EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El panorama de quién será el próximo en dirigir el Ministerio Público comienza a despejarse con una claridad poco común en estos procesos.
Qué destacar. Luego de recibir los expedientes, vienen fases decisivas: objeciones, entrevistas y pruebas psicométricas antes de la gradación final.
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Entre los perfiles con sintonía con el Ejecutivo, sobresale con fuerza el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien declaró haber recibido el respaldo del presidente Arévalo para competir. Sin duda, es el aspirante con mayor probabilidad de sustituir a Consuelo Porras.
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Le siguen figuras como el procurador Julio Saavedra y la exfuncionaria de CICIG Gladys Ponce, además de las magistradas Irma Palencia y Blanca Alfaro. Pero el termómetro político marca a Villeda como el candidato casi seguro por su rol en seguridad.
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Su posición dentro del gabinete y la validación presidencial lo colocan en un nivel distinto. ¿Qué toca ahora? La Comisión de Postulación debe evaluar expedientes entre marzo y abril, elaborar la nómina de seis el 20 de abril y remitirla al Ejecutivo para la elección final.
Sí, pero. De los 76 expedientes recibidos por el Ejecutivo para integrar la próxima Corte de Constitucionalidad, el proceso de revisión avanza con señales claras sobre las preferencias del gobierno.
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Alejandro Balsells se perfila como un candidato sólido para ser magistrado titular, dada su cercanía con el presidente Bernardo Arévalo y su rol como asesor clave en temas constitucionales. Como magistrado suplente, las mayores probabilidades recaen en Mynor Melgar, asesor del ministro de Salud y cercano al Movimiento Semilla.
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Sin embargo, la figura de Alexander Aizenstatd emerge con fuerza por su prestigio jurídico; esto lo coloca en un factor que no puede ser ignorado. En menor ventaja quedan Miguel Ángel Gálvez y Stuardo Campo, limitados por sus procesos legales, así como el excanciller Gabriel Orellana.
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Si el Ejecutivo opta por aplicar criterios de paridad en la designación, también entrarían en consideración la exmagistrada María Eugenia Morales y la exprocuradora general Anabella Morfín. Tras recibir los expedientes, el presidente someterá la selección al Consejo de Ministros, pero en el entorno político se percibe que la suerte está prácticamente echada.
En el radar. En el Congreso se multiplican las reuniones y llamadas para negociar los votos rumbo a la elección de los dos magistrados de la CC el 3 de marzo, y aunque Semilla y sus aliados insisten en que no apoyarán a actuales magistrados, todo apunta a que habrá una excepción.
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La fórmula que toma fuerza es la de Rony López Contreras como magistrado titular y David Pineda como suplente, quienes figuran entre los 55 expedientes recibidos, fortaleciendo la percepción de que su postulación avanza con el impulso del oficialismo, liderados por Luis Aguirre de CABAL.
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López cuenta con simpatías del gobierno por sus votos disidentes en casos sensibles, mientras que Pineda allanaría el camino del presidenciable Roberto Arzú, de quien es abogado. La versión de que CABAL y el oficialismo empujan esta dupla circula con fuerza entre operadores legislativos, pese a las negativas públicas del partido.
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A ello se suman las tensiones generadas por rumores de un supuesto aval estadounidense, ya desmentido categóricamente por la Embajada. Con ambos candidatos ya en el tablero, el pulso político se acelera, pero como en política todo es posible, habrá que ver si, pese a las advertencias de Washington, prevalece la idea de que el fin justifica los medios.
Ecos regionales. Tras la misión del 20 de febrero, el FMI pidió al nuevo gobierno de Honduras aplicar en el primer trimestre de 2026 austeridad fiscal, frenar las transferencias del Banco Central, y aprobar leyes antilavado.
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Las reformas energéticas y de contrataciones deben avanzar este año, y el recorte presupuestario de USD 570M se ejecutará durante todo 2026.
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Chiquita Brands retomó en febrero las exportaciones tras reactivar cosechas en enero y proyecta operar a plena capacidad a finales de 2026 tras invertir USD 30M en Panamá.
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Costa Rica denunciará ante Trump el 7 de marzo que el régimen de Nicaragua permite a empresas chinas el robo de oro en Crucitas.
El panorama de quién será el próximo en dirigir el Ministerio Público comienza a despejarse con una claridad poco común en estos procesos.
Qué destacar. Luego de recibir los expedientes, vienen fases decisivas: objeciones, entrevistas y pruebas psicométricas antes de la gradación final.
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Entre los perfiles con sintonía con el Ejecutivo, sobresale con fuerza el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien declaró haber recibido el respaldo del presidente Arévalo para competir. Sin duda, es el aspirante con mayor probabilidad de sustituir a Consuelo Porras.
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Le siguen figuras como el procurador Julio Saavedra y la exfuncionaria de CICIG Gladys Ponce, además de las magistradas Irma Palencia y Blanca Alfaro. Pero el termómetro político marca a Villeda como el candidato casi seguro por su rol en seguridad.
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Su posición dentro del gabinete y la validación presidencial lo colocan en un nivel distinto. ¿Qué toca ahora? La Comisión de Postulación debe evaluar expedientes entre marzo y abril, elaborar la nómina de seis el 20 de abril y remitirla al Ejecutivo para la elección final.
Sí, pero. De los 76 expedientes recibidos por el Ejecutivo para integrar la próxima Corte de Constitucionalidad, el proceso de revisión avanza con señales claras sobre las preferencias del gobierno.
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Alejandro Balsells se perfila como un candidato sólido para ser magistrado titular, dada su cercanía con el presidente Bernardo Arévalo y su rol como asesor clave en temas constitucionales. Como magistrado suplente, las mayores probabilidades recaen en Mynor Melgar, asesor del ministro de Salud y cercano al Movimiento Semilla.
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Sin embargo, la figura de Alexander Aizenstatd emerge con fuerza por su prestigio jurídico; esto lo coloca en un factor que no puede ser ignorado. En menor ventaja quedan Miguel Ángel Gálvez y Stuardo Campo, limitados por sus procesos legales, así como el excanciller Gabriel Orellana.
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Si el Ejecutivo opta por aplicar criterios de paridad en la designación, también entrarían en consideración la exmagistrada María Eugenia Morales y la exprocuradora general Anabella Morfín. Tras recibir los expedientes, el presidente someterá la selección al Consejo de Ministros, pero en el entorno político se percibe que la suerte está prácticamente echada.
En el radar. En el Congreso se multiplican las reuniones y llamadas para negociar los votos rumbo a la elección de los dos magistrados de la CC el 3 de marzo, y aunque Semilla y sus aliados insisten en que no apoyarán a actuales magistrados, todo apunta a que habrá una excepción.
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La fórmula que toma fuerza es la de Rony López Contreras como magistrado titular y David Pineda como suplente, quienes figuran entre los 55 expedientes recibidos, fortaleciendo la percepción de que su postulación avanza con el impulso del oficialismo, liderados por Luis Aguirre de CABAL.
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López cuenta con simpatías del gobierno por sus votos disidentes en casos sensibles, mientras que Pineda allanaría el camino del presidenciable Roberto Arzú, de quien es abogado. La versión de que CABAL y el oficialismo empujan esta dupla circula con fuerza entre operadores legislativos, pese a las negativas públicas del partido.
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A ello se suman las tensiones generadas por rumores de un supuesto aval estadounidense, ya desmentido categóricamente por la Embajada. Con ambos candidatos ya en el tablero, el pulso político se acelera, pero como en política todo es posible, habrá que ver si, pese a las advertencias de Washington, prevalece la idea de que el fin justifica los medios.
Ecos regionales. Tras la misión del 20 de febrero, el FMI pidió al nuevo gobierno de Honduras aplicar en el primer trimestre de 2026 austeridad fiscal, frenar las transferencias del Banco Central, y aprobar leyes antilavado.
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Las reformas energéticas y de contrataciones deben avanzar este año, y el recorte presupuestario de USD 570M se ejecutará durante todo 2026.
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Chiquita Brands retomó en febrero las exportaciones tras reactivar cosechas en enero y proyecta operar a plena capacidad a finales de 2026 tras invertir USD 30M en Panamá.
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Costa Rica denunciará ante Trump el 7 de marzo que el régimen de Nicaragua permite a empresas chinas el robo de oro en Crucitas.
