¿De quién es la culpa de que usted pase tres horas al día en el tráfico?
La Constitución lleva cuarenta años dándonos la solución al tráfico. Los invito a exigirle hoy mismo al poder que gobierne la ciudad unida.
Son las seis y diez de la mañana. Usted lleva veinte minutos sin avanzar en la cuesta de Villalobos. Frente a usted, una interminable fila de luces rojas sube hacia la capital. Mira el reloj. Llegará tarde otra vez. Lo que usted no sabe es que, unos kilómetros más adelante, cruzará una frontera invisible: saldrá de Villa Nueva y entrará en Guatemala. La cruza todos los días, pero cuando el tráfico le roba tres horas de su vida, ¿a quién puede reclamarle?
El 28 de octubre, la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano presentó en Panamá un estudio sobre movilidad urbana. Guatemala registró el peor resultado de las cinco capitales estudiadas: un trabajador que recorre más de 10 kilómetros para llegar a su empleo dedica, entre ida y vuelta, 3 horas y 10 minutos diarios al tráfico. En Panamá son 2 horas y 20 minutos; en San Salvador, 2 horas y 10 minutos. Si trabaja 240 días al año, el guatemalteco habrá dedicado al tráfico el equivalente a 95 jornadas laborales de ocho horas. Casi cien días de trabajo que pudo haber dedicado a producir, descansar o estar con su familia. Tiempo perdido para siempre.
El problema es que su calle la arregla un alcalde, pero su viaje no lo puede arreglar ninguno. Usted puede salir de un municipio, atravesar otro y trabajar en un tercero. Cada alcalde puede intervenir en las calles bajo su responsabilidad, pero ninguno puede resolver por sí solo el recorrido completo. Mientras la ciudad creció y desbordó sus límites municipales, las decisiones siguieron encerradas dentro de ellos. Usted paga las consecuencias todos los días.
La ley contempla un funcionario encargado de coordinar las políticas de los municipios: el gobernador departamental. El artículo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo le atribuye expresamente la responsabilidad de «velar por la efectiva coordinación de las políticas de los municipios». Lo nombra el presidente de la República y puede destituirlo cuando lo considere conveniente. En teoría, existe alguien encargado de que los municipios actúen coordinadamente. ¿Por qué, entonces, seguimos atrapados en el mismo problema?
La contradicción aparece al leer sus atribuciones. El gobernador puede representar, presidir, velar, propiciar, informar y supervisar. Pero la ley no le otorga, por esas funciones, el poder de decidir cómo se organiza el transporte entre municipios ni de ejecutar las obras necesarias para resolverlo. Las gobernaciones tienen presupuesto, pero carecen de un mandato general y de los recursos destinados a gestionar la movilidad metropolitana. Le encargaron coordinar una ciudad que funciona como una sola, sin darle los instrumentos para gobernar sus problemas comunes.
¿Por qué una ciudad que funciona como una sola sigue gobernándose por partes? Para entenderlo, es necesario regresar varios siglos, cuando las comunidades tenían sus propias autoridades, leyes y costumbres, y el poder se organizaba de una manera muy distinta. La historia de cómo pasamos de aquella diversidad a nuestra actual división territorial ayuda a explicar por qué las fronteras administrativas siguen pesando tanto sobre nuestra vida cotidiana.
La tradición política hispánica, con raíces en la época visigoda y desarrollada durante siglos hasta la monarquía de los Austrias, reconoció distintas formas de autonomía a las comunidades para gobernar sus propios asuntos. Sus autoridades conocían el territorio, sus habitantes y sus necesidades. Esa autonomía tenía una virtud: acercaba las decisiones a quienes debían vivir con sus consecuencias. Pero también planteaba una pregunta que hoy resulta decisiva: ¿qué ocurre cuando un problema deja de pertenecer a una sola comunidad y afecta a muchas al mismo tiempo?
En 1135, Alfonso VII fue coronado emperador en la catedral de León. Bajo su autoridad convivían distintos reinos y señores que conservaban sus propias leyes, instituciones y costumbres. Ramón Menéndez Pidal lo describió como un «rey de reyes locales». Aquella tradición evolucionó durante siglos hasta adquirir una expresión más compleja bajo los Austrias: la monarquía compuesta. Un mismo soberano gobernaba territorios diferentes, cuyos fueros y privilegios debía reconocer y, según el reino, jurar. La unidad política no exigía que todas las comunidades fueran gobernadas de la misma manera.
Hace más de tres siglos, en un día como hoy, 16 de noviembre de 1700, Luis XIV presentó en Versalles a su nieto de dieciséis años como nuevo rey de España. Cuando el embajador español le dirigió unas palabras en castellano, el monarca francés tuvo que responder por él: el muchacho todavía no entendía el idioma de sus nuevos súbditos. Aquel joven, Felipe V, llegó a España y juró respetar los fueros de Aragón y las constituciones de Cataluña. Pero en 1707 abolió los fueros de Aragón y Valencia, y en 1716 impuso una nueva organización política en Cataluña. El rey que había jurado respetar las instituciones de sus reinos terminó suprimiendo algunas de ellas, dejando una herida histórica que todavía forma parte de los conflictos entre Cataluña y Madrid.
Con los Borbones llegó a España una concepción francesa del gobierno: uniformar las instituciones y concentrar las decisiones en la Corona. Allí donde antes coexistían leyes, prerrogativas y formas de gobierno diferentes, se buscó imponer reglas más homogéneas. La diversidad territorial, que durante siglos había sido parte de la organización de la monarquía, comenzó a verse como un obstáculo para gobernarla. Esa transformación también alcanzaría al Reino de Guatemala, aunque por caminos distintos y varias décadas después.
El Reino de Guatemala también se organizaba alrededor de comunidades con autoridades propias. La historiadora Jordana Dym lo describió como una «república de ciudades»: cada una tenía su cabildo y gobernaba un territorio que podía extenderse muchas leguas a su alrededor. Pero esa organización comenzó a transformarse con las reformas de Carlos III. A partir de la década de 1780, la Corona introdujo el régimen de intendencias para reorganizar la administración y fortalecer su autoridad. Dym identificó una paradoja: las reformas concebidas para aumentar el control de la monarquía también contribuyeron a redistribuir el poder político entre las comunidades americanas.
Pero la transformación más profunda llegó después de la independencia, y esta vez la impulsamos nosotros mismos. Hasta entonces, las ciudades, villas y pueblos tenían categorías y atribuciones distintas, que reflejaban sus respectivas tradiciones e instituciones. En 1825, la Asamblea del Estado de Guatemala reorganizó el territorio en departamentos y estableció un marco municipal más uniforme. Aquella reorganización recibió influencias de modelos administrativos europeos, particularmente del francés. Las comunidades conservaron sus nombres y buena parte de su vida local, pero comenzaron a gobernarse dentro de una estructura territorial diseñada por funcionarios desde arriba.
El modelo francés tenía un propósito muy concreto. En 1790, la Revolución reorganizó Francia en departamentos cuyos nombres, tomados principalmente de ríos, montañas y otros accidentes geográficos, sustituían las antiguas denominaciones provinciales. Uno de los proyectos propuso dividir el país en 81 unidades de forma casi cuadrada. Entre los criterios discutidos estaba que un ciudadano pudiera viajar desde su localidad hasta la cabecera administrativa y regresar en un día. Era una manera de organizar el territorio pensando en las distancias que podían recorrerse a caballo. Más de dos siglos después, seguimos intentando gobernar ciudades de millones de habitantes mediante divisiones administrativas heredadas de tiempos cuando no existían los automóviles.
La uniformidad administrativa también encontró críticos en Guatemala. En el siglo XIX, Mariano de Aycinena, expresidente del Estado y figura destacada del conservadurismo guatemalteco, advirtió contra «plantear un sistema uniforme» que trastornara «el régimen particular de los pueblos, establecido por ellos mismos». Su argumento era sencillo: las comunidades habían desarrollado sus propias instituciones y no necesariamente debían someterse todas al mismo modelo. La advertencia sigue siendo pertinente cuando los funcionarios juegan a ser pequeños dioses, imponiendo decisiones y restricciones sin comprender las consecuencias que tendrán en la vida cotidiana de las personas.
Volvamos a la cuesta de Villalobos. A principios de noviembre de 1839, cuando Guatemala reorganizaba su administración territorial, las autoridades establecieron un distrito independiente formado por Amatitlán, Palín, Villa Nueva y las Petapas, con autoridades propias para atender sus asuntos. En 1866, para mantener la uniformidad administrativa, lo convirtieron en departamento. Pero en 1935 los funcionarios suprimieron el departamento de Amatitlán y repartieron sus municipios entre Guatemala y Escuintla. Hoy, casi dos siglos después, usted sigue atrapado en uno de aquellos mismos corredores, mientras nuestras instituciones todavía buscan cómo gobernarlo.
En 2012, los propios alcaldes reconocieron la necesidad de trabajar juntos. Seis municipalidades del sur del área metropolitana constituyeron la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur: Amatitlán, Mixco, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva. Guatemala se incorporó en 2019. La mancomunidad ha promovido proyectos y servicios compartidos, pero carece de una autoridad general para organizar el transporte y la circulación entre todos esos municipios. Casi dos siglos después de aquel distrito de 1839, las comunidades volvieron a buscar una respuesta conjunta. El problema es que seguimos sin una institución responsable del viaje completo que usted hace cada mañana.
Pero ¿existe alguna solución? La respuesta es sí. En 2014, Rotterdam, La Haya y otros municipios de los Países Bajos constituyeron una autoridad metropolitana común, que comenzó a funcionar en 2015. Hoy reúne a 21 municipios y aproximadamente 2,4 millones de habitantes. Cada municipio conserva su gobierno local, mientras la autoridad metropolitana coordina el transporte público regional. ¿Para qué queremos más burocracia?, preguntará usted. Precisamente para evitarla, la solución debe consistir en asignar responsabilidades claras y recursos existentes, sin duplicar oficinas ni funciones. El recorrido entre ellos pasará a tener dueño.
Aquí no hace falta reformar la Constitución. El artículo 224 permite al Congreso modificar la división administrativa del país, incluso establecer otros sistemas, siempre que respete la autonomía municipal. Pero hay algo todavía más revelador: el artículo 231 reconoce expresamente la Región Metropolitana, integrada por la ciudad de Guatemala y su área de influencia urbana, y dispone que una ley determine su organización administrativa. La Constitución lleva cuarenta años ofreciendo el fundamento para abordar este problema. Lo que falta es convertir esa posibilidad en una organización capaz de responder por los problemas que compartimos entre municipios.
Para resolverlo, el presidente podría mañana mismo instruir al gobernador departamental para que reúna a los alcaldes metropolitanos. El Congreso podría, como acaba de hacer con la Ley de Cine, declarar de urgencia nacional una Ley de Movilidad Metropolitana. Los alcaldes integrarían un consejo encargado de nombrar, mediante concurso de méritos, a un director con experiencia comprobada, responsabilidades claras y resultados exigibles. La propuesta aprovecharía las instituciones existentes, sin multiplicar la burocracia. Así, cuando usted pierda tres horas de su vida en el tráfico, habrá alguien a quien exigirle una solución.
El mapa que nos gobierna se dibujó hace dos siglos, cuando nadie imaginaba una ciudad de millones de habitantes que atravesaría varios municipios cada mañana. La ciudad cambió, pero nuestras instituciones no aprendieron a gobernarla como una sola. Mientras tanto, usted sigue detenido en la cuesta de Villalobos, mirando el reloj y viendo cómo se le escapa otra mañana de su vida. Mi pregunta para usted es la siguiente: ¿está dispuesto a exigirle hoy mismo al presidente, al Congreso y a los alcaldes que actúen ya para que empecemos a resolver nuestro problema de movilidad?
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
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