EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El trámite ambiental mueve costos y calendarios
Según el sondeo, 67 % de los consultores indicó que los nuevos requisitos encarecieron los estudios ambientales en más de 25 %.
La tramitología ambiental se está convirtiendo en una variable menos predecible para quienes desarrollan proyectos en Guatemala. La preocupación está en los requerimientos adicionales, los cambios de criterio y el tiempo que puede permanecer un expediente dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), más que en el costo inicial de un instrumento ambiental.
Otoniel Barrios, CEO de Estudio ARSA, presentó durante una charla en la “Semana de la Construcción 2026” los resultados de un sondeo realizado a 63 consultores ambientales sobre los nuevos lineamientos aplicados a los expedientes.
La evaluación promedio sobre cuánto contribuyen estos procedimientos a mejorar la calidad técnica del instrumento ambiental fue de 1.97 sobre cinco.
Más ampliaciones y criterios diferentes
Uno de los principales problemas aparece después de ingresar el expediente, explicó. Los llamados previos corresponden principalmente a correcciones de forma o documentación y deben subsanarse en cinco días. Mientras que las ampliaciones pueden incorporar nuevos estudios, aclaraciones o procesos de participación pública.
El 41 % de los consultores señaló haber recibido cuatro o más ampliaciones en al menos un expediente. Además, el 60 % reportó solicitudes de información que ya había sido entregada o cambios de criterio durante el mismo proceso.
La falta de uniformidad también pesa. El 83 % aseguró haber recibido criterios diferentes entre la sede central y las delegaciones departamentales del MARN. Para el desarrollador, esa variabilidad dificulta anticipar qué documentación, estudios y costos terminará requiriendo un proyecto.
El impacto llega al presupuesto
Según el sondeo, 67 % de los consultores indicó que los nuevos requisitos encarecieron los estudios ambientales en más de 25 %, mientras que el 94 % afirmó haber perdido clientes o proyectos debido a los tiempos o costos asociados al trámite.
Barrios ejemplificó esa situación con un proyecto urbano de 6987 m² en zona 10. Debido a la tala prevista de un árbol, al expediente se le solicitaron, entre otros requisitos, estudios detallados de flora y fauna, medidas de compensación de biodiversidad, monitoreos de aire y ruido y un plan de seguridad vial.
De acuerdo con el consultor, los estudios adicionales terminaron costando alrededor de tres veces el valor original del instrumento ambiental. El tiempo también forma parte de la ecuación. El 56 % de los consultores estima que más del 75 % de la duración total del trámite corresponde a espera institucional, sin acciones pendientes del consultor.
En los casos más complejos, Barrios señaló que una categoría A puede superar los 180 días de elaboración y alcanzar hasta 365 días de análisis.
Para el sector inmobiliario, el resultado es una nueva capa de riesgo: el costo de requisitos, retrasos o reinicios del expediente termina incorporándose al proyecto. Barrios planteó que el objetivo no es reducir el control ambiental, sino construir procedimientos con criterios técnicos uniformes, previsibles y sustentados en la normativa.
El trámite ambiental mueve costos y calendarios
Según el sondeo, 67 % de los consultores indicó que los nuevos requisitos encarecieron los estudios ambientales en más de 25 %.
La tramitología ambiental se está convirtiendo en una variable menos predecible para quienes desarrollan proyectos en Guatemala. La preocupación está en los requerimientos adicionales, los cambios de criterio y el tiempo que puede permanecer un expediente dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), más que en el costo inicial de un instrumento ambiental.
Otoniel Barrios, CEO de Estudio ARSA, presentó durante una charla en la “Semana de la Construcción 2026” los resultados de un sondeo realizado a 63 consultores ambientales sobre los nuevos lineamientos aplicados a los expedientes.
La evaluación promedio sobre cuánto contribuyen estos procedimientos a mejorar la calidad técnica del instrumento ambiental fue de 1.97 sobre cinco.
Más ampliaciones y criterios diferentes
Uno de los principales problemas aparece después de ingresar el expediente, explicó. Los llamados previos corresponden principalmente a correcciones de forma o documentación y deben subsanarse en cinco días. Mientras que las ampliaciones pueden incorporar nuevos estudios, aclaraciones o procesos de participación pública.
El 41 % de los consultores señaló haber recibido cuatro o más ampliaciones en al menos un expediente. Además, el 60 % reportó solicitudes de información que ya había sido entregada o cambios de criterio durante el mismo proceso.
La falta de uniformidad también pesa. El 83 % aseguró haber recibido criterios diferentes entre la sede central y las delegaciones departamentales del MARN. Para el desarrollador, esa variabilidad dificulta anticipar qué documentación, estudios y costos terminará requiriendo un proyecto.
El impacto llega al presupuesto
Según el sondeo, 67 % de los consultores indicó que los nuevos requisitos encarecieron los estudios ambientales en más de 25 %, mientras que el 94 % afirmó haber perdido clientes o proyectos debido a los tiempos o costos asociados al trámite.
Barrios ejemplificó esa situación con un proyecto urbano de 6987 m² en zona 10. Debido a la tala prevista de un árbol, al expediente se le solicitaron, entre otros requisitos, estudios detallados de flora y fauna, medidas de compensación de biodiversidad, monitoreos de aire y ruido y un plan de seguridad vial.
De acuerdo con el consultor, los estudios adicionales terminaron costando alrededor de tres veces el valor original del instrumento ambiental. El tiempo también forma parte de la ecuación. El 56 % de los consultores estima que más del 75 % de la duración total del trámite corresponde a espera institucional, sin acciones pendientes del consultor.
En los casos más complejos, Barrios señaló que una categoría A puede superar los 180 días de elaboración y alcanzar hasta 365 días de análisis.
Para el sector inmobiliario, el resultado es una nueva capa de riesgo: el costo de requisitos, retrasos o reinicios del expediente termina incorporándose al proyecto. Barrios planteó que el objetivo no es reducir el control ambiental, sino construir procedimientos con criterios técnicos uniformes, previsibles y sustentados en la normativa.
