EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Durante el Foro 2025: “Propiedad y Desarrollo: Guatemala hacia un país de propietarios”, Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, y Nils Leporowski, presidente de esta entidad, expusieron con claridad la grave crisis institucional que afecta el ejercicio del derecho de propiedad en Guatemala. Aunque la ley reconoce este derecho como fundamental, en la práctica, los propietarios enfrentan obstáculos que lo vuelven inejecutable.
- Cáceres explicó que cuando un ciudadano, aun con una resolución judicial firme, no puede recuperar su inmueble, no estamos ante un vacío legal, sino ante una expropiación de facto. Esta forma moderna de despojo ocurre por omisión del Estado, que no actúa, no compensa y permite que ocupantes ilegales permanezcan por años en tierras ajenas. La propiedad, entonces, deja de existir en la práctica.
- El problema no es la falta de leyes. La Constitución, el Código Penal y el procedimiento de flagrancia ya establecen mecanismos para proteger la propiedad. El problema es que las autoridades no cooperan. Los jueces están saturados de expedientes, las órdenes de desalojo se retrasan, y cuando finalmente se emiten, su ejecución depende de una coordinación institucional casi imposible.
- Si el juez llega tarde, si el Procurador de los Derechos Humanos no se presenta, si la Policía Nacional Civil no tiene suficientes agentes, el desalojo se suspende. “Los astros tienen que alinearse para que un desalojo se logre”, remarcó Leporowski.
Punto de fricción. Además, se exige al propietario proveer transporte, alimentación, albergue y atención médica para desalojar a los ocupantes ilegales.
- Esta carga, según Cáceres, es inmoral y representa una transferencia de responsabilidad del Estado hacia el ciudadano. La confusión entre el desalojo judicial y el desplazamiento forzado interno ha llevado a aplicar medidas humanitarias a quienes cometen delitos, mientras el legítimo propietario queda desprotegido.
- A esta situación se suma una narrativa internacional preocupante. Cáceres alertó sobre el impacto de algunas organizaciones que, en lugar de fortalecer el Estado de derecho, lo erosionan.
- Por ejemplo, el relator especial de la vivienda de Naciones Unidas recomendó una moratoria de desalojos, lo que normaliza la ocupación ilegal, incentiva el despojo y no resuelve los problemas estructurales de propiedad.
Por qué importa. Pero el problema va más allá de la burocracia. Como señaló Leporowski, detrás de muchas usurpaciones hay mafias organizadas que operan como redes criminales.
- Estas estructuras identifican propiedades, falsifican documentos, crean asociaciones ficticias, parcelan terrenos y los venden fraudulentamente. “Es un negocio multimillonario”, afirmó. Los invasores llegan con mapas, títulos falsos y abogados, mientras el propietario legítimo inicia un calvario para demostrar que su propiedad ha sido robada.
- Por esta realidad, el Observatorio propone cinco líneas de acción urgentes: Crear juzgados especializados en usurpación, para evitar que jueces de paz, sin formación específica y expuestos a presiones locales, sean los encargados de ejecutar desalojos y adoptar un protocolo conjunto de ejecución, que unifique criterios entre instituciones y elimine reglas contradictorias que obstaculizan la restitución de la propiedad
- Además, fortalecer la Fiscalía de Usurpación, dotándola de recursos humanos, logísticos y técnicos para atender los más de 2 500 casos anuales, muchos de ellos con alta complejidad, formación técnica para el respeto de garantías, capacitando a todas las entidades involucradas en desalojos para que actúen con eficacia y apego a la ley y aplicación efectiva del concepto de flagrancia, reconociendo que la sola permanencia en un inmueble constituye delito y debe permitir la captura inmediata de los ocupantes ilegales.
En conclusión. “Lo que pedimos al gobierno es simple: que se cumpla la ley”, subrayó Leporowski.
- Sin certeza jurídica, no hay inversión; sin inversión, no hay empleo; y sin empleo, no hay desarrollo, indicaron los representantes del sector privado.
- Guatemala necesita recuperar el Estado de derecho para convertirse en un país de propietarios, donde la libertad, la seguridad y el progreso sean una realidad para todos, subrayó Leporowski
Durante el Foro 2025: “Propiedad y Desarrollo: Guatemala hacia un país de propietarios”, Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos de Propiedad, y Nils Leporowski, presidente de esta entidad, expusieron con claridad la grave crisis institucional que afecta el ejercicio del derecho de propiedad en Guatemala. Aunque la ley reconoce este derecho como fundamental, en la práctica, los propietarios enfrentan obstáculos que lo vuelven inejecutable.
- Cáceres explicó que cuando un ciudadano, aun con una resolución judicial firme, no puede recuperar su inmueble, no estamos ante un vacío legal, sino ante una expropiación de facto. Esta forma moderna de despojo ocurre por omisión del Estado, que no actúa, no compensa y permite que ocupantes ilegales permanezcan por años en tierras ajenas. La propiedad, entonces, deja de existir en la práctica.
- El problema no es la falta de leyes. La Constitución, el Código Penal y el procedimiento de flagrancia ya establecen mecanismos para proteger la propiedad. El problema es que las autoridades no cooperan. Los jueces están saturados de expedientes, las órdenes de desalojo se retrasan, y cuando finalmente se emiten, su ejecución depende de una coordinación institucional casi imposible.
- Si el juez llega tarde, si el Procurador de los Derechos Humanos no se presenta, si la Policía Nacional Civil no tiene suficientes agentes, el desalojo se suspende. “Los astros tienen que alinearse para que un desalojo se logre”, remarcó Leporowski.
Punto de fricción. Además, se exige al propietario proveer transporte, alimentación, albergue y atención médica para desalojar a los ocupantes ilegales.
- Esta carga, según Cáceres, es inmoral y representa una transferencia de responsabilidad del Estado hacia el ciudadano. La confusión entre el desalojo judicial y el desplazamiento forzado interno ha llevado a aplicar medidas humanitarias a quienes cometen delitos, mientras el legítimo propietario queda desprotegido.
- A esta situación se suma una narrativa internacional preocupante. Cáceres alertó sobre el impacto de algunas organizaciones que, en lugar de fortalecer el Estado de derecho, lo erosionan.
- Por ejemplo, el relator especial de la vivienda de Naciones Unidas recomendó una moratoria de desalojos, lo que normaliza la ocupación ilegal, incentiva el despojo y no resuelve los problemas estructurales de propiedad.
Por qué importa. Pero el problema va más allá de la burocracia. Como señaló Leporowski, detrás de muchas usurpaciones hay mafias organizadas que operan como redes criminales.
- Estas estructuras identifican propiedades, falsifican documentos, crean asociaciones ficticias, parcelan terrenos y los venden fraudulentamente. “Es un negocio multimillonario”, afirmó. Los invasores llegan con mapas, títulos falsos y abogados, mientras el propietario legítimo inicia un calvario para demostrar que su propiedad ha sido robada.
- Por esta realidad, el Observatorio propone cinco líneas de acción urgentes: Crear juzgados especializados en usurpación, para evitar que jueces de paz, sin formación específica y expuestos a presiones locales, sean los encargados de ejecutar desalojos y adoptar un protocolo conjunto de ejecución, que unifique criterios entre instituciones y elimine reglas contradictorias que obstaculizan la restitución de la propiedad
- Además, fortalecer la Fiscalía de Usurpación, dotándola de recursos humanos, logísticos y técnicos para atender los más de 2 500 casos anuales, muchos de ellos con alta complejidad, formación técnica para el respeto de garantías, capacitando a todas las entidades involucradas en desalojos para que actúen con eficacia y apego a la ley y aplicación efectiva del concepto de flagrancia, reconociendo que la sola permanencia en un inmueble constituye delito y debe permitir la captura inmediata de los ocupantes ilegales.
En conclusión. “Lo que pedimos al gobierno es simple: que se cumpla la ley”, subrayó Leporowski.
- Sin certeza jurídica, no hay inversión; sin inversión, no hay empleo; y sin empleo, no hay desarrollo, indicaron los representantes del sector privado.
- Guatemala necesita recuperar el Estado de derecho para convertirse en un país de propietarios, donde la libertad, la seguridad y el progreso sean una realidad para todos, subrayó Leporowski
