El impuesto sobre inmuebles en Latinoamérica tiene un peso marginal en el PIB regional frente a las economías desarrolladas. En promedio, representa el 0.35 % del PIB. Guatemala refleja esa brecha con el IUSI, aunque una mejor administración podría reducirla.
Por qué importa. El impuesto aporta alrededor del 1.5 % de la recaudación tributaria latinoamericana. La cifra resulta baja para municipios que necesitan ampliar infraestructura y servicios básicos. La región aprovecha poco una fuente de ingresos ligada al crecimiento urbano.
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En Guatemala, la recaudación del IUSI representa menos del 0.15 % del PIB. Solamente Brasil, Colombia y Uruguay superan el 0.5 % en la región.
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En el otro extremo, en EE. UU., Inglaterra y Canadá, el impuesto predial representa entre el 2.5 % y el 3 % del PIB.
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Claudia M. De Cesare, investigadora del Lincoln Institute, calculó que la región podría elevar este impuesto entre el 1 % y el 1.2 % del PIB. Otros estudios elevan el dato a un 2 %.
Entre líneas. La recaudación depende de que los municipios establezcan el valor real de las propiedades. Cuando el catastro contiene datos incompletos o desactualizados, las municipalidades dejan fuera inmuebles que deberían pagar o cobran sobre valores inferiores.
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La investigadora explicó que Ecuador y Costa Rica elevaron la recaudación mediante mejoras administrativas. Costa Rica aumentó un 200 % su recaudación como proporción del PIB.
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Por eso, los municipios necesitan registrar los valores cercanos al mercado y actualizar sus catastros.
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Asimismo, el exceso de exenciones agrava el problema: reduce el número de propiedades gravadas y concentra la carga en quienes pagan.
Punto de fricción. En Guatemala, las discusiones recientes sobre el IUSI se han concentrado en el cobro. “El debate no está en las tasas”, advierte Jean-Roch Lebeau, consultor internacional en políticas urbanas. También influyen la calidad del catastro, la capacidad de cobro y la transparencia.
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El 75 % de la recaudación del país debería destinarse a inversión, señaló De Cesare. El problema es no demostrar las obras que se financian con los recursos.
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“Una cultura tributaria no se cambia simplemente con cobrar”, sostiene Sergio Mazariegos, director de DICABI. Los autoavalúos sin verificación pueden mantener los valores fiscales por debajo del mercado.
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Mazariegos atribuye parte de la resistencia al pago a la falta de transparencia del uso del IUSI. Cuando las municipalidades identifican y publican las obras financiadas, el contribuyente comprendería lo que recibe a cambio de su pago.
Ahora qué. Un IUSI efectivo es un “efecto palanca”, según Lebeau. Una fuente estable de ingresos facilita el acceso municipal a préstamos bancarios. Para lograrlo, se debe demostrar que el impuesto se destina a infraestructura.
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Lebeau plantea coordinar el catastro nacional con los municipios para lograr una base inicial completa. Esto permitiría incorporar propiedades que hoy no aparecen y calcular valores cercanos al mercado.
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Una reforma también debería obligar a los municipios a ser transparentes, publicar las obras financiadas y demostrar al contribuyente cómo se utilizó el IUSI en su comunidad.
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Eliminar el impuesto quitaría a los municipios una fuente local de financiamiento, según Lebeau. En su lugar, propone mejorar el cobro y utilizar esos ingresos para construir la infraestructura que necesitan las ciudades.
El impuesto sobre inmuebles en Latinoamérica tiene un peso marginal en el PIB regional frente a las economías desarrolladas. En promedio, representa el 0.35 % del PIB. Guatemala refleja esa brecha con el IUSI, aunque una mejor administración podría reducirla.
Por qué importa. El impuesto aporta alrededor del 1.5 % de la recaudación tributaria latinoamericana. La cifra resulta baja para municipios que necesitan ampliar infraestructura y servicios básicos. La región aprovecha poco una fuente de ingresos ligada al crecimiento urbano.
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En Guatemala, la recaudación del IUSI representa menos del 0.15 % del PIB. Solamente Brasil, Colombia y Uruguay superan el 0.5 % en la región.
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En el otro extremo, en EE. UU., Inglaterra y Canadá, el impuesto predial representa entre el 2.5 % y el 3 % del PIB.
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Claudia M. De Cesare, investigadora del Lincoln Institute, calculó que la región podría elevar este impuesto entre el 1 % y el 1.2 % del PIB. Otros estudios elevan el dato a un 2 %.
Entre líneas. La recaudación depende de que los municipios establezcan el valor real de las propiedades. Cuando el catastro contiene datos incompletos o desactualizados, las municipalidades dejan fuera inmuebles que deberían pagar o cobran sobre valores inferiores.
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La investigadora explicó que Ecuador y Costa Rica elevaron la recaudación mediante mejoras administrativas. Costa Rica aumentó un 200 % su recaudación como proporción del PIB.
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Por eso, los municipios necesitan registrar los valores cercanos al mercado y actualizar sus catastros.
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Asimismo, el exceso de exenciones agrava el problema: reduce el número de propiedades gravadas y concentra la carga en quienes pagan.
Punto de fricción. En Guatemala, las discusiones recientes sobre el IUSI se han concentrado en el cobro. “El debate no está en las tasas”, advierte Jean-Roch Lebeau, consultor internacional en políticas urbanas. También influyen la calidad del catastro, la capacidad de cobro y la transparencia.
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El 75 % de la recaudación del país debería destinarse a inversión, señaló De Cesare. El problema es no demostrar las obras que se financian con los recursos.
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“Una cultura tributaria no se cambia simplemente con cobrar”, sostiene Sergio Mazariegos, director de DICABI. Los autoavalúos sin verificación pueden mantener los valores fiscales por debajo del mercado.
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Mazariegos atribuye parte de la resistencia al pago a la falta de transparencia del uso del IUSI. Cuando las municipalidades identifican y publican las obras financiadas, el contribuyente comprendería lo que recibe a cambio de su pago.
Ahora qué. Un IUSI efectivo es un “efecto palanca”, según Lebeau. Una fuente estable de ingresos facilita el acceso municipal a préstamos bancarios. Para lograrlo, se debe demostrar que el impuesto se destina a infraestructura.
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Lebeau plantea coordinar el catastro nacional con los municipios para lograr una base inicial completa. Esto permitiría incorporar propiedades que hoy no aparecen y calcular valores cercanos al mercado.
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Una reforma también debería obligar a los municipios a ser transparentes, publicar las obras financiadas y demostrar al contribuyente cómo se utilizó el IUSI en su comunidad.
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Eliminar el impuesto quitaría a los municipios una fuente local de financiamiento, según Lebeau. En su lugar, propone mejorar el cobro y utilizar esos ingresos para construir la infraestructura que necesitan las ciudades.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: