La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) nació como una entidad de carácter técnico e independiente. La finalidad era lograr un órgano desconcentrado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Sin embargo, hoy funciona como una unidad ejecutora más. La decisión fue tomada el 2 de septiembre por su Directorio, con cuatro votos a favor de cinco.
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El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) votó en contra.
Por qué importa. La DIPP se creó con el objetivo de agilizar la gestión de los proyectos viales. Además, de desvincularlos de los intereses políticos que influyen en el CIV. El cambio en el estatus genera incertidumbre en la capacidad para tomar futuras decisiones técnicas. Todo apunta a que la infraestructura del país no tendrá mayores avances.
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La DIPP no tiene sede, oficinas ni personal asignado. La falta de estructura limita el cumplimiento de los 18 proyectos viales priorizados en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP).
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Según la ley, se tiene hasta junio de 2026 para integrar los órganos de dirección y establecer su normativa. La transición de funciones y competencias del CIV a la nueva unidad ejecutora contempla 36 meses de plazo.
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Este empezó a correr desde el pasado 2 de septiembre, y significa más atraso en la gestión. El plan del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 contempla una asignación de GTQ 2102M a la DIPP.
Visto y no visto. El 12 de junio, el CIV designó a Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado como primera gerente de la DIPP. Al tomar una decisión en conjunto con el Directorio, esta deberá ser ratificada por el ministro de Comunicaciones. Un proceso burocrático —y político— que limitará la agilidad técnica con la que fue pensada la nueva entidad.
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El artículo 6 de la ley presentaba a la DIPP como entidad desconcentrada. Al convertirla en unidad ejecutora, se contradice lo que inicialmente planteó.
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El Directorio de la DIPP fue pensado para aprobar los contratos, además de gestionar las asignaciones presupuestarias. Así, estas no tendrían que pasar por el CIV. Ahora será todo lo contrario.
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El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, indicó en La Ronda de ayer lunes, que la DIPP dará resultados hasta 2027. Analistas difieren y consideran optimista el escenario, pues prevén avances hasta 2028.
Sí, pero. Los reglamentos y manuales para la ejecución de obras aún se encuentran en formulación. Incluye el proceso de creación de puestos para la nueva entidad. La solicitud ya se presentó en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), pero no se ha resuelto. En este sentido, Cáceres Maldonado fue nombrada gerente, pero no tiene plaza en la DIPP.
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La solicitud de creación de nuevas plazas para el próximo 2026 tiene como plazo máximo el día de hoy, 30 de septiembre. Según fuentes internas, este proceso podría no cumplirse.
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En tal caso, la DIPP tendría otro atraso. Iniciaría a funcionar hasta 2027, pues sería hasta el año entrante que podría aprobarse la solicitud.
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Según el ministro, en el 2026 darán comienzo a la operación y ejecución de proyectos por parte de la Dirección. No obstante, el escenario actual lo contradice.
En conclusión. El cambio de la DIPP a una unidad ejecutora va más allá de lo administrativo: implica perder la oportunidad de modernizar la gestión vial con criterios técnicos en lugar de políticos. El retraso en la conformación de su estructura, la falta de personal y la burocracia ministerial ponen en riesgo el cumplimiento de los 18 proyectos priorizados en la LIVP.
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Aunque el presupuesto 2026 ya prevé recursos para la Dirección, la falta de bases administrativas y normativas hace improbable que opere en el corto plazo.
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La proyección optimista del ministro, la de ver resultados en 2027, es irreal; analistas anticipan que la infraestructura vial seguirá rezagada al menos hasta 2028.
La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) nació como una entidad de carácter técnico e independiente. La finalidad era lograr un órgano desconcentrado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Sin embargo, hoy funciona como una unidad ejecutora más. La decisión fue tomada el 2 de septiembre por su Directorio, con cuatro votos a favor de cinco.
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El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) votó en contra.
Por qué importa. La DIPP se creó con el objetivo de agilizar la gestión de los proyectos viales. Además, de desvincularlos de los intereses políticos que influyen en el CIV. El cambio en el estatus genera incertidumbre en la capacidad para tomar futuras decisiones técnicas. Todo apunta a que la infraestructura del país no tendrá mayores avances.
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La DIPP no tiene sede, oficinas ni personal asignado. La falta de estructura limita el cumplimiento de los 18 proyectos viales priorizados en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP).
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Según la ley, se tiene hasta junio de 2026 para integrar los órganos de dirección y establecer su normativa. La transición de funciones y competencias del CIV a la nueva unidad ejecutora contempla 36 meses de plazo.
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Este empezó a correr desde el pasado 2 de septiembre, y significa más atraso en la gestión. El plan del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 contempla una asignación de GTQ 2102M a la DIPP.
Visto y no visto. El 12 de junio, el CIV designó a Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado como primera gerente de la DIPP. Al tomar una decisión en conjunto con el Directorio, esta deberá ser ratificada por el ministro de Comunicaciones. Un proceso burocrático —y político— que limitará la agilidad técnica con la que fue pensada la nueva entidad.
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El artículo 6 de la ley presentaba a la DIPP como entidad desconcentrada. Al convertirla en unidad ejecutora, se contradice lo que inicialmente planteó.
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El Directorio de la DIPP fue pensado para aprobar los contratos, además de gestionar las asignaciones presupuestarias. Así, estas no tendrían que pasar por el CIV. Ahora será todo lo contrario.
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El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, indicó en La Ronda de ayer lunes, que la DIPP dará resultados hasta 2027. Analistas difieren y consideran optimista el escenario, pues prevén avances hasta 2028.
Sí, pero. Los reglamentos y manuales para la ejecución de obras aún se encuentran en formulación. Incluye el proceso de creación de puestos para la nueva entidad. La solicitud ya se presentó en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), pero no se ha resuelto. En este sentido, Cáceres Maldonado fue nombrada gerente, pero no tiene plaza en la DIPP.
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La solicitud de creación de nuevas plazas para el próximo 2026 tiene como plazo máximo el día de hoy, 30 de septiembre. Según fuentes internas, este proceso podría no cumplirse.
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En tal caso, la DIPP tendría otro atraso. Iniciaría a funcionar hasta 2027, pues sería hasta el año entrante que podría aprobarse la solicitud.
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Según el ministro, en el 2026 darán comienzo a la operación y ejecución de proyectos por parte de la Dirección. No obstante, el escenario actual lo contradice.
En conclusión. El cambio de la DIPP a una unidad ejecutora va más allá de lo administrativo: implica perder la oportunidad de modernizar la gestión vial con criterios técnicos en lugar de políticos. El retraso en la conformación de su estructura, la falta de personal y la burocracia ministerial ponen en riesgo el cumplimiento de los 18 proyectos priorizados en la LIVP.
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Aunque el presupuesto 2026 ya prevé recursos para la Dirección, la falta de bases administrativas y normativas hace improbable que opere en el corto plazo.
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La proyección optimista del ministro, la de ver resultados en 2027, es irreal; analistas anticipan que la infraestructura vial seguirá rezagada al menos hasta 2028.