EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Puerto Santo Tomás de Castilla, principal conexión marítima del Atlántico guatemalteco, enfrenta una crisis operativa que mantiene suspendidas sus actividades. Desde el 18 de agosto, un paro laboral tiene retenidos más de 2700 contenedores y ha provocado pérdidas que ya superan los USD 30M. Estas acciones golpean las exportaciones clave y amenazan la competitividad del país.
Por qué importa. El Puerto Santo Tomás moviliza más del 30 % de la carga marítima guatemalteca, vital para agroindustria y manufactura. La suspensión interrumpe el flujo de más de 800 contenedores diarios, un tercio con productos perecederos.
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Según Amador Carballido, de AGEXPORT, “cada día de paro implica pérdidas de USD 10M” en productos perecederos como vegetales, alimentos y bebidas.
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La Cámara de Comercio interpuso un amparo en la CC, exigiendo reactivar operaciones “de manera inmediata” para proteger el comercio exterior.
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El daño ya es regional: se interrumpió la conexión con 25 puertos del Atlántico, afectando despachos a EE. UU., El Caribe y Europa.
Visto y no visto. El trasfondo es un conflicto laboral entre EMPORNAC y trabajadores, que denuncian condiciones injustas, mientras el sector privado acusa abusos.
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La Gerencia General documenta que cuadrillas cobraban horas extras infladas y turnos múltiples, incluso con personal descansando y cobrando.
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José de la Peña, presidente de EMPORNAC, señaló que “300 trabajadores tienen secuestrado el puerto”, impidiendo que 2000 empleados operen normalmente. Agregó que el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, se dirige a la zona para establecer un diálogo que permita reactivar operaciones.
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Empresarios alertan de que la huelga “ilegal” se traduce en pérdidas masivas y en la caída de la confianza internacional hacia Guatemala.
Punto de fricción. El paro se suma a problemas estructurales que ya restaban competitividad a Guatemala en el comercio exterior.
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Exportadores enfrentan desde inicios de año un arancel adicional de 10 % en EE. UU., la apreciación del quetzal (3% en 2025). Además, sobrecostes de USD 200 por contenedor impuestos por navieras debido a la congestión portuaria.
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El deterioro de infraestructura vial y la baja inversión pública en logística agravan la crisis. AGEXPORT advierte que pequeñas y medianas empresas podrían cerrar si la situación persiste.
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Importadores también están en riesgo: 120 contenedores de textiles varados podrían paralizar la industria de confección local en los próximos días.
Lo que sigue. Las alternativas logísticas son limitadas y costosas: Puerto Barrios, Puerto Cortés en Honduras y rutas terrestres hacia México.
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AGEXPORT confirma que Puerto Cortés tiene capacidad restringida, por lo que trasladar carga completa es inviable en el corto plazo.
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Aunque se reactive Santo Tomás, los retrasos acumulados no podrán recuperarse: “los barcos programados ya no estarán disponibles para movilizar la carga varada”, advirtió Carballido.
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La Cámara de Comercio pidió a la CC actuar con celeridad y al Ejecutivo aplicar los mecanismos legales que garanticen la reanudación de un servicio estratégico para el país
El Puerto Santo Tomás de Castilla, principal conexión marítima del Atlántico guatemalteco, enfrenta una crisis operativa que mantiene suspendidas sus actividades. Desde el 18 de agosto, un paro laboral tiene retenidos más de 2700 contenedores y ha provocado pérdidas que ya superan los USD 30M. Estas acciones golpean las exportaciones clave y amenazan la competitividad del país.
Por qué importa. El Puerto Santo Tomás moviliza más del 30 % de la carga marítima guatemalteca, vital para agroindustria y manufactura. La suspensión interrumpe el flujo de más de 800 contenedores diarios, un tercio con productos perecederos.
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Según Amador Carballido, de AGEXPORT, “cada día de paro implica pérdidas de USD 10M” en productos perecederos como vegetales, alimentos y bebidas.
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La Cámara de Comercio interpuso un amparo en la CC, exigiendo reactivar operaciones “de manera inmediata” para proteger el comercio exterior.
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El daño ya es regional: se interrumpió la conexión con 25 puertos del Atlántico, afectando despachos a EE. UU., El Caribe y Europa.
Visto y no visto. El trasfondo es un conflicto laboral entre EMPORNAC y trabajadores, que denuncian condiciones injustas, mientras el sector privado acusa abusos.
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La Gerencia General documenta que cuadrillas cobraban horas extras infladas y turnos múltiples, incluso con personal descansando y cobrando.
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José de la Peña, presidente de EMPORNAC, señaló que “300 trabajadores tienen secuestrado el puerto”, impidiendo que 2000 empleados operen normalmente. Agregó que el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, se dirige a la zona para establecer un diálogo que permita reactivar operaciones.
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Empresarios alertan de que la huelga “ilegal” se traduce en pérdidas masivas y en la caída de la confianza internacional hacia Guatemala.
Punto de fricción. El paro se suma a problemas estructurales que ya restaban competitividad a Guatemala en el comercio exterior.
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Exportadores enfrentan desde inicios de año un arancel adicional de 10 % en EE. UU., la apreciación del quetzal (3% en 2025). Además, sobrecostes de USD 200 por contenedor impuestos por navieras debido a la congestión portuaria.
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El deterioro de infraestructura vial y la baja inversión pública en logística agravan la crisis. AGEXPORT advierte que pequeñas y medianas empresas podrían cerrar si la situación persiste.
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Importadores también están en riesgo: 120 contenedores de textiles varados podrían paralizar la industria de confección local en los próximos días.
Lo que sigue. Las alternativas logísticas son limitadas y costosas: Puerto Barrios, Puerto Cortés en Honduras y rutas terrestres hacia México.
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AGEXPORT confirma que Puerto Cortés tiene capacidad restringida, por lo que trasladar carga completa es inviable en el corto plazo.
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Aunque se reactive Santo Tomás, los retrasos acumulados no podrán recuperarse: “los barcos programados ya no estarán disponibles para movilizar la carga varada”, advirtió Carballido.
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La Cámara de Comercio pidió a la CC actuar con celeridad y al Ejecutivo aplicar los mecanismos legales que garanticen la reanudación de un servicio estratégico para el país
