EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: CACIF demanda ejecutar amparos contra bloqueos
“Una carretera bloqueada no es solamente una fila de vehículos. Son miles de vidas interrumpidas”, indican directivos del CACIF.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) exigió al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil ejecutar los amparos otorgados por la Corte de Constitucionalidad y liberar de inmediato las carreteras bloqueadas en distintos puntos del país.
- Durante una conferencia de prensa, los dirigentes empresariales advirtieron que los cierres han provocado graves afectaciones económicas y sociales tras diez días de interrupciones a la libre locomoción.
Qué destacar. El expresidente del CACIF, Charles Bland, afirmó que la situación ha impactado directamente a miles de guatemaltecos.
- Señaló que trabajadores han tenido que caminar durante horas para llegar a sus empleos, familias han quedado atrapadas en las carreteras, estudiantes han perdido clases y pacientes han enfrentado dificultades para asistir a consultas y tratamientos médicos. “Esto no puede normalizarse”, afirmó.
- Bland sostuvo que detrás de cada bloqueo existen consecuencias humanas que van más allá de las pérdidas económicas.
- “Una carretera bloqueada no es solamente una fila de vehículos. Son miles de vidas interrumpidas”, expresó. Agregó que los problemas de abastecimiento, distribución y producción continúan acumulándose mientras persisten los cierres.
Por qué importa. El dirigente empresarial también manifestó preocupación por denuncias divulgadas en medios de comunicación sobre personas que estarían solicitando nombre, número de DPI y firma a los ciudadanos para permitirles el paso.
- Incluso denunció reportes de cobros en algunos puntos bloqueados. “¿Quién recopila estos datos? ¿Quién lo instruyó? ¿Y para qué?”, cuestionó.
- Por ello, pidió la intervención del Ministerio Público para determinar si existe coordinación detrás de los bloqueos.
- Indicó que corresponde a esa institución investigar posibles estructuras organizadas, fuentes de financiamiento y eventuales autores intelectuales. “El Ministerio Público debe actuar. El Ministerio Público debe investigar esto”, afirmó.
Punto de fricción. Bland recordó que ya existen resoluciones favorables emitidas por la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libre locomoción de los ciudadanos. Por ello, exigió que las autoridades procedan a cumplirlas. “La Corte ya resolvió. Ahora esas resoluciones deben ejecutarse”, declaró.
- El presidente del CACIF rechazó además los planteamientos que sugieren la necesidad de un estado de prevención para intervenir. Consideró que las autoridades cuentan con las herramientas legales suficientes para actuar. “No necesitan un estado de prevención para hacerlo”, aseguró.
- También marcó una diferencia entre el derecho a manifestar y el bloqueo de vías públicas. “Una cosa es manifestarse y otra cosa muy diferente es bloquear”, señaló.
- A su juicio, impedir el tránsito de personas, ambulancias, transporte de mercancías y vehículos particulares constituye una violación a los derechos de terceros.
En el radar. En la misma línea se pronunciaron otros directivos del sector empresarial.
- Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, respaldó la necesidad de garantizar el cumplimiento de los amparos y restablecer la certeza jurídica en las carreteras del país.
- Asimismo, advirtió que los bloqueos continúan afectando las cadenas de suministro y encareciendo la actividad productiva.
- Hicieron un llamado para que las resoluciones judiciales sean ejecutadas sin demora. Los empresarios coincidieron en que la prioridad debe ser restablecer la movilidad y evitar mayores daños a la economía.
En conclusión. Respecto al origen de las protestas, vinculadas al incremento internacional de los combustibles, Bland reconoció que se trata de una crisis global.
- Señaló que el aumento de los precios responde a factores geopolíticos y a condiciones del mercado internacional. Indicó además que el subsidio temporal aprobado por el Congreso representa una medida de alivio para la población, aunque advirtió que no constituye una solución permanente.
- Finalmente, el CACIF insistió en que el Gobierno debe actuar para garantizar la libre locomoción y el cumplimiento de la ley. “Los guatemaltecos no podemos seguir siendo rehenes de los bloqueos. Guatemala debe poder circular”, concluyó Bland.
CACIF demanda ejecutar amparos contra bloqueos
“Una carretera bloqueada no es solamente una fila de vehículos. Son miles de vidas interrumpidas”, indican directivos del CACIF.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) exigió al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil ejecutar los amparos otorgados por la Corte de Constitucionalidad y liberar de inmediato las carreteras bloqueadas en distintos puntos del país.
- Durante una conferencia de prensa, los dirigentes empresariales advirtieron que los cierres han provocado graves afectaciones económicas y sociales tras diez días de interrupciones a la libre locomoción.
Qué destacar. El expresidente del CACIF, Charles Bland, afirmó que la situación ha impactado directamente a miles de guatemaltecos.
- Señaló que trabajadores han tenido que caminar durante horas para llegar a sus empleos, familias han quedado atrapadas en las carreteras, estudiantes han perdido clases y pacientes han enfrentado dificultades para asistir a consultas y tratamientos médicos. “Esto no puede normalizarse”, afirmó.
- Bland sostuvo que detrás de cada bloqueo existen consecuencias humanas que van más allá de las pérdidas económicas.
- “Una carretera bloqueada no es solamente una fila de vehículos. Son miles de vidas interrumpidas”, expresó. Agregó que los problemas de abastecimiento, distribución y producción continúan acumulándose mientras persisten los cierres.
Por qué importa. El dirigente empresarial también manifestó preocupación por denuncias divulgadas en medios de comunicación sobre personas que estarían solicitando nombre, número de DPI y firma a los ciudadanos para permitirles el paso.
- Incluso denunció reportes de cobros en algunos puntos bloqueados. “¿Quién recopila estos datos? ¿Quién lo instruyó? ¿Y para qué?”, cuestionó.
- Por ello, pidió la intervención del Ministerio Público para determinar si existe coordinación detrás de los bloqueos.
- Indicó que corresponde a esa institución investigar posibles estructuras organizadas, fuentes de financiamiento y eventuales autores intelectuales. “El Ministerio Público debe actuar. El Ministerio Público debe investigar esto”, afirmó.
Punto de fricción. Bland recordó que ya existen resoluciones favorables emitidas por la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libre locomoción de los ciudadanos. Por ello, exigió que las autoridades procedan a cumplirlas. “La Corte ya resolvió. Ahora esas resoluciones deben ejecutarse”, declaró.
- El presidente del CACIF rechazó además los planteamientos que sugieren la necesidad de un estado de prevención para intervenir. Consideró que las autoridades cuentan con las herramientas legales suficientes para actuar. “No necesitan un estado de prevención para hacerlo”, aseguró.
- También marcó una diferencia entre el derecho a manifestar y el bloqueo de vías públicas. “Una cosa es manifestarse y otra cosa muy diferente es bloquear”, señaló.
- A su juicio, impedir el tránsito de personas, ambulancias, transporte de mercancías y vehículos particulares constituye una violación a los derechos de terceros.
En el radar. En la misma línea se pronunciaron otros directivos del sector empresarial.
- Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, respaldó la necesidad de garantizar el cumplimiento de los amparos y restablecer la certeza jurídica en las carreteras del país.
- Asimismo, advirtió que los bloqueos continúan afectando las cadenas de suministro y encareciendo la actividad productiva.
- Hicieron un llamado para que las resoluciones judiciales sean ejecutadas sin demora. Los empresarios coincidieron en que la prioridad debe ser restablecer la movilidad y evitar mayores daños a la economía.
En conclusión. Respecto al origen de las protestas, vinculadas al incremento internacional de los combustibles, Bland reconoció que se trata de una crisis global.
- Señaló que el aumento de los precios responde a factores geopolíticos y a condiciones del mercado internacional. Indicó además que el subsidio temporal aprobado por el Congreso representa una medida de alivio para la población, aunque advirtió que no constituye una solución permanente.
- Finalmente, el CACIF insistió en que el Gobierno debe actuar para garantizar la libre locomoción y el cumplimiento de la ley. “Los guatemaltecos no podemos seguir siendo rehenes de los bloqueos. Guatemala debe poder circular”, concluyó Bland.
