La paradoja de la seguridad estructural: normas “recomendadas”
“Guatemala tiene la suerte de contar con muchos profesionales que han ejercido su profesión al servicio de miles de guatemaltecos ”
Hay preguntas que parecen sencillas hasta que las vemos desde la perspectiva de un terremoto. Tras las fotografías devastadoras de los terremotos de los últimos meses, ¿cuántas personas deben estar dentro de un edificio para que la seguridad estructural sea una prioridad?
Puede parecer extraña la pregunta. Sin embargo, adquiere relevancia tras los cambios recientes en la normativa de seguridad estructural en Guatemala. A finales del año pasado se emitió un cambio en la aplicación de las normas de seguridad estructural para determinadas edificaciones con una ocupación de hasta 300 personas. El tema merece una discusión más allá de la norma que nos redirija a la pregunta fundamental: ¿Cómo estamos definiendo la seguridad de las edificaciones en un país sísmicamente activo?
Las Normas de Seguridad Estructural de Guatemala, impulsadas por AGIES desde hace más de 30 años, establecen criterios para el diseño y la construcción de edificaciones, considerando aspectos como las condiciones de sitio, las cargas, el sistema estructural y el uso de las edificaciones. La norma no garantiza que un edificio nunca tenga daños. En vez de eso, reconoce que ninguna tecnología puede eliminar completamente la vulnerabilidad frente a un terremoto. También, busca establecer niveles razonables de protección para reducir la probabilidad de colapso y, así, proteger la vida de quienes ocupan las edificaciones. No hace a un edificio “inmune” al daño. Contradictoriamente, es a través del daño, ocasionado durante un terremoto, que la edificación disipa la energía del sismo, pero este daño debe ser controlado. Esto es lo que se calcula en la norma.
Por tanto, es claro que la paradoja se hace presente. Si sabemos que Guatemala está altamente expuesta a terremotos, ¿puede la cantidad de personas que ocupan un edificio convertirse en el principal criterio para determinar cuándo debemos exigirle que sea estructuralmente adecuado? Un edificio para 299 personas y otro para 301 personas pueden ser prácticamente iguales y, aun así, una diferencia de dos personas podría colocarlos bajo condiciones normativas diferentes. Por supuesto, un terremoto no reconoce esa diferencia. El riesgo sísmico no desaparece porque una edificación tenga menos ocupantes.
Esto no significa que todas las edificaciones deban diseñarse exactamente de la misma manera. La propia norma reconoce diferentes categorías y niveles de protección dependiendo de las características y el uso de cada obra. Es evidente la diferencia entre un hospital y una pérgola.
Sin embargo, lo más importante: la seguridad estructural no debe entenderse como un trámite; detrás de cada cálculo, cada plano y cada requisito técnico existen personas, familias y miles de guatemaltecos. Por eso, la discusión sobre las normas de seguridad estructural no debe reducirse a si son obligatorias, recomendadas o voluntarias. La discusión debe girar en torno a qué nivel de seguridad queremos construir como sociedad.
Las normas de AGIES representan el conocimiento que hemos acumulado para construir de manera más segura. En Guatemala, ese conocimiento se ha desarrollado durante décadas a partir de la experiencia, la investigación y las lecciones que han dejado los terremotos a nivel nacional e internacional. El país cuenta con muchos profesionales que han ejercido su profesión al servicio de miles de guatemaltecos.
Renunciar a este conocimiento y a la herencia no elimina el riesgo. Solamente cambia quién asume las consecuencias. El terremoto de 1976 debería seguir siendo una referencia para este tipo de discusiones. Debemos aprender de la historia para no cometer los mismos errores. El terremoto nos recordó que las pérdidas provocadas están relacionadas con las condiciones que existen antes de que el evento ocurra.
Es necesario resaltar que la semana pasada finalmente se corrigió este problema y se logró, después de una intensa tira y afloja, que se recuperara la obligatoriedad de la norma para todas las edificaciones. Sin embargo, todavía queda por resolver cómo se dará seguimiento, control y supervisión a la aplicación de la norma.
La prevención funciona precisamente de esa manera: se toman decisiones cuando todavía no ha ocurrido el desastre. En un futuro, cuando suceda un terremoto, ya no podremos decidir cómo estaba diseñada una estructura, qué materiales se utilizaron o qué normas se aplicaron. Por eso, la seguridad estructural debe ser entendida como una inversión en prevención y no como un simple requerimiento.
La verdadera paradoja sería pensar que la norma de seguridad estructural limita la construcción y el desarrollo, cuando en realidad su propósito es precisamente permitir que construyamos una ciudad capaz de resistir mejor los eventos que sabemos que ocurrirán. Porque cuando llegue el próximo terremoto, como en Venezuela, Colombia y Panamá, la norma ya no estará sobre el papel, estará en nuestras edificaciones. Y solo entonces descubriremos si las decisiones que tomamos antes del terremoto fueron suficientes. Y si fueron las correctas.
La paradoja de la seguridad estructural: normas “recomendadas”
“Guatemala tiene la suerte de contar con muchos profesionales que han ejercido su profesión al servicio de miles de guatemaltecos ”
Hay preguntas que parecen sencillas hasta que las vemos desde la perspectiva de un terremoto. Tras las fotografías devastadoras de los terremotos de los últimos meses, ¿cuántas personas deben estar dentro de un edificio para que la seguridad estructural sea una prioridad?
Puede parecer extraña la pregunta. Sin embargo, adquiere relevancia tras los cambios recientes en la normativa de seguridad estructural en Guatemala. A finales del año pasado se emitió un cambio en la aplicación de las normas de seguridad estructural para determinadas edificaciones con una ocupación de hasta 300 personas. El tema merece una discusión más allá de la norma que nos redirija a la pregunta fundamental: ¿Cómo estamos definiendo la seguridad de las edificaciones en un país sísmicamente activo?
Las Normas de Seguridad Estructural de Guatemala, impulsadas por AGIES desde hace más de 30 años, establecen criterios para el diseño y la construcción de edificaciones, considerando aspectos como las condiciones de sitio, las cargas, el sistema estructural y el uso de las edificaciones. La norma no garantiza que un edificio nunca tenga daños. En vez de eso, reconoce que ninguna tecnología puede eliminar completamente la vulnerabilidad frente a un terremoto. También, busca establecer niveles razonables de protección para reducir la probabilidad de colapso y, así, proteger la vida de quienes ocupan las edificaciones. No hace a un edificio “inmune” al daño. Contradictoriamente, es a través del daño, ocasionado durante un terremoto, que la edificación disipa la energía del sismo, pero este daño debe ser controlado. Esto es lo que se calcula en la norma.
Por tanto, es claro que la paradoja se hace presente. Si sabemos que Guatemala está altamente expuesta a terremotos, ¿puede la cantidad de personas que ocupan un edificio convertirse en el principal criterio para determinar cuándo debemos exigirle que sea estructuralmente adecuado? Un edificio para 299 personas y otro para 301 personas pueden ser prácticamente iguales y, aun así, una diferencia de dos personas podría colocarlos bajo condiciones normativas diferentes. Por supuesto, un terremoto no reconoce esa diferencia. El riesgo sísmico no desaparece porque una edificación tenga menos ocupantes.
Esto no significa que todas las edificaciones deban diseñarse exactamente de la misma manera. La propia norma reconoce diferentes categorías y niveles de protección dependiendo de las características y el uso de cada obra. Es evidente la diferencia entre un hospital y una pérgola.
Sin embargo, lo más importante: la seguridad estructural no debe entenderse como un trámite; detrás de cada cálculo, cada plano y cada requisito técnico existen personas, familias y miles de guatemaltecos. Por eso, la discusión sobre las normas de seguridad estructural no debe reducirse a si son obligatorias, recomendadas o voluntarias. La discusión debe girar en torno a qué nivel de seguridad queremos construir como sociedad.
Las normas de AGIES representan el conocimiento que hemos acumulado para construir de manera más segura. En Guatemala, ese conocimiento se ha desarrollado durante décadas a partir de la experiencia, la investigación y las lecciones que han dejado los terremotos a nivel nacional e internacional. El país cuenta con muchos profesionales que han ejercido su profesión al servicio de miles de guatemaltecos.
Renunciar a este conocimiento y a la herencia no elimina el riesgo. Solamente cambia quién asume las consecuencias. El terremoto de 1976 debería seguir siendo una referencia para este tipo de discusiones. Debemos aprender de la historia para no cometer los mismos errores. El terremoto nos recordó que las pérdidas provocadas están relacionadas con las condiciones que existen antes de que el evento ocurra.
Es necesario resaltar que la semana pasada finalmente se corrigió este problema y se logró, después de una intensa tira y afloja, que se recuperara la obligatoriedad de la norma para todas las edificaciones. Sin embargo, todavía queda por resolver cómo se dará seguimiento, control y supervisión a la aplicación de la norma.
La prevención funciona precisamente de esa manera: se toman decisiones cuando todavía no ha ocurrido el desastre. En un futuro, cuando suceda un terremoto, ya no podremos decidir cómo estaba diseñada una estructura, qué materiales se utilizaron o qué normas se aplicaron. Por eso, la seguridad estructural debe ser entendida como una inversión en prevención y no como un simple requerimiento.
La verdadera paradoja sería pensar que la norma de seguridad estructural limita la construcción y el desarrollo, cuando en realidad su propósito es precisamente permitir que construyamos una ciudad capaz de resistir mejor los eventos que sabemos que ocurrirán. Porque cuando llegue el próximo terremoto, como en Venezuela, Colombia y Panamá, la norma ya no estará sobre el papel, estará en nuestras edificaciones. Y solo entonces descubriremos si las decisiones que tomamos antes del terremoto fueron suficientes. Y si fueron las correctas.
