualmente es vicepresidente del Colegio de Abogados para el período 2025-2027. En 2024 participó en el proceso para integrar las Comisiones de Postulación de Cortes de Apelaciones. 

• Puac también tuvo relación con el oficialismo: representó legalmente a algunos diputados de Semilla y a personas vinculadas a ese partido. 

Balance. Otro de los magistrados titulares es Kelvin Otoniel Jiménez Villalta, abogado y defensor de derechos humanos que ha trabajado como asesor jurídico del Parlamento del Pueblo Xinka. Su perfil refleja una trayectoria ligada a litigios sobre territorios y conflictos con proyectos extractivos. 

• Jiménez Villalta participó en acciones legales contra proyectos mineros, entre ellos el caso de la Minera San Rafael. En 2019 recibió medidas cautelares de la CIDH por amenazas relacionadas con su trabajo. 

• En 2025 integró la nómina enviada al Congreso para la elección del TSE, con una trayectoria vinculada a distintas instituciones jurídicas, incluida la Corte de Constitucionalidad. 

• Tras la votación, diputados oficialistas celebraron el resultado en redes sociales. La escena recuerda otro episodio reciente: cuando Samuel Pérez celebró la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decisiones que luego recibieron fuertes críticas. 

Ahora qué. Con la elección concluida, la atención se traslada al desempeño de los nuevos magistrados. La integración del TSE surgió de pactos políticos amplios, pero la verdadera prueba llegará cuando deban tomar decisiones que impacten directamente en la competencia electoral. 

• Los magistrados tendrán en sus manos el proceso electoral de 2027 y 2031. Su actuación mostrará si el tribunal mantiene independencia frente a las fuerzas políticas que facilitaron su elección. 

• En el pasado reciente, varias decisiones del TSE generaron cuestionamientos por la exclusión de candidatos y por la gestión del sistema de resultados electorales preliminares. 

• Por ahora, todos los bloques celebran el resultado. La independencia del nuevo tribunal no se medirá en los votos que obtuvo en el Congreso, sino en las resoluciones que adopte cuando llegue el próximo proceso electoral.