La Ley de Protección de la Red Vial y la Infraestructura Crítica del Estado, iniciativa 6534, avanzó en el Congreso con dictamen favorable esta semana. El proceso abrió un debate técnico sobre el modelo de gestión vial. En este sentido, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) advirtió riesgos institucionales y pidió revisar la propuesta antes de su aprobación.
Por qué importa. La red vial está en malas condiciones. A pesar de ello, se hacen esfuerzos para mantener la movilidad, el comercio y la inversión entre departamentos. Cualquier cambio legal que altere las reglas vigentes impacta en proyectos que requieren planificación técnica y contratos estables. Un ejemplo es la construcción de nuevos kilómetros.
- La iniciativa 6534 propone que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) asuma funciones de mantenimiento y protección de carreteras. Esto introduce un nuevo esquema operativo.
- Desde 2024, la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) tiene el mandato legal de planificar y gestionar rutas estratégicas bajo criterios técnicos y financieros definidos.
- La coexistencia de modelos sin delimitación clara puede afectar la eficiencia institucional. También genera dudas sobre quién podría tomar las decisiones clave en la red vial.
Visto y no visto. La DIPP se concibió como una entidad técnica e independiente para agilizar la gestión de proyectos viales. Hoy opera como una unidad ejecutora más del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por culpa de este Gobierno. ATAL plantea que el dictamen de la iniciativa 6534 no armoniza con el marco normativo vigente.
- El señalamiento no se centra en el rol del Ejército, sino en la superposición de competencias y sus efectos prácticos. Podría asignar funciones similares a distintas entidades, como la DIPP.
- Es decir, puede provocar duplicidad de procesos, especialmente en licitaciones, derecho de vía y ejecución contractual.
- En la actualidad, la DIPP aún no logra consolidarse plenamente —el Ministerio de Finanzas nunca le proveyó de los fondos necesarios—. Muchos de sus planes solo están en papel. Algunos regulados en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP).
Sí, pero. La falta de estructura, personal y sede limita el avance de los proyectos priorizados en la LIVP. En este contexto, sumar otro actor con competencias similares no resuelve los atrasos existentes. En sentido contrario, puede fragmentar aún más la gestión vial.
- ATAL propone que el Congreso detenga el avance de la iniciativa y la devuelva a la Comisión de Defensa Nacional. El objetivo es corregir vacíos y evitar conflictos de mandato antes de su aprobación final.
- También advierte que la falta de claridad puede afectar la percepción internacional del país como destino confiable para inversión en infraestructura.
- En 2025, Comunicaciones ejecutó solamente el 68.2 % de su presupuesto. La mayor parte se destinó a mantenimiento y no a nuevas obras. Este año se proyecta un escenario similar.
En conclusión. Las fricciones de la iniciativa 6534 exponen una debilidad recurrente en la gestión pública: la tendencia a sumar nuevas funciones sin resolver los vacíos institucionales existentes. La falta de delimitación entre el Cuerpo de Ingenieros y la DIPP plantea riesgos operativos, legales y financieros en un sector que requiere estabilidad.
- La superposición de competencias no corrige el deterioro de la red vial. Por el contrario, puede generar duplicidad de procesos, retrasos en licitaciones y conflictos en la ejecución de contratos.
- La DIPP aún no consolida su estructura ni sus planes operativos. Introducir otro actor con atribuciones similares no acelera la inversión pública. Fragmenta la toma de decisiones técnicas.
La Ley de Protección de la Red Vial y la Infraestructura Crítica del Estado, iniciativa 6534, avanzó en el Congreso con dictamen favorable esta semana. El proceso abrió un debate técnico sobre el modelo de gestión vial. En este sentido, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) advirtió riesgos institucionales y pidió revisar la propuesta antes de su aprobación.
Por qué importa. La red vial está en malas condiciones. A pesar de ello, se hacen esfuerzos para mantener la movilidad, el comercio y la inversión entre departamentos. Cualquier cambio legal que altere las reglas vigentes impacta en proyectos que requieren planificación técnica y contratos estables. Un ejemplo es la construcción de nuevos kilómetros.
- La iniciativa 6534 propone que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) asuma funciones de mantenimiento y protección de carreteras. Esto introduce un nuevo esquema operativo.
- Desde 2024, la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) tiene el mandato legal de planificar y gestionar rutas estratégicas bajo criterios técnicos y financieros definidos.
- La coexistencia de modelos sin delimitación clara puede afectar la eficiencia institucional. También genera dudas sobre quién podría tomar las decisiones clave en la red vial.
Visto y no visto. La DIPP se concibió como una entidad técnica e independiente para agilizar la gestión de proyectos viales. Hoy opera como una unidad ejecutora más del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por culpa de este Gobierno. ATAL plantea que el dictamen de la iniciativa 6534 no armoniza con el marco normativo vigente.
- El señalamiento no se centra en el rol del Ejército, sino en la superposición de competencias y sus efectos prácticos. Podría asignar funciones similares a distintas entidades, como la DIPP.
- Es decir, puede provocar duplicidad de procesos, especialmente en licitaciones, derecho de vía y ejecución contractual.
- En la actualidad, la DIPP aún no logra consolidarse plenamente —el Ministerio de Finanzas nunca le proveyó de los fondos necesarios—. Muchos de sus planes solo están en papel. Algunos regulados en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP).
Sí, pero. La falta de estructura, personal y sede limita el avance de los proyectos priorizados en la LIVP. En este contexto, sumar otro actor con competencias similares no resuelve los atrasos existentes. En sentido contrario, puede fragmentar aún más la gestión vial.
- ATAL propone que el Congreso detenga el avance de la iniciativa y la devuelva a la Comisión de Defensa Nacional. El objetivo es corregir vacíos y evitar conflictos de mandato antes de su aprobación final.
- También advierte que la falta de claridad puede afectar la percepción internacional del país como destino confiable para inversión en infraestructura.
- En 2025, Comunicaciones ejecutó solamente el 68.2 % de su presupuesto. La mayor parte se destinó a mantenimiento y no a nuevas obras. Este año se proyecta un escenario similar.
En conclusión. Las fricciones de la iniciativa 6534 exponen una debilidad recurrente en la gestión pública: la tendencia a sumar nuevas funciones sin resolver los vacíos institucionales existentes. La falta de delimitación entre el Cuerpo de Ingenieros y la DIPP plantea riesgos operativos, legales y financieros en un sector que requiere estabilidad.
- La superposición de competencias no corrige el deterioro de la red vial. Por el contrario, puede generar duplicidad de procesos, retrasos en licitaciones y conflictos en la ejecución de contratos.
- La DIPP aún no consolida su estructura ni sus planes operativos. Introducir otro actor con atribuciones similares no acelera la inversión pública. Fragmenta la toma de decisiones técnicas.
