Tigres, ¿Rescate, o confiscación?

P’Nut fue una ardilla que se hizo célebre en 2024 y cuya muerte desató una gran polémica en Estados Unidos de América. La ardilla fue rescatada siete años antes por Mark Longo, ya que su madre había sido atropellada.

Pero en Nueva York es ilegal tener animales salvajes como mascotas sin permiso. Para hacer la historia corta, P’Nut y un mapache fueron decomisados por el estado… y luego fueron sacrificados… por las autoridades gubernamentales porque la ardilla había mordido a un investigador y había que analizar su tejido cerebral para hacer una prueba de rabia.

Simba era el león del zoológico de Quetzaltenango. En 2024 fue sometido a eutanasia y el caso generó indignación porque algunas personas denunciaron que el estado de desnutrición y deterioro de Simba se debía no solo a la vejez (tenía 19 años), sino a años de negligencia y mala calidad de vida en el zoológico municipal.

En aquel zoológico es frecuente encontrar comentarios de visitantes que describen el entorno como deprimente, o perciben signos de delgadez y estrés en algunos animales.

Te cuento esto porque seguramente leíste el caso de los tigres del Circo Rey Gitano —Kimba, África, Chiquita, Kenya, Nala, Simba y Jix—, que fueron decomisados por la Unidad de Bienestar Animal del MAGA y otras agencias estatales.

El tema invita a meditar acerca de que el trato a los animales es relevante para la ética humana. Un ser humano racional puede valorar la vida animal por razones estéticas, científicas, o de preferencia personal, o rechazar el maltrato porque revela un carácter irracional. Pero esas valoraciones son personales. No generan obligaciones coercibles sobre los demás, ni derechos transferibles al Estado. Convertir el “bienestar animal” en un derecho, o en un deber legal es un error categorial que antropomorfiza a los animales y politiza preferencias estéticas, o emocionales.

Los tigres nacieron y se criaron en el circo. Los propietarios (la familia López) los alimentaron, cuidaron y asumieron el costo económico durante años. Los tigres eran propiedad legítima mientras su adquisición no implicara fraude, o robo contra otro ser humano.

La ley guatemalteca y la orden judicial que le impuso al circo un plazo de 18 meses para “habilitar un santuario” no crearon derechos en los animales. Lo que crearon fue una prohibición previa del uso de propiedad privada y, luego, una confiscación. El hecho de que el circo hubiera firmado una “entrega voluntaria” bajo amenaza de sanciones penales y embargos no la convirtió en voluntaria en sentido moral, sino que fue coacción: “firmas, o te castigamos”.

El gobierno de Guatemala usó la fuerza para transferir propiedad privada a la custodia estatal y, eventualmente, a una ONG extranjera. Los motivos declarados —prohibición de espectáculos con animales, incumplimiento de un “santuario” impuesto y el “bienestar” de los felinos— no constituyen defensa de derechos humanos. Ningún ser humano fue agredido, robado, o defraudado por la mera posesión, o exhibición de los tigres.

Desde una perspectiva ética, el único uso legítimo de la fuerza es la represalia contra la iniciación de fuerza. Prohibir por ley el uso de animales en circos, imponer estándares de “santuario” y luego decomisar es regulación altruista de la propiedad ajena. Es el gobierno actuando como agente de preferencias colectivistas, o emocionales (el sentimiento de que “los animales sufren”), en contra del derecho de los propietarios a disponer de lo suyo. La participación de la ONG es irrelevante para la legitimidad porque una organización privada podría persuadir, boicotear, o comprar, pero no debería poder hacer uso del poder del gobierno para expropiar.

Si el circo enfrentaba dificultades económicas, esos problemas son consecuencias de la propia regulación y de la intervención estatal en el mercado y no justifican la confiscación. Si los dueños no podían, o no querían mantener a los animales, tenían el derecho de venderlos, regalarlos, o entregarlos a quien quisieran; pero el Estado no tiene el derecho de decidir por ellos que “el mejor destino” es Sudáfrica.

Lo que ocurrió no fue un “rescate” moralmente justificado. Fue la confiscación de propiedad privada bajo una ley que niega el principio de derechos individuales al extender protección coercitiva a seres no racionales. La ética exige que el Estado se limite a proteger a los seres humanos de la fuerza y el fraude. Todo lo demás —preferencias sobre cómo se trata a los animales, estándares de “santuario”, destinos en África— pertenece a la esfera de la persuasión, el mercado y la elección individual, no al monopolio de la fuerza.

Si se quiere mejorar las condiciones de los animales en cautiverio, el camino correcto es la propiedad privada, la innovación, la crítica pública y el intercambio voluntario, no la expropiación. Cuando la compasión necesita confiscación, el nombre correcto es coacción.

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