La factura oculta de la ley de etiquetado

La iniciativa 5504 sobre etiquetado frontal de alimentos estuvo a un paso de avanzar a su discusión final en el Congreso. 

• Sin embargo, fue retirada de la agenda legislativa en medio de crecientes cuestionamientos del sector productivo, advertencias sobre sus efectos económicos y llamados a respetar el proceso de armonización que ya se desarrolla a nivel centroamericano. 

Qué destacar. Para la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Alimentos y Bebidas (GREMAB), la discusión ya no gira alrededor de si debe existir etiquetado frontal. 

• La discusión es sobre el riesgo de que Guatemala adopte una regulación aislada que fracture el mercado regional y genere costos que terminarán impactando a empresas, consumidores e inversionistas. 

• “Siempre vamos a apoyar iniciativas que contribuyan a promover la salud de los guatemaltecos y que permitan a los consumidores tomar mejores decisiones con la información”, afirma Juan Pablo Mancilla, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas. 

• Pero también es enfático en señalar que la preocupación de la industria no es el etiquetado en sí. “Lo que más nos preocupa no es el etiquetado frontal como mecanismo de información. En realidad, lo que nos preocupa es que esto se avance de forma local y exclusivamente para Guatemala”. 

Cómo funciona. Para el sector industrial, aprobar una ley nacional en paralelo a las negociaciones que se desarrollan en Centroamérica significaría ir en dirección contraria al modelo de integración económica construido durante décadas. 

• Actualmente, los países de la región operan bajo decenas de Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA), diseñados para establecer normas comunes, evitar barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes entre los distintos mercados. 

• Ese es precisamente el papel que desempeñan la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO): promover reglas homogéneas para toda la región. 

• La lógica detrás de estos mecanismos es simple. Si todos los países utilizan criterios similares, las empresas pueden producir, exportar e importar bajo un mismo marco regulatorio, reduciendo costos y facilitando el comercio. 

Entre líneas. Según Mancilla, el proceso regional para discutir un sistema de etiquetado frontal ya inició en junio de 2025 y reúne a autoridades de salud, economía, academia y sector privado. 

• La gremial sostiene que ese es el espacio adecuado para construir una regulación que informe al consumidor sin afectar la competitividad ni la inversión. 

• “Estamos convencidos de que este es el mecanismo para poder cumplir ese equilibrio entre la salud y la economía”, sostiene. 

• La principal preocupación empresarial es el impacto económico de una regulación exclusiva para Guatemala. De aprobarse la iniciativa, las empresas tendrían que desarrollar empaques distintos para un mismo producto dependiendo del país donde se comercialice. 

Sí, pero. Esto implicaría modificaciones en líneas de producción, almacenamiento, distribución e inventarios, eliminando las economías de escala que actualmente ofrece el mercado regional. 

• “Las empresas tienen que hacer empaques y envases distintos de un mismo producto dependiendo del país donde lo comercializan”, explica Mancilla. 

• El impacto alcanzaría a fabricantes de empaques, proveedores de materias primas, empresas de transporte, distribuidores, productores agrícolas y pequeños negocios vinculados a la cadena de abastecimiento. 

• La situación resulta especialmente preocupante para las micro, pequeñas y medianas empresas. En Guatemala operan más de 2000 MiPymes del sector de alimentos y bebidas. Muchas carecen de la capacidad técnica y financiera para absorber los costos asociados al rediseño de etiquetas, nuevos análisis nutricionales, duplicidad de procesos regulatorios y adaptación a requisitos distintos en cada país. 

En el radar. Otro efecto señalado por la gremial es la duplicidad de trámites. Una regulación exclusivamente guatemalteca obligaría a realizar nuevos procesos de revisión y aprobación de etiquetas, cumplir criterios regulatorios diferentes y gestionar requisitos adicionales para importar o exportar productos. Esto, según la industria, elevaría costos y retrasaría operaciones comerciales. 

• Incluso las autoridades se verían afectadas. La coexistencia de sistemas regulatorios distintos demandaría mayores recursos técnicos, administrativos y humanos para supervisar, verificar y controlar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. 

• La industria también cuestiona el impacto sobre los consumidores. Si un mismo alimento recibe advertencias distintas dependiendo del país en el que se comercialice, la información podría volverse inconsistente y generar confusión. 

• En lugar de fortalecer la educación nutricional, argumentan, existiría el riesgo de enviar mensajes contradictorios sobre productos similares. 

Lo que sigue. La preocupación se extiende al clima de inversión. 

• Para la gremial, los inversionistas observan a Centroamérica como un mercado integrado y consideran a Guatemala un centro estratégico para producir y distribuir alimentos. 

• Una regulación desalineada con la región podría generar incertidumbre y afectar decisiones de expansión, reinversión y generación de empleo. 

• Esto cobra relevancia en un sector que exporta más de USD 1600M anuales en alimentos y bebidas hacia Centroamérica y que depende de amplias cadenas de proveeduría local. 

Por qué importa. Los argumentos empresariales encontraron eco en la postura pública de EE. UU., que advirtió que la aprobación de un sistema exclusivo para Guatemala podría generar costos adicionales para las empresas y trasladarse a los precios finales que pagan los consumidores. 

• Para la industria, este señalamiento refuerza la necesidad de avanzar mediante una solución regional y no mediante una regulación aislada. 

• La gremial reconoce que el acuerdo centroamericano aún no ha concluido. No obstante, atribuye la demora a la complejidad técnica de alcanzar consensos entre varios países sobre parámetros nutricionales, advertencias, criterios de implementación y mecanismos regulatorios. 

• Precisamente por esa razón, sostiene que vale la pena esperar una norma común que garantice reglas uniformes para toda la región. 

En conclusión. Con la iniciativa 5504 fuera, por ahora, de la discusión final en el Congreso, la Cámara de Industria insiste en que el camino correcto es fortalecer el proceso regional impulsado por COMIECO y SIECA. 

• Su mensaje es contundente: la salud pública puede promoverse sin sacrificar competitividad, empleo, inversión ni comercio. 

• Aprobar una ley exclusiva para Guatemala, advierte el sector, podría fragmentar uno de los mercados más integrados de Latinoamérica y encarecer toda la cadena de valor del sector alimentario.