EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El martes, el Congreso de la República eligió a los 10 nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral —cinco titulares y cinco suplentes— que dirigirán no una, sino dos elecciones generales. La noticia, en cualquier democracia seria, debería celebrarse como un paso de fortalecimiento institucional. En Guatemala, sin embargo, llega con escepticismo.
La comisión de postulación y, sobre todo, la lista que elaboró nacieron cojas. Fue duramente cuestionada por la Embajada de EE. UU., por el sector privado organizado y por organizaciones de sociedad civil que documentaron con nombres y apellidos cómo se dejaron fuera perfiles con mayor preparación técnica, trayectoria intachable y experiencia real en materia electoral. En su lugar, aparecieron candidaturas que, según informes, mantenían vínculos inquietantes con estructuras de crimen organizado. El resultado fue previsible: Washington aplicó su “veto moral” y el Congreso, por una vez, entendió el mensaje. Tres nombres fueron descartados de facto antes siquiera de llegar a la votación.
Quedaron 10 profesionales que heredan un TSE devastado; la magistratura saliente pasará a la historia como la peor que ha tenido el país: procesos opacos, compras sobrevaloradas, resoluciones tardías, confianza ciudadana en el piso y una capacidad operativa erosionada. Sobre esos hombros ahora recae la responsabilidad de organizar dos procesos electorales consecutivos. Es una tarea titánica. Y peligrosa.
Lo curioso —o mejor dicho, lo revelador— es cómo se destrabó el proceso. La semana anterior todo fue bloqueo, acusaciones cruzadas y amenazas de no votar; en cambio, esta, de repente, después de algunos cabildeos nocturnos y llamadas estratégicas, surgió el consenso mágico. Se votó. Se respetaron los acuerdos. Todo fluyó. Contrastemos eso con la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, donde los mismos actores se lanzaron sapos y culebras. ¿Por qué ahora sí y antes no?
La respuesta es tan clara como incómoda: nadie, ni oficialismo ni oposición, quiso jugarse el pellejo con quienes van a tener en sus manos la inscripción de candidatos, la fiscalización de partidos, las sanciones y, eventualmente, las exclusiones. Cuando el premio es controlar al árbitro que decidirá quién puede competir y quién queda fuera, la “división” partidaria desaparece como por arte de magia. La casta política, tan fragmentada para todo lo demás, se vuelve monolítica cuando se trata de protegerse a sí misma.
Es el mismo mecanismo que explica por qué las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos siguen congeladas desde hace años. Todos saben que son necesarias. Todos admiten en privado que el sistema actual fomenta la corrupción, el transfuguismo y el financiamiento ilícito. Pero también saben que cualquier cambio real les afectaría directamente a ellos. Por eso no hay prisa. Por eso el consenso solo aparece cuando el riesgo es compartido y la ganancia, también.
Los nuevos magistrados del TSE tienen ahora la palabra; deben devolver la credibilidad al ente rector de la democracia guatemalteca o pueden convertirse en otra nota al pie de la larga lista de instituciones capturadas. El país los observa con escepticismo justificado. La historia reciente enseña que, en Guatemala, los acuerdos más rápidos pueden ser los menos convenientes para la ciudadanía.
Ojalá esta vez sea diferente. Pero la experiencia obliga a dudar.
El martes, el Congreso de la República eligió a los 10 nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral —cinco titulares y cinco suplentes— que dirigirán no una, sino dos elecciones generales. La noticia, en cualquier democracia seria, debería celebrarse como un paso de fortalecimiento institucional. En Guatemala, sin embargo, llega con escepticismo.
La comisión de postulación y, sobre todo, la lista que elaboró nacieron cojas. Fue duramente cuestionada por la Embajada de EE. UU., por el sector privado organizado y por organizaciones de sociedad civil que documentaron con nombres y apellidos cómo se dejaron fuera perfiles con mayor preparación técnica, trayectoria intachable y experiencia real en materia electoral. En su lugar, aparecieron candidaturas que, según informes, mantenían vínculos inquietantes con estructuras de crimen organizado. El resultado fue previsible: Washington aplicó su “veto moral” y el Congreso, por una vez, entendió el mensaje. Tres nombres fueron descartados de facto antes siquiera de llegar a la votación.
Quedaron 10 profesionales que heredan un TSE devastado; la magistratura saliente pasará a la historia como la peor que ha tenido el país: procesos opacos, compras sobrevaloradas, resoluciones tardías, confianza ciudadana en el piso y una capacidad operativa erosionada. Sobre esos hombros ahora recae la responsabilidad de organizar dos procesos electorales consecutivos. Es una tarea titánica. Y peligrosa.
Lo curioso —o mejor dicho, lo revelador— es cómo se destrabó el proceso. La semana anterior todo fue bloqueo, acusaciones cruzadas y amenazas de no votar; en cambio, esta, de repente, después de algunos cabildeos nocturnos y llamadas estratégicas, surgió el consenso mágico. Se votó. Se respetaron los acuerdos. Todo fluyó. Contrastemos eso con la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, donde los mismos actores se lanzaron sapos y culebras. ¿Por qué ahora sí y antes no?
La respuesta es tan clara como incómoda: nadie, ni oficialismo ni oposición, quiso jugarse el pellejo con quienes van a tener en sus manos la inscripción de candidatos, la fiscalización de partidos, las sanciones y, eventualmente, las exclusiones. Cuando el premio es controlar al árbitro que decidirá quién puede competir y quién queda fuera, la “división” partidaria desaparece como por arte de magia. La casta política, tan fragmentada para todo lo demás, se vuelve monolítica cuando se trata de protegerse a sí misma.
Es el mismo mecanismo que explica por qué las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos siguen congeladas desde hace años. Todos saben que son necesarias. Todos admiten en privado que el sistema actual fomenta la corrupción, el transfuguismo y el financiamiento ilícito. Pero también saben que cualquier cambio real les afectaría directamente a ellos. Por eso no hay prisa. Por eso el consenso solo aparece cuando el riesgo es compartido y la ganancia, también.
Los nuevos magistrados del TSE tienen ahora la palabra; deben devolver la credibilidad al ente rector de la democracia guatemalteca o pueden convertirse en otra nota al pie de la larga lista de instituciones capturadas. El país los observa con escepticismo justificado. La historia reciente enseña que, en Guatemala, los acuerdos más rápidos pueden ser los menos convenientes para la ciudadanía.
Ojalá esta vez sea diferente. Pero la experiencia obliga a dudar.
