Traslado de El Lobo provoca que diputados pidan destituir al PDH y relatores

El polémico traslado de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, volvió a encender la tensión entre el Congreso y las instituciones de derechos humanos. Diputados cuestionan el papel del procurador José Alejandro Córdova y del relator contra la tortura, lo que podría abrir la puerta a un proceso de destitución.

Es noticia. El caso de El Lobo dejó de ser un trámite carcelario y se convirtió en una tormenta política que golpea al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y a la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT).

• Diputados de la Comisión de Derechos Humanos advirtieron que el uso de informes de la PDH y de la OPT en el expediente del traslado podría justificar la remoción de José Alejandro Córdova y de los relatores.
• Ambos funcionarios negaron haber recomendado el cambio de prisión y señalaron que sus reportes fueron utilizados de manera parcial y sin contexto.
• El Congreso recordó que, así como nombró al PDH, también puede destituirlo si encuentra responsabilidades políticas o vínculos cuestionables.

Datos clave. El traslado de El Lobo expuso la fragilidad de las instituciones que vigilan derechos humanos en Guatemala. Aunque su función debería ser técnica, el episodio las coloca en medio de pugnas políticas y acusaciones de favorecer intereses oscuros.

• José Alejandro Córdova, PDH, aseguró que “los informes no pedían traslado” y que solo documentaban condiciones de hacinamiento.
• Alfredo Sánchez, relator contra la tortura, reiteró ante diputados que la OPT no recomendó mover a Montiel, sino garantizar condiciones dignas de detención.
• La confusión abrió espacio a interpretaciones que fortalecieron la orden judicial para el traslado, generando sospechas de manipulación.

Balance. El futuro de Córdova y de Sánchez depende de la presión política que logre articularse en el Congreso. La crisis refleja un patrón recurrente: la fragilidad de instituciones llamadas a proteger derechos fundamentales, pero que terminan atrapadas en pugnas y sospechas.

• El caso muestra cómo decisiones administrativas en cárceles pueden escalar hasta comprometer a altos funcionarios del Estado.
• De confirmarse responsabilidades, el Congreso tendría facultad para destituir tanto al PDH como a los relatores.
• Más allá de nombres, el episodio evidencia la urgencia de blindar las instituciones frente a intereses criminales y cálculos partidarios.