Trump y Bukele defendieron que los 261 deportados detenidos en el CECOT eran todos pandilleros, pero la narrativa se empieza a desmoronar.
En perspectiva. Nayib Bukele aprovechó la visita de Rubio a Centroamérica para situarse como el aliado favorito de Trump en la región. El viaje del diplomático culminó en la sorprendente noticia de una nueva línea de negocio estatal: externalizar los servicios penitenciarios de EE. UU. a El Salvador.
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Bukele le ofreció a Trump recibir a deportados de todas las nacionalidades y encarcelar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a aquellos que hubieran cometido crímenes contra EE. UU.
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Para Trump, la oferta fue irrechazable, ofreciéndole la oportunidad de deshacerse de criminales extranjeros, poniendo la mira principalmente en miembros de la MS-13 y el Tren de Aragua.
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A pesar de los retos legales que el propio Trump admitió que podrían presentarse, las deportaciones se han llevado a cabo y, consigo, una serie de irregularidades previsibles.
Por qué importa. Hace tres semanas, el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expedir 261 deportaciones —238 de ellas de venezolanos— a El Salvador. La medida fue criticada, puesto que facilitó, a través de una ley para tiempos de guerra del siglo XVIII, deportaciones sin notificación ni defensa previa.
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Esta semana, Axios reportó que, aproximadamente, un 75 % de los deportados no tienen antecedentes penales.
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La semana pasada, la jueza federal de distrito, Paula Xinis, ordenó retornar a un salvadoreño erróneamente deportado por ser pandillero. El salvadoreño fue acusado, pero estaba bajo protección de ser deportado, ya que no se demostró su afiliación a ninguna pandilla.
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De acuerdo con ambos gobiernos, 101 de los deportados fueron expulsados por medio de leyes migratorias y al menos 50 de los venezolanos no tienen vínculos criminales.
Entre líneas. Se señala, además, el caso particular de Jesús Ríos, deportado y detenido en el CECOT, a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense y de haber permanecido en EE. UU. bajo asilo y trámite residencia permanente.
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Ríos fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua debido a un tatuaje; empero, expertos en dicha organización criminal señalan que sus miembros, a diferencia de los pandilleros salvadoreños, no tienen tatuajes identificativos.
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Los deportados de EE. UU. se suman a una larga lista de detenidos en el CECOT que abogan por su inocencia, pero que, sobre todo, exigen el derecho a juicio del que se les ha privado.
Balance. La Administración Trump parece estar replicando el “modelo Bukele” para combatir el crimen. Las medidas son efectivas, puesto que evitan la ralentización de los contrapesos judiciales.
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A pesar de que muchos de los detenidos en el CECOT son evidentes miembros —o exmiembros— de pandillas, a la fecha no se tiene evidencia de que alguno haya tenido derecho a juicio, debido a la reserva judicial que le permite el régimen de excepción al gobierno salvadoreño.
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Sin garantías judiciales tanto en EE. UU. como en El Salvador, el CECOT seguirá siendo un centro de convivencia entre criminales e inocentes.
Trump y Bukele defendieron que los 261 deportados detenidos en el CECOT eran todos pandilleros, pero la narrativa se empieza a desmoronar.
En perspectiva. Nayib Bukele aprovechó la visita de Rubio a Centroamérica para situarse como el aliado favorito de Trump en la región. El viaje del diplomático culminó en la sorprendente noticia de una nueva línea de negocio estatal: externalizar los servicios penitenciarios de EE. UU. a El Salvador.
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Bukele le ofreció a Trump recibir a deportados de todas las nacionalidades y encarcelar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a aquellos que hubieran cometido crímenes contra EE. UU.
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Para Trump, la oferta fue irrechazable, ofreciéndole la oportunidad de deshacerse de criminales extranjeros, poniendo la mira principalmente en miembros de la MS-13 y el Tren de Aragua.
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A pesar de los retos legales que el propio Trump admitió que podrían presentarse, las deportaciones se han llevado a cabo y, consigo, una serie de irregularidades previsibles.
Por qué importa. Hace tres semanas, el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expedir 261 deportaciones —238 de ellas de venezolanos— a El Salvador. La medida fue criticada, puesto que facilitó, a través de una ley para tiempos de guerra del siglo XVIII, deportaciones sin notificación ni defensa previa.
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Esta semana, Axios reportó que, aproximadamente, un 75 % de los deportados no tienen antecedentes penales.
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La semana pasada, la jueza federal de distrito, Paula Xinis, ordenó retornar a un salvadoreño erróneamente deportado por ser pandillero. El salvadoreño fue acusado, pero estaba bajo protección de ser deportado, ya que no se demostró su afiliación a ninguna pandilla.
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De acuerdo con ambos gobiernos, 101 de los deportados fueron expulsados por medio de leyes migratorias y al menos 50 de los venezolanos no tienen vínculos criminales.
Entre líneas. Se señala, además, el caso particular de Jesús Ríos, deportado y detenido en el CECOT, a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense y de haber permanecido en EE. UU. bajo asilo y trámite residencia permanente.
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Ríos fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua debido a un tatuaje; empero, expertos en dicha organización criminal señalan que sus miembros, a diferencia de los pandilleros salvadoreños, no tienen tatuajes identificativos.
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Los deportados de EE. UU. se suman a una larga lista de detenidos en el CECOT que abogan por su inocencia, pero que, sobre todo, exigen el derecho a juicio del que se les ha privado.
Balance. La Administración Trump parece estar replicando el “modelo Bukele” para combatir el crimen. Las medidas son efectivas, puesto que evitan la ralentización de los contrapesos judiciales.
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A pesar de que muchos de los detenidos en el CECOT son evidentes miembros —o exmiembros— de pandillas, a la fecha no se tiene evidencia de que alguno haya tenido derecho a juicio, debido a la reserva judicial que le permite el régimen de excepción al gobierno salvadoreño.
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Sin garantías judiciales tanto en EE. UU. como en El Salvador, el CECOT seguirá siendo un centro de convivencia entre criminales e inocentes.