Florida sienta a Pfizer en el banquillo
Uthmeier demandó a Pfizer y a Bourla por ocultar riesgos y afirmar que la vacuna frenaba el contagio. La empresa rechaza la acusación
El jueves Florida pasó de la rueda de prensa al escrito. El fiscal general James Uthmeier demandó a Pfizer y a su consejero delegado, Albert Bourla, en el tribunal del circuito de St. Lucie. Son dos cargos bajo la ley estatal de prácticas comerciales desleales. El primero, declaraciones y omisiones sobre la seguridad de la vacuna de ARNm. El segundo, el negocio que se montó encima. Uthmeier lo resumió así: a las familias se les dijo que la vacunación masiva era necesaria para detener el contagio y que no había riesgos materiales. Bourla, añade la demanda, dijo que quien no se vacunaba ponía en riesgo a los suyos y trató de criminales a quienes cuestionaban la eficacia.
Por qué importa. El escrito, de 49 páginas, no pide indemnizaciones individuales. Pide que paren, multa de 10.000 dólares por infracción y 15.000 si afectó a un mayor o a una persona con discapacidad, y la restitución de ganancias.
- La cifra que el Estado pone encima de la mesa es conocida: más de 80 000 millones de dólares en ventas de la vacuna, unos 10 000 millones en publicidad entre 2020 y 2023, y un precio que pasó de unos USD 30 la dosis a entre 110 y 130 en 2023. La acusación central es doble. Pfizer, dice Florida, animó a vacunarse para proteger al otro sin haber probado que la dosis cortara la transmisión.
- Y habló de una vacuna sin señales de seguridad —Bourla, en enero de 2023— mientras en sus bases había reportes de miocarditis y pericarditis en adolescentes y adultos jóvenes, de eventos adversos y de dudas sobre el embarazo.
- El escrito cita una base de 42 086 casos y 158 893 eventos, con 1223 muertes notificadas, y reconoce que la empresa no había establecido causalidad. Un reporte no es una prueba. El argumento de Uthmeier es otro: no se puede tener eso en el cajón y decir en público que no hay nada.
Lo indispensable. Pfizer respondió que las alegaciones no tienen fundamento, que sus declaraciones se apoyaban en la ciencia del momento y que contestará en el juzgado. Conviene no adelantar el fallo.
- En enero de 2025 DeSantis pidió al Tribunal Supremo de Florida un gran jurado sobre irregularidades en las vacunas. No encontró infracciones. La FDA, en 2025, actualizó el aviso de miocarditis y pericarditis en hombres jóvenes.
- En el estado murieron más de 93.000 personas por COVID. El pleito no reescribe eso. Discute lo que se dijo mientras se vendía.
Datos clave. La demanda es el último capítulo de un choque que empezó antes de la primera dosis en un brazo de Miami. El 30 de noviembre de 2020 DeSantis anunció que las aulas seguían abiertas, contra el cierre que pedía Washington.
- En septiembre de 2021 nombró cirujano general a Joseph Ladapo, con el encargo de anteponer el dato propio y la libertad individual a la consigna federal. Florida fue el primer estado en desaconsejar la vacuna de COVID a los niños sanos.
- No impuso mascarilla obligatoria en la escuela ni pasaporte sanitario. Ladapo llegó a comparar los mandatos escolares de vacunación con una forma de servidumbre, ya en 2025, y el Estado se puso a desmontarlos. Para el gobernador, la pandemia fue la prueba de que Tallahassee podía decir que no.
- Para la Casa Blanca de entonces, fue un desafío. Para el padre que hacía cola en el Tropical Park, fue una orden distinta según el canal que tuviera puesto.
Ahora qué. El escrito de Uthmeier llega con las midterms encima y con el recuerdo todavía vivo en una ciudad que llenó hospitales y perdió abuelos. No va a devolver a nadie. Puede fijar, en un tribunal de Florida, si la frase "frena el contagio" fue ciencia o fue anuncio.
- Pfizer tiene el expediente, los ensayos y el tiempo. El Estado tiene la ley de consumo y cinco años de haber dicho que no se fiaba. El jueves esa pelea dejó de ser un discurso.
Florida sienta a Pfizer en el banquillo
Uthmeier demandó a Pfizer y a Bourla por ocultar riesgos y afirmar que la vacuna frenaba el contagio. La empresa rechaza la acusación
El jueves Florida pasó de la rueda de prensa al escrito. El fiscal general James Uthmeier demandó a Pfizer y a su consejero delegado, Albert Bourla, en el tribunal del circuito de St. Lucie. Son dos cargos bajo la ley estatal de prácticas comerciales desleales. El primero, declaraciones y omisiones sobre la seguridad de la vacuna de ARNm. El segundo, el negocio que se montó encima. Uthmeier lo resumió así: a las familias se les dijo que la vacunación masiva era necesaria para detener el contagio y que no había riesgos materiales. Bourla, añade la demanda, dijo que quien no se vacunaba ponía en riesgo a los suyos y trató de criminales a quienes cuestionaban la eficacia.
Por qué importa. El escrito, de 49 páginas, no pide indemnizaciones individuales. Pide que paren, multa de 10.000 dólares por infracción y 15.000 si afectó a un mayor o a una persona con discapacidad, y la restitución de ganancias.
- La cifra que el Estado pone encima de la mesa es conocida: más de 80 000 millones de dólares en ventas de la vacuna, unos 10 000 millones en publicidad entre 2020 y 2023, y un precio que pasó de unos USD 30 la dosis a entre 110 y 130 en 2023. La acusación central es doble. Pfizer, dice Florida, animó a vacunarse para proteger al otro sin haber probado que la dosis cortara la transmisión.
- Y habló de una vacuna sin señales de seguridad —Bourla, en enero de 2023— mientras en sus bases había reportes de miocarditis y pericarditis en adolescentes y adultos jóvenes, de eventos adversos y de dudas sobre el embarazo.
- El escrito cita una base de 42 086 casos y 158 893 eventos, con 1223 muertes notificadas, y reconoce que la empresa no había establecido causalidad. Un reporte no es una prueba. El argumento de Uthmeier es otro: no se puede tener eso en el cajón y decir en público que no hay nada.
Lo indispensable. Pfizer respondió que las alegaciones no tienen fundamento, que sus declaraciones se apoyaban en la ciencia del momento y que contestará en el juzgado. Conviene no adelantar el fallo.
- En enero de 2025 DeSantis pidió al Tribunal Supremo de Florida un gran jurado sobre irregularidades en las vacunas. No encontró infracciones. La FDA, en 2025, actualizó el aviso de miocarditis y pericarditis en hombres jóvenes.
- En el estado murieron más de 93.000 personas por COVID. El pleito no reescribe eso. Discute lo que se dijo mientras se vendía.
Datos clave. La demanda es el último capítulo de un choque que empezó antes de la primera dosis en un brazo de Miami. El 30 de noviembre de 2020 DeSantis anunció que las aulas seguían abiertas, contra el cierre que pedía Washington.
- En septiembre de 2021 nombró cirujano general a Joseph Ladapo, con el encargo de anteponer el dato propio y la libertad individual a la consigna federal. Florida fue el primer estado en desaconsejar la vacuna de COVID a los niños sanos.
- No impuso mascarilla obligatoria en la escuela ni pasaporte sanitario. Ladapo llegó a comparar los mandatos escolares de vacunación con una forma de servidumbre, ya en 2025, y el Estado se puso a desmontarlos. Para el gobernador, la pandemia fue la prueba de que Tallahassee podía decir que no.
- Para la Casa Blanca de entonces, fue un desafío. Para el padre que hacía cola en el Tropical Park, fue una orden distinta según el canal que tuviera puesto.
Ahora qué. El escrito de Uthmeier llega con las midterms encima y con el recuerdo todavía vivo en una ciudad que llenó hospitales y perdió abuelos. No va a devolver a nadie. Puede fijar, en un tribunal de Florida, si la frase "frena el contagio" fue ciencia o fue anuncio.
- Pfizer tiene el expediente, los ensayos y el tiempo. El Estado tiene la ley de consumo y cinco años de haber dicho que no se fiaba. El jueves esa pelea dejó de ser un discurso.
