EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Tras visita de fiscales de EE. UU., MP cerca a Miguel Martínez
Las diligencias abarcaron seis inmuebles en la capital, cinco en Sacatepéquez y dos propiedades en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Un día después de la reunión entre fiscales de Estados Unidos y autoridades guatemaltecas, el Ministerio Público (MP) puso la mirada sobre el círculo de Miguel Martínez. Este miércoles 23 de septiembre se desplegaron 13 allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla, según fuentes judiciales.
Fuentes cercanas al MP aseguran que las investigaciones buscan establecer responsabilidades y reunir evidencia contra personas vinculadas con posibles hechos de corrupción y lavado de dinero. El propósito, según las fuentes, es que quienes resulten responsables puedan enfrentar a la justicia en Guatemala y, cuando existan delitos bajo jurisdicción estadounidense, también en Estados Unidos.
Las diligencias alcanzaron seis inmuebles en diferentes zonas de la capital, cinco puntos de Sacatepéquez y dos propiedades en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Los investigadores buscaban además a dos personas contra quienes existirían órdenes de aprehensión. Durante los registros fueron localizados celulares, memorias USB y documentos, de acuerdo con fuentes policiales y judiciales.
Uno de los puntos centrales fue Jocotenango, Sacatepéquez. Allí fue allanada una vivienda vinculada con los padres de Martínez. Reportes diversos ubican a sus padres, Rubén Darío Martínez Avilés y María Luisa Morales Gática, en el condominio Bella Vista. Investigaciones anteriores también habían identificado propiedades de otros familiares en ese residencial.
No es la primera vez que esos bienes llaman la atención de las autoridades. En mayo de 2025, un juzgado inmovilizó seis propiedades relacionadas con Martínez. Cuatro estaban en Sacatepéquez y dos en Guatemala. La Fiscalía de Extinción de Dominio investigaba el origen del dinero utilizado para adquirirlas.
Martínez fue una figura central durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Dirigió el desaparecido Centro de Gobierno y fue uno de los colaboradores más cercanos del entonces mandatario. Aunque no ocupaba un cargo de elección popular, desde esa estructura tuvo acceso directo al núcleo presidencial.
Su nombre también permanece bajo la lupa de Washington. El 1 de diciembre de 2023, Estados Unidos sancionó a Martínez bajo el programa Global Magnitsky. El Departamento de Estado afirmó oficialmente que participó en “sobornos y corrupción relacionados con contratos gubernamentales” para beneficiarse él y sus allegados.
El Departamento del Tesoro fue más específico. Lo señaló de influir en contrataciones públicas, favorecer empresas y solicitar grandes sobornos para facilitar la adquisición de vacunas rusas Sputnik V durante la pandemia. La OFAC lo designó conforme a la Orden Ejecutiva 13818.
Los allanamientos ocurren ahora en un escenario distinto. El martes llegaron a Guatemala fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos para fortalecer investigaciones contra el crimen transnacional. Se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. La cooperación contempla obtención de evidencia, persecución de fugitivos, investigaciones financieras y extradiciones.
El mensaje estadounidense fue contundente: “No hay refugio” para quienes lucran con el narcotráfico, la extorsión o el lavado de dinero, sin importar el cargo que ocupen. Los fiscales estadounidenses anunciaron además que durante los próximos meses buscarán fortalecer casos que puedan llegar tanto a tribunales guatemaltecos como estadounidenses.
La coincidencia coloca los operativos contra el entorno de Martínez en una nueva dimensión. Los operativos ocurren justamente cuando Guatemala y Estados Unidos anuncian que profundizarán el seguimiento del dinero, la cooperación penal y la persecución de estructuras que operan a ambos lados de la frontera.
Tras visita de fiscales de EE. UU., MP cerca a Miguel Martínez
Las diligencias abarcaron seis inmuebles en la capital, cinco en Sacatepéquez y dos propiedades en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Un día después de la reunión entre fiscales de Estados Unidos y autoridades guatemaltecas, el Ministerio Público (MP) puso la mirada sobre el círculo de Miguel Martínez. Este miércoles 23 de septiembre se desplegaron 13 allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla, según fuentes judiciales.
Fuentes cercanas al MP aseguran que las investigaciones buscan establecer responsabilidades y reunir evidencia contra personas vinculadas con posibles hechos de corrupción y lavado de dinero. El propósito, según las fuentes, es que quienes resulten responsables puedan enfrentar a la justicia en Guatemala y, cuando existan delitos bajo jurisdicción estadounidense, también en Estados Unidos.
Las diligencias alcanzaron seis inmuebles en diferentes zonas de la capital, cinco puntos de Sacatepéquez y dos propiedades en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Los investigadores buscaban además a dos personas contra quienes existirían órdenes de aprehensión. Durante los registros fueron localizados celulares, memorias USB y documentos, de acuerdo con fuentes policiales y judiciales.
Uno de los puntos centrales fue Jocotenango, Sacatepéquez. Allí fue allanada una vivienda vinculada con los padres de Martínez. Reportes diversos ubican a sus padres, Rubén Darío Martínez Avilés y María Luisa Morales Gática, en el condominio Bella Vista. Investigaciones anteriores también habían identificado propiedades de otros familiares en ese residencial.
No es la primera vez que esos bienes llaman la atención de las autoridades. En mayo de 2025, un juzgado inmovilizó seis propiedades relacionadas con Martínez. Cuatro estaban en Sacatepéquez y dos en Guatemala. La Fiscalía de Extinción de Dominio investigaba el origen del dinero utilizado para adquirirlas.
Martínez fue una figura central durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Dirigió el desaparecido Centro de Gobierno y fue uno de los colaboradores más cercanos del entonces mandatario. Aunque no ocupaba un cargo de elección popular, desde esa estructura tuvo acceso directo al núcleo presidencial.
Su nombre también permanece bajo la lupa de Washington. El 1 de diciembre de 2023, Estados Unidos sancionó a Martínez bajo el programa Global Magnitsky. El Departamento de Estado afirmó oficialmente que participó en “sobornos y corrupción relacionados con contratos gubernamentales” para beneficiarse él y sus allegados.
El Departamento del Tesoro fue más específico. Lo señaló de influir en contrataciones públicas, favorecer empresas y solicitar grandes sobornos para facilitar la adquisición de vacunas rusas Sputnik V durante la pandemia. La OFAC lo designó conforme a la Orden Ejecutiva 13818.
Los allanamientos ocurren ahora en un escenario distinto. El martes llegaron a Guatemala fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos para fortalecer investigaciones contra el crimen transnacional. Se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. La cooperación contempla obtención de evidencia, persecución de fugitivos, investigaciones financieras y extradiciones.
El mensaje estadounidense fue contundente: “No hay refugio” para quienes lucran con el narcotráfico, la extorsión o el lavado de dinero, sin importar el cargo que ocupen. Los fiscales estadounidenses anunciaron además que durante los próximos meses buscarán fortalecer casos que puedan llegar tanto a tribunales guatemaltecos como estadounidenses.
La coincidencia coloca los operativos contra el entorno de Martínez en una nueva dimensión. Los operativos ocurren justamente cuando Guatemala y Estados Unidos anuncian que profundizarán el seguimiento del dinero, la cooperación penal y la persecución de estructuras que operan a ambos lados de la frontera.
