Firman acuerdo nacional para reducir a la mitad los homicidios en Guatemala
La meta es disminuir los homicidios de 16 a 8 por cada 100 mil habitantes en 10 años, con coordinación, tecnología y metas medibles.
Reducir a la mitad la tasa de homicidios durante la próxima década es uno de los principales objetivos que asumieron autoridades del sistema de seguridad y justicia, representantes del sector privado y centros de investigación al firmar un convenio de cooperación en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE) 2026.
La suscripción del acuerdo se realizó como parte del evento organizado por Fundesa bajo el lema “A Paso Seguro: La seguridad integral es el camino a la prosperidad”.
La presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, explicó que el documento constituye una hoja de ruta para impulsar la segunda fase de la Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia.
Se trata de una iniciativa con visión de diez años que busca fortalecer la coordinación institucional y dar continuidad a los esfuerzos más allá de los cambios de autoridades.
“La seguridad y la justicia son condiciones esenciales para que las personas ejerzan sus derechos y Guatemala avance hacia un desarrollo sostenible”, afirmó.
Paredes destacó que el compromiso no se limita a la firma de un documento, sino que busca generar resultados concretos mediante una mayor articulación entre las instituciones responsables de la seguridad, la persecución penal y la administración de justicia.
Según explicó, uno de los principales desafíos consiste en fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones sin afectar la independencia judicial ni las garantías del debido proceso. Añadió que cada entidad debe mantener sus competencias, pero trabajar de forma coordinada para alcanzar metas comunes.
La magistrada señaló que la tecnología y la interconexión de información tendrán un papel fundamental en esta nueva etapa. Indicó que el intercambio de datos, los sistemas de seguimiento y los indicadores verificables permitirán identificar obstáculos, orientar mejor los recursos públicos y medir el avance de los objetivos planteados.
A su juicio, estas herramientas deben traducirse en beneficios tangibles para la población, con procesos más ágiles, una justicia más accesible y respuestas más oportunas para las víctimas.
Paredes también subrayó que la estrategia contempla un enfoque integral. Esto incluye la prevención de la violencia, la atención y protección de víctimas, la solución pacífica de conflictos y la reinserción social de quienes han cumplido condenas.
“Detrás de cada dato hay una persona”, recordó, al enfatizar que las decisiones institucionales deben centrarse en proteger la dignidad y los derechos de los ciudadanos.
La presidenta del Organismo Judicial también resaltó la participación del sector privado, organizaciones especializadas y centros de investigación en la construcción de esta agenda. Consideró que la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones son elementos indispensables para atraer inversión, generar empleo y promover el desarrollo económico.
El acuerdo se alinea con la propuesta presentada durante ENADE 2026, que plantea como meta nacional reducir la tasa de homicidios de 16 a 8 por cada 100 mil habitantes en los próximos diez años. La iniciativa busca consolidar una estrategia de largo plazo basada en coordinación interinstitucional, planificación, uso de tecnología y rendición de cuentas.
Entre los firmantes figuran representantes del Organismo Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Instituto de la Víctima, INACIF, Instituto de la Defensa Pública Penal, la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, Fundesa, CACIF y el CIEN.
Como testigos de honor participaron la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gladys Morfín, y el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos.
Al concluir su intervención, Paredes hizo un llamado a transformar el compromiso en acciones medibles y sostenibles. “Esa es la responsabilidad que compartimos frente a Guatemala”, expresó, al señalar que el objetivo final es construir comunidades más seguras y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerlas.
Firman acuerdo nacional para reducir a la mitad los homicidios en Guatemala
La meta es disminuir los homicidios de 16 a 8 por cada 100 mil habitantes en 10 años, con coordinación, tecnología y metas medibles.
Reducir a la mitad la tasa de homicidios durante la próxima década es uno de los principales objetivos que asumieron autoridades del sistema de seguridad y justicia, representantes del sector privado y centros de investigación al firmar un convenio de cooperación en el marco del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE) 2026.
La suscripción del acuerdo se realizó como parte del evento organizado por Fundesa bajo el lema “A Paso Seguro: La seguridad integral es el camino a la prosperidad”.
La presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, explicó que el documento constituye una hoja de ruta para impulsar la segunda fase de la Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia.
Se trata de una iniciativa con visión de diez años que busca fortalecer la coordinación institucional y dar continuidad a los esfuerzos más allá de los cambios de autoridades.
“La seguridad y la justicia son condiciones esenciales para que las personas ejerzan sus derechos y Guatemala avance hacia un desarrollo sostenible”, afirmó.
Paredes destacó que el compromiso no se limita a la firma de un documento, sino que busca generar resultados concretos mediante una mayor articulación entre las instituciones responsables de la seguridad, la persecución penal y la administración de justicia.
Según explicó, uno de los principales desafíos consiste en fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones sin afectar la independencia judicial ni las garantías del debido proceso. Añadió que cada entidad debe mantener sus competencias, pero trabajar de forma coordinada para alcanzar metas comunes.
La magistrada señaló que la tecnología y la interconexión de información tendrán un papel fundamental en esta nueva etapa. Indicó que el intercambio de datos, los sistemas de seguimiento y los indicadores verificables permitirán identificar obstáculos, orientar mejor los recursos públicos y medir el avance de los objetivos planteados.
A su juicio, estas herramientas deben traducirse en beneficios tangibles para la población, con procesos más ágiles, una justicia más accesible y respuestas más oportunas para las víctimas.
Paredes también subrayó que la estrategia contempla un enfoque integral. Esto incluye la prevención de la violencia, la atención y protección de víctimas, la solución pacífica de conflictos y la reinserción social de quienes han cumplido condenas.
“Detrás de cada dato hay una persona”, recordó, al enfatizar que las decisiones institucionales deben centrarse en proteger la dignidad y los derechos de los ciudadanos.
La presidenta del Organismo Judicial también resaltó la participación del sector privado, organizaciones especializadas y centros de investigación en la construcción de esta agenda. Consideró que la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones son elementos indispensables para atraer inversión, generar empleo y promover el desarrollo económico.
El acuerdo se alinea con la propuesta presentada durante ENADE 2026, que plantea como meta nacional reducir la tasa de homicidios de 16 a 8 por cada 100 mil habitantes en los próximos diez años. La iniciativa busca consolidar una estrategia de largo plazo basada en coordinación interinstitucional, planificación, uso de tecnología y rendición de cuentas.
Entre los firmantes figuran representantes del Organismo Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Instituto de la Víctima, INACIF, Instituto de la Defensa Pública Penal, la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, Fundesa, CACIF y el CIEN.
Como testigos de honor participaron la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gladys Morfín, y el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos.
Al concluir su intervención, Paredes hizo un llamado a transformar el compromiso en acciones medibles y sostenibles. “Esa es la responsabilidad que compartimos frente a Guatemala”, expresó, al señalar que el objetivo final es construir comunidades más seguras y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerlas.
