Tras críticas y sin poder justificarlo, Directorio de Competencia da marcha atrás al salario de Q75 mil

La Superintendencia de Competencia, una entidad recién creada que aún no entra en funciones plenas, inició su vida pública con el pie izquierdo.

Es noticia. Lo que debió ser una institución técnica, quedó sumida desde sus primeros días en una tormenta de críticas por haber fijado, sin justificación sólida, salarios de GTQ 75 000 mensuales para los miembros de su Directorio. Tras el escándalo, la propia junta directiva anunció la revocatoria de ese salario, pero el daño político ya está hecho.

• El Directorio está integrado por Javier Enrique Bauer Herbruger, presidente; los directores titulares Edgar Rolando Guzmán Fuentes y Jorge Mario González Paz; y los directores suplentes Luis Guillermo Velásquez Pérez, Alfredo Skinner-Klee Sol y Jorge Alberto Santiago Chen Sam. Además, Jorge Miguel Castillo Castro es el Superintendente.
• Estos seis funcionarios, llamados a dirigir la institucionalidad de competencia, creada bajo el Decreto 32-2024, quedaron bajo escrutinio nacional luego de que en redes sociales divulgaran los honorarios en GTQ 75 000
• Las críticas no tardaron en surgir, señalando que una entidad recién creada, sin operaciones sustantivas y sin casos que resolver, no podía justificar semejantes montos.

Qué destacar. La indignación escaló al punto de que este 23 de enero, los directores fueron citados al Congreso por la bancada del partido político VOS, que exigió explicaciones públicas sobre el procedimiento y los criterios usados para fijar el salario.

• Durante la citación, sin embargo, los integrantes del Directorio no lograron justificar técnicamente cómo llegaron a la cifra, ni presentaron estudios comparativos de mercado, ni esquemas de responsabilidades que justificaran un salario tan elevado.
• La presión política y mediática llevó finalmente a que el Directorio anunciara la revocatoria del salario. Pero el episodio deja un precedente preocupante: la primera decisión administrativa de una entidad clave para garantizar la libre competencia terminó convertida en sinónimo de improvisación, opacidad y desconexión con la realidad económica del país.
• A ello se suma que la Superintendencia de Competencia ni siquiera tiene asegurada su operatividad plena. El Ministerio de Finanzas y la Superintendencia han sostenido reuniones para concretar el desembolso del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el cual asciende a GTQ 20M para iniciar operaciones. Sin embargo, por “interpretación de ley”, dicho traslado se había retrasado hasta finales de diciembre de 2025, lo que puso en riesgo la capacidad financiera de la institución para arrancar formalmente sus funciones.

Sí, pero. Ese contexto vuelve aún más cuestionable la decisión del Directorio: fijar salarios elevados en una entidad que ni siquiera tiene garantizado su propio presupuesto operativo y que continúa en fase organizativa. Además, se cuestionó que pretendían recibir salarios "no pagados", desde agosto de 2025.

• En redes sociales, usuarios y analistas fueron especialmente críticos. Algunos calificaron el episodio como “la primera gran señal de alarma” de la Superintendencia, mientras que otros señalaron que la entidad parece haber nacido más preocupada por sus remuneraciones que por diseñar su plan técnico de trabajo, reglamentos internos o metodologías de investigación de prácticas anticompetitivas.
• Este primer tropiezo erosiona la confianza ciudadana en la nueva entidad y deja interrogantes sobre el criterio, la prudencia y la independencia técnica de quienes la dirigen.
• Aunque el Directorio revocó la decisión, el episodio no se borra fácilmente. Los directores indicaron que la otra semana se intentará fijar un nuevo salario.