EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Las diferencias entre las dos facciones del oficialismo quedaron en evidencia durante la discusión de las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas. El grupo cercano a Samuel Pérez propuso excluir a CACIF del Consejo Nacional de Alianzas (CONADIE), mientras que el grupo encabezado por José Carlos Sanabria defendió su permanencia.
Por qué importa. Aunque ambos grupos aseguraron que los 23 votos del oficialismo se mantendrían cohesionados —pese a que unos buscan constituir el partido Raíces y otros continúan trabajando por recuperar la personería del Movimiento Semilla—, la realidad fue distinta.
- La votación y un posterior comunicado de prensa dejaron ver diferencias internas que no pasaron desapercibidas. Los diputados afines a Pérez respaldaron la propuesta de retirar a CACIF del Consejo, aunque solo lograron 40 votos, lejos de los 107 requeridos.
- Aun así, la discusión fue suficiente para frenar la aprobación del proyecto de ley. Por su parte, el grupo liderado por Sanabria hizo ver que el respaldo al artículo 9 respondía a los consensos alcanzados en las mesas de trabajo.
- La discusión quedó suspendida a pocas semanas de que concluya el segundo período ordinario, por lo que ahora queda por ver si el tema regresará al hemiciclo.
Visto y no visto. La postura de Pérez recibió el apoyo de diputados de otras bancadas, como Cabal, que aportó ocho votos, entre ellos, el de Luis Aguirre. También se sumaron cuatro votos de la Unidad Nacional de la Esperanza y los tres de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). No obstante, no fue suficiente: la propuesta alcanzó únicamente 40 votos, según consta en la planilla de votación.
- Tras finalizar la sesión, Pérez escribió en sus redes sociales que “hoy un grupo de diputados traidores vendieron el país a CACIF”.
- Por su parte, Sanabria escribió que “los consensos y los acuerdos son los únicos que pueden dinamizar un Congreso paralizado”.
- Agregó que no se puede poner en riesgo la agenda legislativa construida en varios meses de trabajo y concluyó: “Necesitamos de unidad para lograr cambios importantes para el país”.
En conclusión. Lo ocurrido en el hemiciclo no solo evidenció posiciones distintas frente al rol del sector empresarial en las alianzas público-privadas, sino también las tensiones que atraviesa el oficialismo a las puertas de la discusión del Presupuesto 2026.
- Más allá de la votación, el episodio reveló que la unidad que ambos grupos aseguraban mantener enfrenta desafíos reales en la práctica, especialmente cuando una parte de los diputados impulsa la construcción de un nuevo proyecto político denominado Raíces y otro se concentra en resucitar a Semilla.
- Más allá de las diferencias internas, quien más pierde es el país. La discusión paraliza el avance de una herramienta legal clave para atraer inversión, modernizar infraestructura y generar condiciones de desarrollo que Guatemala necesita con urgencia.
- Si el tema vuelve o no al pleno en las próximas semanas dependerá de la capacidad de los bloques para encontrar una hoja de ruta común antes de que cierre el período ordinario el 30 de noviembre.
Las diferencias entre las dos facciones del oficialismo quedaron en evidencia durante la discusión de las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas. El grupo cercano a Samuel Pérez propuso excluir a CACIF del Consejo Nacional de Alianzas (CONADIE), mientras que el grupo encabezado por José Carlos Sanabria defendió su permanencia.
Por qué importa. Aunque ambos grupos aseguraron que los 23 votos del oficialismo se mantendrían cohesionados —pese a que unos buscan constituir el partido Raíces y otros continúan trabajando por recuperar la personería del Movimiento Semilla—, la realidad fue distinta.
- La votación y un posterior comunicado de prensa dejaron ver diferencias internas que no pasaron desapercibidas. Los diputados afines a Pérez respaldaron la propuesta de retirar a CACIF del Consejo, aunque solo lograron 40 votos, lejos de los 107 requeridos.
- Aun así, la discusión fue suficiente para frenar la aprobación del proyecto de ley. Por su parte, el grupo liderado por Sanabria hizo ver que el respaldo al artículo 9 respondía a los consensos alcanzados en las mesas de trabajo.
- La discusión quedó suspendida a pocas semanas de que concluya el segundo período ordinario, por lo que ahora queda por ver si el tema regresará al hemiciclo.
Visto y no visto. La postura de Pérez recibió el apoyo de diputados de otras bancadas, como Cabal, que aportó ocho votos, entre ellos, el de Luis Aguirre. También se sumaron cuatro votos de la Unidad Nacional de la Esperanza y los tres de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). No obstante, no fue suficiente: la propuesta alcanzó únicamente 40 votos, según consta en la planilla de votación.
- Tras finalizar la sesión, Pérez escribió en sus redes sociales que “hoy un grupo de diputados traidores vendieron el país a CACIF”.
- Por su parte, Sanabria escribió que “los consensos y los acuerdos son los únicos que pueden dinamizar un Congreso paralizado”.
- Agregó que no se puede poner en riesgo la agenda legislativa construida en varios meses de trabajo y concluyó: “Necesitamos de unidad para lograr cambios importantes para el país”.
En conclusión. Lo ocurrido en el hemiciclo no solo evidenció posiciones distintas frente al rol del sector empresarial en las alianzas público-privadas, sino también las tensiones que atraviesa el oficialismo a las puertas de la discusión del Presupuesto 2026.
- Más allá de la votación, el episodio reveló que la unidad que ambos grupos aseguraban mantener enfrenta desafíos reales en la práctica, especialmente cuando una parte de los diputados impulsa la construcción de un nuevo proyecto político denominado Raíces y otro se concentra en resucitar a Semilla.
- Más allá de las diferencias internas, quien más pierde es el país. La discusión paraliza el avance de una herramienta legal clave para atraer inversión, modernizar infraestructura y generar condiciones de desarrollo que Guatemala necesita con urgencia.
- Si el tema vuelve o no al pleno en las próximas semanas dependerá de la capacidad de los bloques para encontrar una hoja de ruta común antes de que cierre el período ordinario el 30 de noviembre.
