También las maras van por el poder político en Guatemala en 2027

Una cosa es que el crimen organizado controle territorios donde el Estado está ausente. Otra, mucho más grave, es que consiga gobernarlos desde el propio Estado. Ese es el nuevo objetivo de las maras. 

Hemeroteca. Las maras guatemaltecas están experimentando el pasar de controlar territorios mediante la extorsión y la violencia a conseguir influencia directa sobre las instituciones políticas. De cara a las elecciones de 2027, las autoridades ya advierten sobre posibles alianzas entre pandillas y partidos políticos, financiamiento electoral e intimidación de candidatos.  Las maras centroamericanas tienen sus raíces en Los Ángeles, donde comunidades de inmigrantes que habían huido de las guerras civiles encontraron barrios dominados por pandillas.  

• La Mara Salvatrucha surgió entre jóvenes salvadoreños, mientras que el Barrio 18, de origen anterior, incorporó a distintos grupos de centroamericanos. Las deportaciones estadounidenses de los años noventa trasladaron estas estructuras a sociedades debilitadas por la guerra, la pobreza y la desintegración familiar. 

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• Inicialmente, sus actividades giraban alrededor de la protección de sus miembros, la delincuencia callejera y las disputas territoriales. Con el tiempo, desarrollaron economías criminales sostenidas por extorsiones, sicariato, narcomenudeo y otros negocios ilícitos. 

• A diferencia de los cárteles del narcotráfico, cuya supervivencia frecuentemente depende de corromper autoridades, controlar rutas internacionales y penetrar instituciones, las maras desarrollaron una relación distinta con el Estado, emulándolo casi como una estructura paralela. 

Cómo funciona. En numerosos barrios guatemaltecos, las pandillas cobran renta como si recaudaran impuestos, imponen reglas de circulación, castigan la desobediencia y ejercen violencia para garantizar el cumplimiento de sus órdenes. Sus territorios funcionan, en ocasiones, como pequeñas jurisdicciones criminales donde entrar, comerciar o residir depende de la tolerancia de la pandilla y la sofisticación de estas estructuras resulta cada vez más evidente.  

• En septiembre, la Policía Nacional Civil reveló que las maras habían instalado redes ilegales de videovigilancia para monitorear movimientos policiales y controlar sus comunidades.  

• También identificó negocios de cable, internet y transporte presuntamente utilizados para generar ingresos y lavar dinero. 

• El Ministerio Público reconoce que el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha han evolucionado hacia organizaciones criminales más complejas, con actividades que trascienden ampliamente la extorsión tradicional. 

Ecos regionales. En El Salvador, durante el gobierno de Mauricio Funes, del FMLN, la tregua de 2012 permitió negociar reducciones de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios. Posteriormente, surgieron investigaciones sobre acuerdos electorales entre dirigentes pandilleros y actores políticos que le permitió la reelección al FMLN en el 2014. La famosa tregua fue la forma de gobernar desde 2012, con el FMLN, hasta los primeros años de Bukele —que también pactó con ellas para controlar las cifras de homicidios—, hasta que la tregua se rompió en 2022.  

• Sin embargo, incluso cuando las pandillas negociaban votos, seguridad o privilegios, lo hacían fundamentalmente como poderes externos a las instituciones. No llegaron a constituir un partido nacional abiertamente identificado con sus estructuras criminales. 

Visto y no visto.  En noviembre de 2025, el director de la PNC advirtió sobre intentos de las pandillas de incursionar en la política mediante financiamiento e infiltración institucional. En septiembre de 2026, las autoridades identificaron municipios y zonas capitalinas donde las maras podrían condicionar las actividades electorales. El acercamiento entre las pandillas y el mundo político guatemalteco no es nuevo. Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, uno de los máximos dirigentes del Barrio 18, es pareja de María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres. Además, Bryan Javier Morales Aguilar, excandidato municipal y antiguo financista de la UNE, participó desde la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura en la elaboración de un informe sobre las condiciones penitenciarias de “el Lobo”.  

• La convergencia entre redes familiares, operadores políticos e intereses penitenciarios ya constituye un asunto de escrutinio público. De cara a 2027, la preocupación es que las pandillas se plantean superar esos vínculos indirectos para conseguir una representación política propia. 

• La capacidad de intimidar comunidades enteras de las maras es un arma electoral probada, que les permite utilizar ese dominio para movilizar votantes, excluir adversarios y favorecer determinadas candidaturas, como en El Salvador en 2014. 

• El siguiente escalón sería todavía más peligroso: convertir esas alianzas en una representación política estable, mediante diputados, autoridades municipales e incluso aspiraciones presidenciales vinculadas a intereses pandilleros. 

Por qué importa. La PNC estima que entre 11 500 y 12 000 pandilleros operan actualmente en Guatemala. Aunque las estructuras conservan rivalidades y divisiones internas, su capacidad para coordinar operaciones, administrar ingresos ilícitos y ejercer control territorial revela una organización considerablemente más desarrollada que la imagen tradicional de delincuentes juveniles desorganizados. Los vínculos de las maras con el poder político actual es un pequeño problema comparado con el objetivo de hacerse con el poder a través de un partido, un candidato presidencial y una bancada legislativa controlada por pandillas.  

• Si las maras consiguen transformar su capacidad de intimidación en poder legislativo, podrían influir sobre presupuestos, nombramientos, políticas penitenciarias y decisiones de seguridad desde las propias instituciones encargadas de combatirlas. 

• Guatemala lleva décadas enfrentando organizaciones que desafían el monopolio estatal de la fuerza. La amenaza ahora es que esas mismas organizaciones pretendan participar en el ejercicio legítimo de ese poder. 

• Un partido político de las maras sería un nivel más alto de infiltración criminal, algo nunca visto con el fenómeno de las pandillas, ni siquiera en El Salvador pre-Bukele, país considerado como la cuna y máximo exponente del terror de las maras.