EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Tras una reelección inconstitucional, la Asamblea Legislativa (AL) salvadoreña ha dado el paso para legitimar la permanencia en el poder de Bukele.
En perspectiva. La AL oficialista aprobó, con 57 de 60 votos, una controversial reforma constitucional que amplía el periodo presidencial —de cinco a seis años—, elimina el balotaje y, sobre todo, habilita la reelección presidencial indefinida. Los diputados de Nuevas Ideas (NI, oficialismo), justificaron la decisión como una medida para darle “poder total al pueblo”.
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La reforma fue aprobada y ratificada por dispensa de trámite, sin debate y un día antes del inicio de las vacaciones agostinas en El Salvador.
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Fue posible gracias a la previa reforma al artículo 248 constitucional, que la bancada de NI aprobó en 2024 para remover el cerrojo que obligaba a que las reformas fueran aprobadas y ratificadas en dos legislaturas distintas.
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Para sus detractores, la reforma ha sido el más importante paso hacia una dictadura; sus seguidores, sin embargo, lo justifican comparándolo con sistemas como el alemán, el francés, el británico o el canadiense.
Cómo funciona. En un sistema presidencialista, el presidente es jefe de Estado y de gobierno, elegido directamente por vía electoral para un mandato fijo. El ejecutivo opera de manera independiente del legislativo, lo que otorga al presidente mayor autonomía. En un sistema parlamentario, el jefe de gobierno (primer ministro) es elegido por el legislativo y depende de su confianza para mantenerse en el cargo. El poder ejecutivo está vinculado al legislativo, mientras que el jefe de Estado (monarca o presidente ceremonial) tiene un rol tradicionalmente simbólico.
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Si bien, es normal que un sistema parlamentario permita la reelección indefinida, esta está condicionada a muchos más frenos y contrapesos que en el presidencialismo.
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En un sistema presidencialista, la reelección depende exclusivamente de la popularidad del candidato. En un sistema parlamentario, depende del desempeño electoral del partido; negociaciones y coaliciones parlamentarias, y de su propio desempeño, ya que el Parlamento puede removerle del cargo mediante mociones de censura.
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Adicionalmente, a diferencia de un presidente, el primer ministro no controla directamente el ejército ni el poder judicial, que suelen estar bajo supervisión parlamentaria.
Lo indispensable. La reelección indefinida es fuente de continuismo y gobernabilidad, lo que supone un caso de éxito cuando el sistema político contempla los frenos y contrapesos necesarios. Ese no es el caso de los sistemas presidencialistas, particularmente en el caso salvadoreño, donde —ahora— el Ejecutivo tiene control absoluto sobre el legislativo, que es meramente un organismo para legitimar formalmente las políticas del presidente.
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Mediante la AL, Bukele ordenó en 2021 la destitución del fiscal general que le investigaba por el pacto con las pandillas, además de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que intentaron limitar los abusos de poder del presidente durante la pandemia.
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Bukele, por lo tanto, tiene control sobre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de haber impuesto también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Ahora qué. En Latinoamérica, solamente otros dos países tienen reelección presidencial indefinida: Venezuela y Nicaragua. En ambos casos, sus ciudadanos han votado por mandatarios a los que luego no han podido sacar del poder, a pesar de su pésimo desempeño y abrumadora impopularidad. Los otros países que la tuvieron anteriormente fueron Ecuador, bajo Rafael Correa, y Bolivia, bajo Evo Morales. En ambos casos, la medida fue revertida por la consolidación autoritaria que facilitó.
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El 70 % de los presidencialismos con reelecciones indefinidas desde 1990 han derivado en democracias iliberales o dictaduras.
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En Latinoamérica, además, el 80 % de los países con reelecciones indefinidas entre el 2000 y 2025 enfrentaron crisis democráticas como resultado de ello.
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El Salvador está lejos de seguir el modelo de Alemania, Francia, Canadá, el Reino Unido y todos los otros sistemas parlamentarios que, a pesar de permitir la reelección indefinida, limitan más el poder del Ejecutivo.
Tras una reelección inconstitucional, la Asamblea Legislativa (AL) salvadoreña ha dado el paso para legitimar la permanencia en el poder de Bukele.
En perspectiva. La AL oficialista aprobó, con 57 de 60 votos, una controversial reforma constitucional que amplía el periodo presidencial —de cinco a seis años—, elimina el balotaje y, sobre todo, habilita la reelección presidencial indefinida. Los diputados de Nuevas Ideas (NI, oficialismo), justificaron la decisión como una medida para darle “poder total al pueblo”.
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La reforma fue aprobada y ratificada por dispensa de trámite, sin debate y un día antes del inicio de las vacaciones agostinas en El Salvador.
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Para sus detractores, la reforma ha sido el más importante paso hacia una dictadura; sus seguidores, sin embargo, lo justifican comparándolo con sistemas como el alemán, el francés, el británico o el canadiense.
Cómo funciona. En un sistema presidencialista, el presidente es jefe de Estado y de gobierno, elegido directamente por vía electoral para un mandato fijo. El ejecutivo opera de manera independiente del legislativo, lo que otorga al presidente mayor autonomía. En un sistema parlamentario, el jefe de gobierno (primer ministro) es elegido por el legislativo y depende de su confianza para mantenerse en el cargo. El poder ejecutivo está vinculado al legislativo, mientras que el jefe de Estado (monarca o presidente ceremonial) tiene un rol tradicionalmente simbólico.
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Si bien, es normal que un sistema parlamentario permita la reelección indefinida, esta está condicionada a muchos más frenos y contrapesos que en el presidencialismo.
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En un sistema presidencialista, la reelección depende exclusivamente de la popularidad del candidato. En un sistema parlamentario, depende del desempeño electoral del partido; negociaciones y coaliciones parlamentarias, y de su propio desempeño, ya que el Parlamento puede removerle del cargo mediante mociones de censura.
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Adicionalmente, a diferencia de un presidente, el primer ministro no controla directamente el ejército ni el poder judicial, que suelen estar bajo supervisión parlamentaria.
Lo indispensable. La reelección indefinida es fuente de continuismo y gobernabilidad, lo que supone un caso de éxito cuando el sistema político contempla los frenos y contrapesos necesarios. Ese no es el caso de los sistemas presidencialistas, particularmente en el caso salvadoreño, donde —ahora— el Ejecutivo tiene control absoluto sobre el legislativo, que es meramente un organismo para legitimar formalmente las políticas del presidente.
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Mediante la AL, Bukele ordenó en 2021 la destitución del fiscal general que le investigaba por el pacto con las pandillas, además de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que intentaron limitar los abusos de poder del presidente durante la pandemia.
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Bukele, por lo tanto, tiene control sobre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de haber impuesto también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Ahora qué. En Latinoamérica, solamente otros dos países tienen reelección presidencial indefinida: Venezuela y Nicaragua. En ambos casos, sus ciudadanos han votado por mandatarios a los que luego no han podido sacar del poder, a pesar de su pésimo desempeño y abrumadora impopularidad. Los otros países que la tuvieron anteriormente fueron Ecuador, bajo Rafael Correa, y Bolivia, bajo Evo Morales. En ambos casos, la medida fue revertida por la consolidación autoritaria que facilitó.
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El 70 % de los presidencialismos con reelecciones indefinidas desde 1990 han derivado en democracias iliberales o dictaduras.
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En Latinoamérica, además, el 80 % de los países con reelecciones indefinidas entre el 2000 y 2025 enfrentaron crisis democráticas como resultado de ello.
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El Salvador está lejos de seguir el modelo de Alemania, Francia, Canadá, el Reino Unido y todos los otros sistemas parlamentarios que, a pesar de permitir la reelección indefinida, limitan más el poder del Ejecutivo.
