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Expulsan de Guatemala a salvadoreña con tres órdenes de captura por contrabando

.
Luis Gonzalez
03 de marzo, 2026

Las autoridades guatemaltecas expulsaron de manera inmediata a una ciudadana salvadoreña identificada como Wendy Yamileth Zuñiga Tobar, de 33 años, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala la localizaran en la aldea San Cristóbal, en Atescatempa, Jutiapa.

Es noticia. La mujer fue sometida a una verificación rutinaria, durante la cual se consultó su solvencia en el sistema de INTERPOL.

  • Allí se confirmó que mantenía tres órdenes de captura vigentes en El Salvador por el delito de contrabando de mercaderías, lo que activó los protocolos correspondientes para su expulsión.
  • Después de ser detenida, fue remitida a la delegación del Instituto Guatemalteco de Migración en la aduana San Cristóbal y entregada posteriormente a la Policía Nacional Civil de El Salvador para que enfrente la justicia salvadoreña.
  • Este caso se enmarca en un contexto regional en el cual El Salvador ha intensificado significativamente su combate al contrabando.

Qué destacar. Desde 2024, el gobierno salvadoreño puso en marcha una ofensiva de gran escala orientada a desmantelar redes dedicadas al ingreso ilegal de mercancías y a la evasión fiscal.

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  • En los primeros ocho meses de 2024 el Plan Anticontrabando permitió decomisar mercadería valorada en USD 17.3M, relacionada con 160 casos de contrabando.
  • Dentro de esas investigaciones, las autoridades lograron detener en julio a 84 personas acusadas de integrar una estructura que habría evadido más de USD 2.2M en impuestos mediante el tráfico ilegal de productos, principalmente cigarrillos introducidos desde Guatemala y Honduras. 
  • La política salvadoreña de combate al contrabando se endureció aún más tras un hecho ocurrido en febrero de 2026, cuando un miembro de la Fuerza Armada murió durante un operativo en Metapán al ser atacado por un grupo de contrabandistas.

Lo que sigue. Este asesinato llevó al Ministerio de Justicia y Seguridad a reforzar de inmediato los operativos fronterizos y a anunciar una respuesta contundente contra las estructuras delictivas vinculadas a esta actividad.

  • El gobierno desplegó nuevas acciones policiales y militares para frenar el flujo ilegal de mercancías entre El Salvador y Guatemala, al tiempo que analistas señalaron que ciertos remanentes de pandillas podían estar migrando hacia el contrabando como una nueva fuente de ingresos ilícitos.
  • Las operaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la República también han permitido identificar y capturar a cientos de personas vinculadas a estas redes. Solo en 2024 la FGR registró 321 capturas por contrabando de mercadería, entre ellas 230 detenidos en flagrancia y otros aprehendidos mediante órdenes fiscales y judiciales.
  • En el marco de esos operativos, las autoridades también incautaron miles de paquetes de cigarrillos que no contaban con registros sanitarios y que formaban parte de la mercancía destinada a su comercialización ilegal. 

Datos clave. A esta cifra se suman las investigaciones de largo plazo realizadas por la Fiscalía, que en julio de 2024 derivaron en la emisión de 166 órdenes de captura contra 84 miembros de una estructura criminal dedicada al tráfico de cigarrillos en distintos departamentos del país.

  • Estas operaciones incluyeron allanamientos, incautaciones de vehículos y la desarticulación de células que utilizaban puntos ciegos para ingresar mercancía desde Guatemala y Honduras. 
  • La expulsión de Zuñiga es un ejemplo reciente de la coordinación regional en el combate a estas estructuras. La ubicación de la mujer en Atescatempa, un área fronteriza ampliamente utilizada por contrabandistas debido a su compleja geografía y la existencia de rutas informales, refuerza la importancia de los controles binacionales y del uso de plataformas como INTERPOL para detectar a personas buscadas.
  • Con su entrega a las autoridades salvadoreñas, el caso se integra a los esfuerzos continuos por fortalecer la seguridad fronteriza y enfrentar un delito que afecta a ambos países tanto en materia fiscal como en materia de seguridad regional.

Expulsan de Guatemala a salvadoreña con tres órdenes de captura por contrabando

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Luis Gonzalez
03 de marzo, 2026

Las autoridades guatemaltecas expulsaron de manera inmediata a una ciudadana salvadoreña identificada como Wendy Yamileth Zuñiga Tobar, de 33 años, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala la localizaran en la aldea San Cristóbal, en Atescatempa, Jutiapa.

Es noticia. La mujer fue sometida a una verificación rutinaria, durante la cual se consultó su solvencia en el sistema de INTERPOL.

  • Allí se confirmó que mantenía tres órdenes de captura vigentes en El Salvador por el delito de contrabando de mercaderías, lo que activó los protocolos correspondientes para su expulsión.
  • Después de ser detenida, fue remitida a la delegación del Instituto Guatemalteco de Migración en la aduana San Cristóbal y entregada posteriormente a la Policía Nacional Civil de El Salvador para que enfrente la justicia salvadoreña.
  • Este caso se enmarca en un contexto regional en el cual El Salvador ha intensificado significativamente su combate al contrabando.

Qué destacar. Desde 2024, el gobierno salvadoreño puso en marcha una ofensiva de gran escala orientada a desmantelar redes dedicadas al ingreso ilegal de mercancías y a la evasión fiscal.

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  • En los primeros ocho meses de 2024 el Plan Anticontrabando permitió decomisar mercadería valorada en USD 17.3M, relacionada con 160 casos de contrabando.
  • Dentro de esas investigaciones, las autoridades lograron detener en julio a 84 personas acusadas de integrar una estructura que habría evadido más de USD 2.2M en impuestos mediante el tráfico ilegal de productos, principalmente cigarrillos introducidos desde Guatemala y Honduras. 
  • La política salvadoreña de combate al contrabando se endureció aún más tras un hecho ocurrido en febrero de 2026, cuando un miembro de la Fuerza Armada murió durante un operativo en Metapán al ser atacado por un grupo de contrabandistas.

Lo que sigue. Este asesinato llevó al Ministerio de Justicia y Seguridad a reforzar de inmediato los operativos fronterizos y a anunciar una respuesta contundente contra las estructuras delictivas vinculadas a esta actividad.

  • El gobierno desplegó nuevas acciones policiales y militares para frenar el flujo ilegal de mercancías entre El Salvador y Guatemala, al tiempo que analistas señalaron que ciertos remanentes de pandillas podían estar migrando hacia el contrabando como una nueva fuente de ingresos ilícitos.
  • Las operaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la República también han permitido identificar y capturar a cientos de personas vinculadas a estas redes. Solo en 2024 la FGR registró 321 capturas por contrabando de mercadería, entre ellas 230 detenidos en flagrancia y otros aprehendidos mediante órdenes fiscales y judiciales.
  • En el marco de esos operativos, las autoridades también incautaron miles de paquetes de cigarrillos que no contaban con registros sanitarios y que formaban parte de la mercancía destinada a su comercialización ilegal. 

Datos clave. A esta cifra se suman las investigaciones de largo plazo realizadas por la Fiscalía, que en julio de 2024 derivaron en la emisión de 166 órdenes de captura contra 84 miembros de una estructura criminal dedicada al tráfico de cigarrillos en distintos departamentos del país.

  • Estas operaciones incluyeron allanamientos, incautaciones de vehículos y la desarticulación de células que utilizaban puntos ciegos para ingresar mercancía desde Guatemala y Honduras. 
  • La expulsión de Zuñiga es un ejemplo reciente de la coordinación regional en el combate a estas estructuras. La ubicación de la mujer en Atescatempa, un área fronteriza ampliamente utilizada por contrabandistas debido a su compleja geografía y la existencia de rutas informales, refuerza la importancia de los controles binacionales y del uso de plataformas como INTERPOL para detectar a personas buscadas.
  • Con su entrega a las autoridades salvadoreñas, el caso se integra a los esfuerzos continuos por fortalecer la seguridad fronteriza y enfrentar un delito que afecta a ambos países tanto en materia fiscal como en materia de seguridad regional.

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