Con dictamen favorable, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2026 —que asciende a GTQ 163 783M (unos USD 21 400M)—, parece encaminado a ser aprobado sin discusión alguna en la sesión del martes 25.
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Las distintas bancadas del Congreso ya “negociaron” los puntos clave y todo indica que habrá consenso. La única incógnita es si la facción Raíces, liderada por Samuel Pérez, y la bancada afín Cabal, encabezada por Luis Aguirre, sumarán sus votos.
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Fuentes legislativas sugieren que sí, dado que ambos grupos respaldan la millonaria asignación para los Consejos de Desarrollo y varios ministerios, recursos que históricamente han servido para fortalecer redes políticas y municipales.
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Este acuerdo se da en un contexto preelectoral, donde los réditos políticos pesan tanto como el dinero a su favor. El proyecto implica un incremento del 5.8% respecto a 2025 y será financiado con recaudación tributaria (GTQ 120 000M) y emisión de Bonos del Tesoro. Aunque no contempla nuevos impuestos, diversos sectores rechazan el monto por el alto déficit fiscal que generará. Todo apunta a que el martes será una sesión rápida y con un presupuesto negociado.
Lo que sigue. Los diputados cuentan los días para cerrar el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República en la X Legislatura.
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El próximo domingo 30 de noviembre concluye el segundo año legislativo del gobierno del Movimiento Semilla, sin señales de cambio real. Persisten los señalamientos de corrupción, compra de votos, ilegalidades e incluso la influencia del crimen organizado, males que han acompañado al Organismo Legislativo desde el inicio de la era democrática.
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Aunque se aprobaron algunos temas relevantes, la percepción pública sigue siendo negativa. Las promesas de transparencia quedaron en discursos, mientras las prácticas cuestionadas se mantienen.
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La imagen del Congreso continúa lejos de ser una “nueva primavera” para la política nacional. Entre negociaciones opacas y agendas particulares, el cierre del periodo confirma que la transformación sigue siendo una deuda pendiente.
En el radar. Hoy comienzan en La Haya, las audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para analizar la solicitud de intervención presentada por Guatemala en el caso “Soberanía sobre los Cayos Zapotillos (Belice c. Honduras)”.
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Este litigio surge de la demanda interpuesta por Belice contra Honduras para que se declare su soberanía sobre los Cayos Zapotillos, un conjunto de islas deshabitadas en el Golfo de Honduras.
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Guatemala, que mantiene un diferendo histórico con Belice que incluye estos cayos, argumenta tener un interés jurídico que podría verse afectado por la decisión del tribunal. Las audiencias no abordarán el fondo del caso, sino únicamente si Guatemala puede intervenir en el proceso.
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Esta petición se enmarca en el contexto del acuerdo entre Guatemala y Belice para someter su disputa territorial a la CIJ en 2019. La apertura de un caso separado por Belice contra Honduras ha generado preocupación en Guatemala. La decisión sobre la intervención será un paso clave en la evolución del litigio.
Ecos regionales. Honduras se encamina a las elecciones generales del 30 de noviembre en medio de una fuerte polarización y crisis institucional. Más de 6.5 millones de ciudadanos están habilitados para votar por presidente, Congreso, alcaldías y PARLACEN, en un proceso vigilado por la OEA y la UE ante denuncias de irregularidades y riesgos de fraude.
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Los principales candidatos son Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional), en una contienda marcada por acusaciones de narcotráfico y nepotismo.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue desmantelando el sistema judicial para consolidar su control absoluto. El 20 de noviembre se registraron dos nuevas renuncias: Yadira Centeno y Lewin Downs, magistrados de la Corte Suprema, en medio de presiones políticas y purgas internas.
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Costa Rica vive tensión política por los señalamientos del presidente Rodrigo Chaves contra el Tribunal Supremo de Elecciones, en medio de la preparación para los comicios del 1 de febrero de 2026, ya bajo la observación internacional.
Con dictamen favorable, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2026 —que asciende a GTQ 163 783M (unos USD 21 400M)—, parece encaminado a ser aprobado sin discusión alguna en la sesión del martes 25.
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Las distintas bancadas del Congreso ya “negociaron” los puntos clave y todo indica que habrá consenso. La única incógnita es si la facción Raíces, liderada por Samuel Pérez, y la bancada afín Cabal, encabezada por Luis Aguirre, sumarán sus votos.
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Fuentes legislativas sugieren que sí, dado que ambos grupos respaldan la millonaria asignación para los Consejos de Desarrollo y varios ministerios, recursos que históricamente han servido para fortalecer redes políticas y municipales.
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Este acuerdo se da en un contexto preelectoral, donde los réditos políticos pesan tanto como el dinero a su favor. El proyecto implica un incremento del 5.8% respecto a 2025 y será financiado con recaudación tributaria (GTQ 120 000M) y emisión de Bonos del Tesoro. Aunque no contempla nuevos impuestos, diversos sectores rechazan el monto por el alto déficit fiscal que generará. Todo apunta a que el martes será una sesión rápida y con un presupuesto negociado.
Lo que sigue. Los diputados cuentan los días para cerrar el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República en la X Legislatura.
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El próximo domingo 30 de noviembre concluye el segundo año legislativo del gobierno del Movimiento Semilla, sin señales de cambio real. Persisten los señalamientos de corrupción, compra de votos, ilegalidades e incluso la influencia del crimen organizado, males que han acompañado al Organismo Legislativo desde el inicio de la era democrática.
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Aunque se aprobaron algunos temas relevantes, la percepción pública sigue siendo negativa. Las promesas de transparencia quedaron en discursos, mientras las prácticas cuestionadas se mantienen.
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La imagen del Congreso continúa lejos de ser una “nueva primavera” para la política nacional. Entre negociaciones opacas y agendas particulares, el cierre del periodo confirma que la transformación sigue siendo una deuda pendiente.
En el radar. Hoy comienzan en La Haya, las audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para analizar la solicitud de intervención presentada por Guatemala en el caso “Soberanía sobre los Cayos Zapotillos (Belice c. Honduras)”.
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Este litigio surge de la demanda interpuesta por Belice contra Honduras para que se declare su soberanía sobre los Cayos Zapotillos, un conjunto de islas deshabitadas en el Golfo de Honduras.
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Guatemala, que mantiene un diferendo histórico con Belice que incluye estos cayos, argumenta tener un interés jurídico que podría verse afectado por la decisión del tribunal. Las audiencias no abordarán el fondo del caso, sino únicamente si Guatemala puede intervenir en el proceso.
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Esta petición se enmarca en el contexto del acuerdo entre Guatemala y Belice para someter su disputa territorial a la CIJ en 2019. La apertura de un caso separado por Belice contra Honduras ha generado preocupación en Guatemala. La decisión sobre la intervención será un paso clave en la evolución del litigio.
Ecos regionales. Honduras se encamina a las elecciones generales del 30 de noviembre en medio de una fuerte polarización y crisis institucional. Más de 6.5 millones de ciudadanos están habilitados para votar por presidente, Congreso, alcaldías y PARLACEN, en un proceso vigilado por la OEA y la UE ante denuncias de irregularidades y riesgos de fraude.
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Los principales candidatos son Rixi Moncada (Libre), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Nasry Asfura (Partido Nacional), en una contienda marcada por acusaciones de narcotráfico y nepotismo.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue desmantelando el sistema judicial para consolidar su control absoluto. El 20 de noviembre se registraron dos nuevas renuncias: Yadira Centeno y Lewin Downs, magistrados de la Corte Suprema, en medio de presiones políticas y purgas internas.
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Costa Rica vive tensión política por los señalamientos del presidente Rodrigo Chaves contra el Tribunal Supremo de Elecciones, en medio de la preparación para los comicios del 1 de febrero de 2026, ya bajo la observación internacional.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: