Diputados aprueban de urgencia nacional la Ley de Ciberseguridad

El Congreso aprobó de urgencia nacional el decreto que establece un marco legal para prevenir y sancionar los delitos informáticos y proteger la infraestructura digital del país. La decisión aceleró su discusión en el pleno, aunque varios diputados cuestionaron la falta de análisis del proyecto y de las enmiendas incorporadas.

Es noticia. La iniciativa figuraba en la agenda del pleno para avanzar en primera lectura. Sin embargo, el grupo oficialista, encabezado por los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Palala, promovió cambiar la ruta de discusión para aprobarla de urgencia nacional y en un solo debate. La moción aceleró el trámite del proyecto, pese a los cuestionamientos de legisladores sobre la falta de análisis.

• Palala planteó la moción para conocer la iniciativa de urgencia nacional. La propuesta obtuvo 109 votos, por encima de los 107 necesarios para aprobar ese procedimiento.
• Luego, 111 diputados respaldaron que el proyecto se conociera en un solo debate, en lugar de continuar con las lecturas previstas en el procedimiento ordinario.
• Durante la sesión, el pleno hizo una pausa para socializar las enmiendas. Algunos diputados expresaron reservas porque consideraron que no habían tenido suficiente tiempo para revisar los cambios al texto.

Datos clave. Las modificaciones al proyecto incorporan nuevos tipos penales y ajustan las sanciones para conductas que afectan datos, sistemas informáticos e identidades digitales. También incluyen agravantes cuando los ataques comprometen información sensible o infraestructura crítica.

• La interceptación ilegal de datos informáticos no públicos y de emisiones electromagnéticas quedaría sancionada con prisión de cinco a ocho años.
• Los ataques contra la integridad de datos tendrían penas de cinco a siete años; los que afecten el funcionamiento de sistemas informáticos, de cinco a ocho años.
• La apropiación de identidad mediante tecnologías de información se castigaría con dos a cuatro años de prisión. Si se vulneran medidas de seguridad, la pena aumentaría a entre tres y seis años.

Puntos de fricción. El paquete de enmiendas también plantea cambios en las agravantes, las facultades de investigación y el tratamiento de información protegida. Estas disposiciones abren preguntas sobre el alcance de las nuevas atribuciones y las garantías para evitar intervenciones desproporcionadas.

• Las penas aumentarían en una tercera parte si el responsable tiene vínculo con la entidad afectada, compromete información confidencial o busca un beneficio ilícito; en dos terceras partes si afecta infraestructura digital crítica.
• Para los registros digitales, la autorización judicial deberá precisar los sistemas, datos, medios, personal y tiempo de acceso. Revisar un sistema no permitirá ingresar automáticamente a otros dispositivos o cuentas conectadas. 
• En servicios financieros críticos, antes de ordenar una interrupción, la autoridad judicial deberá solicitar un informe técnico confidencial al Banco de Guatemala o a la Superintendencia de Bancos. La medida se revisaría cada 24 horas.

Lo que sigue. Con la aprobación del decreto, el proceso pasa al Organismo Ejecutivo, que deberá revisar el texto y decidir si lo sanciona o ejerce su facultad de veto. 

• El Ejecutivo deberá recibir el decreto aprobado por el Congreso y resolver si lo sanciona o lo devuelve con observaciones.
• Si es sancionado, deberá publicarse en el Diario de Centro América para que pueda entrar en vigor conforme a las disposiciones del decreto.