Aceptación de cargos, la vía de la impunidad

A cuatro años de su entrada en vigor, la Ley de Aceptación de Cargos cambió la forma en que concluyen los procesos penales y ganó terreno en los juzgados. Su expansión coincidió con una caída de la prisión preventiva, pero la información disponible no permite atribuir esa reducción al mecanismo ni medir todos sus efectos.

• El cuello de botella está en los juzgados de primera instancia. El Organismo Judicial (OJ) registra unos 236 juzgados de esta categoría, distribuidos en distintas ramas.

Por qué importa. La reforma buscó acortar procesos que por ley deberían durar 143 días, pero que en la práctica se extienden hasta 918, según el CIEN. Su diseño permite cerrar antes los casos cuando el acusado acepta los cargos, con rebajas que dependen del momento en que lo hace.

• La decisión de aceptar los cargos corresponde a la persona ligada a proceso, que la manifiesta ante el juez. El Ministerio Público (MP) investiga, formula la acusación y presenta los hechos, pero no controla esa decisión.

• La ley excluye delitos como homicidio, femicidio, violación, secuestro, robo agravado, extorsión, trata y narcoactividad, así como a los reincidentes en el mismo delito.

• Para conservar la rebaja, el acusado debe cumplir con la reparación digna; si incumple, el beneficio puede revocarse. Sin embargo, no hay datos sistemáticos que permitan saber cuántos casos llegan a ese punto.

En el radar. El uso del mecanismo creció con rapidez y desplazó parte del trabajo hacia los juzgados de primera instancia. Los expedientes ya no llegan a juicio oral, pero a cambio exigen más audiencias y más sentencias en la fase inicial.

• Las sentencias por aceptación de cargos pasaron de 514 en 2022 a 3496 en 2025. Ese último año representaron el 32.4 % de todas las sentencias registradas por el MP.

• En 2024, los juzgados ya emitían más del triple de sentencias de este tipo que en 2022. La primera instancia absorbió así una carga mayor, a cambio de que menos casos avancen hacia el tribunal de sentencia.

• La violencia contra la mujer concentra el 41 % de estas sentencias. Entre los demás delitos figuran la portación ilegal de armas, el lavado de dinero y el robo de terminal móvil.

Punto de fricción. La prisión preventiva empezó a bajar en 2020, en paralelo con el creciente uso de la aceptación de cargos. Hay coincidencia, pero no alcanza para establecer una relación directa: con la información disponible no es posible medir cuánto de esa reducción obedece a la nueva ley y cuánto a otros cambios en el sistema penal.

• Entre 2020 y 2026, el número de personas en prisión preventiva cayó 44 %, de 11 991 a 6696. Su peso dentro de la población privada de libertad bajó de 47 % a 29 % en el mismo periodo.

• Aceptar los cargos puede resultar atractivo para quien quiere evitar un proceso largo y la prisión preventiva. Pero esa decisión también puede depender de contar con una defensa adecuada y con recursos para reparar el daño.

• No hay datos sistemáticos sobre recalificación de delitos, incumplimiento de la reparación ni revocatorias. Por eso no es posible medir con certeza cuánto incide el mecanismo en la determinación de la responsabilidad penal.

En conclusión. La aceptación de cargos cumplió parte de su propósito: acortó procesos y redujo el número de expedientes que llegan a juicio. Pero esa rapidez no elimina la carga del sistema, sino que la concentra en la primera instancia. El reto ahora es medir ese costo y comprobar si los beneficios llegan efectivamente a las víctimas.

• El desafío ya no es solo acelerar los procesos, sino saber qué se gana, qué carga se traslada a los juzgados y qué queda pendiente para las víctimas cuando un caso se cierra por esta vía.

• Sin datos sobre reparaciones incumplidas, recalificaciones, rebajas y revocatorias, el Estado no puede dimensionar el alcance de la reforma ni sus efectos sobre víctimas, acusados y juzgados.

• Una evaluación legislativa debería revisar su impacto en la carga judicial, la prisión preventiva, la acumulación de beneficios y los mecanismos de control.